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Los ingresos del Estado por explotación de oro

El Estado pierde cada año unos mil millones de dólares por el impuesto a las utilidades y la subvención del diésel.
domingo, 16 de mayo de 2021 · 05:00

 Plataforma Ciudadana UNO

La minería sostuvo la economía boliviana desde antes de su creación; por períodos, distintos metales se encontraban en el centro de la actividad extractiva; primero la plata, luego el estaño, después el zinc y, superando a todos, de manera abrupta, el oro como el metal más importante de la minería actual.

En los tres primeros meses de 2021, el valor de las exportaciones de oro llegó a $us 448 millones, cifra cercana a los 490 millones del gas natural; en febrero, el valor de la exportación aurífera superó a la del gas natural (170 millones vs 143). La pandemia ha hecho que la cotización del oro suba vertiginosamente hasta el punto en que, en agosto 2020, batió su récord histórico llegando a más de 2.000 dólares por onza troy. 

El oro es explotado, sobre todo, por cooperativas mineras (más de 1.400 dedicadas a ello en el país, más de 1.200 en el departamento de La Paz) extrayendo unas 40 toneladas de oro por año. La empresa aurífera más grande que tuvimos en Bolivia –Inti Raymi– llegó a extraer 12 toneladas en un año, utilizando tecnología de punta. 

El incremento del contrabando de oro desde 2006 impulsó al gobierno a tomar medidas y el año 2010 tuvimos una instancia de control y seguimiento al flujo de minerales y metales en el territorio, el SENARECOM; la regalía aurífera, que la ley 3787 había fijado en 7% sobre el valor bruto de ventas, fue reducida a 2.5% para operaciones de pequeña escala y que se realicen en yacimientos marginales. Además, se llevaron a cabo varias intervenciones militares en las zonas fronterizas donde se había detectado explotación aurífera por parte de extranjeros. Antes de estas medidas, las cooperativas registraban en total una producción de 6 toneladas anuales. 

La creación de una escala interna dentro de la regalía, destinada a compensar la extracción de oro de un territorio, pretendía favorecer a pequeñas cooperativas y empresas por considerar que no tenían capital para hacer grandes inversiones en equipos, maquinarias y plantas procesadoras; pero las debilidades estatales para controlar todo su territorio propiciaron que operadores que no merecían ese beneficio se aprovecharan de él. 

Esto provocó que al poco tiempo se incremente el registro de oro explotado y, paralelamente, comenzara a incrementarse el número de cooperativas dedicadas a estas operaciones en La Paz, Beni y Santa Cruz 

Por la naturaleza de las cooperativas, muy rápidamente se asoció la escala del 2,5% de regalías a todas ellas, sin mayor control ni revisión y, más del 95% del oro extraído en el país era registrado a nombre de ellas. Así, el metal que debía dejar la mayor compensación a los departamentos se convirtió en el que menos aportaba.

El costo de operación para explotar esa cantidad de oro exportada anualmente es de unos 600 millones de dólares, incluyendo el pago de regalías, costo que varía en función del tipo de yacimiento, uso de maquinaria, costo del mercurio, cantidad de oro que tiene cada tonelada extraída y otros factores propios del operador. Estos 600 millones estimados para el cálculo son una aproximación al promedio de varios costos. La imprecisión es grande, por la imposibilidad de hacer un seguimiento a todas las operaciones, por la irregularidad de algunas de ellas y por el cierre a los accesos de varias.

Según declaración de algunas cooperativas que operan en el río, para extraer 7 g de oro emplean 90 litros de diésel. Esto hace pensar en la inmensa cantidad de combustible subvencionado que se usa en la extracción del oro. Muy difícil precisar a cuánto asciende el monto de la subvención; pero es un beneficio inmerecido, dadas las elevadas cotizaciones del oro en el mercado internacional y lo otros beneficios de los que ya gozan los operadores.

Las cooperativas mineras, según lo establece la ley de minería, están exentas de la alícuota adicional del impuesto a las utilidades de 12,5%; pero, en la realidad, tampoco pagan el 25% que corresponde a toda operación rentable en el país, aunque esto de manera irregular.

Recaudación potencial de  $us 1.000 millones por operaciones auríferas a gran escala.

Para beneficiarse de la regalía pequeña, casi todos los operadores declaran que sus yacimientos son marginales y que sus operaciones son de pequeña escala; pues éstos son los parámetros definidos en la ley para conceder esa ventaja. Para alcanzar las 40 toneladas por año, no es realista pensar que ese oro provenga de yacimientos marginales y que haya sido extraído con operaciones de pequeña escala. 

Diversos testimonios mostraron que hay maquinaria pesada y personal extranjero operando en las zonas auríferas de La Paz, casi siempre en asociación con cooperativas, pese a la prohibición explícita de este tipo de alianzas.

Con la cotización actual en ascenso, esas 40 toneladas reportan unos 2.300 millones de dólares; por tanto, las utilidades ascienden a 1.700 millones de dólares. Tomando en cuenta que la producción tradicional de las cooperativas estaba en un nivel de 6 toneladas anuales, se puede concluir que 34 toneladas corresponden a operaciones de gran escala y que ese nivel de utilidad corresponde a estas últimas.

De esto se concluye que el Estado está perdiendo, cada año, el impuesto de 37,5% a las utilidades sobre 1.700 millones de dólares, es decir, 637,6 millones. Además, esas 34 toneladas de oro deberían pagar una regalía de 7% y no 2,5% del valor bruto de ventas; por tanto, los departamentos no están recibiendo 87 millones de dólares anuales por este concepto. Por estos dos rubros, el Estado está dejando de percibir más de 700 millones de dólares por año.

Si a esto se añade la subvención inmerecida al diésel, el Estado está permitiendo que los productores auríferos retengan unos mil millones de dólares anuales. Un orden de magnitud que haría palidecer por insignificantes a los montos a recaudarse por impuestos a las grandes fortunas y servicios digitales.

Por lo demás, habría que destacar que la mayor parte de estas cooperativas no tiene licencia ambiental y son las que consumen mercurio en grandes cantidades, contaminando enormemente el ecosistema desde los Yungas hasta el Amazonas.

 

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