Matasuegra

Un aplauso para la justicia gringa

Hay suficientes indicios como sentenciar al exministro Murillo a 20 años de prisión, en Bolivia recibiría 8, según el Código Penal.
domingo, 30 de mayo de 2021 · 05:00

Willy Camacho
Escritor

La decepción, la inconformidad y la indignación comenzaron antes, quizá con mayor visibilidad desde el descalabro del TIPNIS, y todo se cristalizó en el referéndum del 21-F. Fue cuando Bolivia dijo: gracias, Evo, pero tomate un descanso, por el bien de todos. Y Evo no hizo caso. Como buen machote, seguro considera que un no es un sí en progreso. O quizá fue la angurria de sus allegados, ya que sin Evo todo su aparato se desmorona.

De una de esas brillantes mentes surgió aquello del derecho humano a repostularse cuantas veces le plazca. Y claro, con dos tercios en el legislativo, podían legalizar cualquier arbitrariedad. Ya habían dado hachazos al tronco democrático, que se mantenía en pie por pura terquedad. El golpe de gracia fue el fraude de las elecciones de 2019, y todo por no aflojar el poder. 

Las elecciones las ganaron, pero no con el suficiente margen como para evitar la segunda vuelta, en la que, según todos (incluidos los masistas) la victoria habría sido de Mesa. Entonces vino el apagón informático en el Tribunal Supremo Electoral y toda la andanada de pruebas –que según los masistas nunca existieron (hasta hoy, sin ruborizarse, dicen que no hubo ni una prueba del fraude)– que terminaron de exacerbar a la ciudadanía. Luego las protestas callejeras, la bronca creciente, los muertos, los abusos y, finalmente la renuncia de la cúpula.

No fue un golpe, como no lo fue la renuncia de Goni en 2003. Sí se podría debatir el tema de la sucesión, pero eso es otro tema, ya que ésta se debía dar, sí o sí, como consecuencia de la renuncia del presidente y vicepresidente de entonces. Con el paso de los meses se sabe mejor qué pasó en esas reuniones en la Universidad Católica, cómo Adriana Salvatierra actuaba guiada por control remoto, cómo dieron su palabra de llevar a cabo una sucesión democrática y pacífica y cómo boicotearon la misma.

Y entonces vino el gobierno de transición, cuyo único mandato era convocar a elecciones. Pero no, también se engolosinaron con el poder y, antes si quiera de que la expresidenta Añez decidiera anunciar su candidatura, en esta columna habíamos criticado la continuidad de la picardía en el ejercicio del poder, cuando Arturo Murillo logró que su hermana fuese nombrada cónsul en Florida. Es que Murillo daba muestras de soberbia, autoritarismo y arbitrariedad desde un inicio; es decir, hacía todo lo que había criticado a las autoridades masistas.

Pero bueno, en términos coloquiales, se puede ser más o menos idiota, siempre y cuando se cumpla el trabajo con eficiencia y honradez. Murillo se quedó en lo primero (el grado que lo califique cada quien). Ya no se puede hablar de persecución política, pues la investigación sobre hechos de corrupción (que implica sobornos y lavado de dinero) han sido investigados por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y hay suficientes indicios como para llevar a Murillo y otras personas ante un juez, quien podría sentenciar al exministro a 20 años de prisión. Mientras tanto, aquí piden a gritos la extradición (¿será que en Bolivia le logran dar siquiera cinco años?), más con intenciones revanchistas que por un sincero deseo de justicia.

Evidentemente, y también ya lo habíamos dicho en este espacio, el gobierno de transición echó por tierra las aspiraciones democráticas de la mayor parte de la ciudadanía. Quisieron instalarse en el poder y cometieron actos de corrupción que cobraron mayor dimensión por el contexto de la pandemia. Pero una cosa es la corrupción y mal manejo de la cosa pública que se dio en es gobierno y otra muy distinta la legítima indignación y movilización ciudadana. 

Ahora, los masistas hablan de golpe, de un gobierno de facto corrupto y se frotan las manos con el anuncio del Departamento de Seguridad estadounidense, y pretenden extender el lodo a una ciudadanía valiente y demócrata que también perdió, y quizá más, con las malas acciones de los exgobernantes.

Hace unos días, EEUU era un país indeseable, pero ahora se acoge de buen agrado una investigación de esa nación. Y está bien, porque, pese a quien le pese, la justicia gringa es ciega, como debería ser toda justicia. No hay amiguitos, no hay ideología compartida, solo hay evidencias, pruebas y debido proceso. Recuerdo que cuando Evo comenzaba su primer mandato, llegaron a Bolivia dos criminales que habían secuestrado y asesinado a la hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Paraguay pidió la extradición, pero nuestra Cancillería negó el pedido, aduciendo que eran refugiados políticos.

Aquí, lo sabemos todos, la justicia la manejan los gobernantes de turno, no hay imparcialidad ni debido proceso. Las pruebas importan poco, pues lo que pesa son las directrices del Ejecutivo. En cambio, en un país plenemaente capitalista, donde hay economía de libre mercado, la justicia debe ser transparente, ya que precisamente la seguridad jurídica es la que garantiza que el libre mercado genere empleo, inversión. Nadie quiere invertir en un país donde cualquier día te pueden extorsionar y obligar a vender tu empresa.

Si hubiera justicia en Bolivia, la investigación de las muertes de Senkata y Sacaba no se limitaría a lo sucedido esos trágicos días, sino a lo que disparó el conflicto. Se investigaría y procesaría a quienes enviaron a ciudadanos a enfrentarse a las fuerzas del orden, a quienes promovieron un enfrentamiento entre civiles, a quienes alentaron la violencia como estrategia para retomar el poder. Claro que quienes dispararon también tienen culpa, pero no son los únicos responsables, y eso, en un juicio justo, saldría a la luz.

Por lo pronto, creo que es mejor que Murillo sea enjuiciado fuera de Bolivia, no solo porque aquí se mezclarían los casos y el proceso estaría contaminado por la injerencia política de los actuales gobernantes, sino porque allá enfrenta una sentencia de hasta 20 años, mientras que, en nuestro país, por ese acto de corrupción apenas llegaría a ser condenado a ocho (según nuestro Código Penal).

Los corruptos, asesinos, pederastas, y demás delincuentes deben ser juzgados y condenados mediante un debido proceso, sin importar su ideología o afiliación política –para ello deberíamos empezar por no designar jueces cuya hoja de vida está manchada no solo por denuncias, sino por evidentes muestras de ineficiencia y desapego al derecho–. La corrupción en el pasado gobierno no fue producto de un golpe, menos de la movilización ciudadana, sino de actos particulares que hallaron el caldo de cultivo ideal en el vacío de poder generado por el pisoteo sistemático al sistema democrático boliviano por parte de los jerarcas del MAS.

Obviamente, lo que cabe es juzgar individualmente a las personas por lo que hicieron, más allá de los contextos; por sus actos y no por su vinculación política. De modo que incluso en el MAS deben estar aplaudiendo la eficiente justicia gringa. Claro, hasta que les toque.

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

13
5