Awqa Pacha

El agronegocio manda, el Gobierno cumple

La política económica del régimen beneficia a la importación de más agrotóxicos con mayor deforestación, sostiene el autor.
domingo, 9 de mayo de 2021 · 05:00

José Luis Saavedra
Profesor de Teoría y Política Poscolonial

En el presente artículo procuramos, por una parte, ensayar una crítica de la reciente abrogación de los decretos transgénicos y, por otra, complementariamente, demostrar que esta abrogación no sólo no afecta, en modo alguno, a la política esencialmente extractivista del régimen masista y tampoco a los intereses del agronegocio, sino que más bien los fortalece.

A escasos dos días de la abrogación de los decretos transgénicos, el gobierno masista, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, dijo que prontamente se reuniría con el sector agroindustrial para hacerles sana sana y obviamente retomar, es decir reponer y –en la medida de lo posible– ampliar el uso de la biotecnología a al menos cinco cultivos transgénicos (cfr. “Gobierno retomará análisis sobre cultivos transgénicos”, Los Tiempos, 25 abril 2021).

Esta oficiosa declaración del ministro Gonzáles nos revela que el régimen masista no tiene, como no tuvo en 15 años de depredadora gestión gubernamental, la más mínima intención de cambiar, ni siquiera de cuestionar el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente (la expresión es del maestro Raúl Prada).

La impostura del MAS no es el único problema, sino también el embuste, la calumnia y por tanto la patraña gubernamental. Para demostrar este aserto, dadas las limitaciones de espacio, voy a limitarme a señalar dos casos en los que insolentemente se ha faltado a la verdad, es decir se ha mentido.

Uno, el presidente Arce, durante el anuncio de la abrogación de los decretos que avalaron el uso de los transgénicos, culpó al gobierno de transición el haber introducido en el país “con un solo decreto, y sin sonrojarse (sic), toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz, en todo”.

Arce olvida, ladinamente (no se me diga que no sabía), que la política transgénica en Bolivia proviene desde el 2005, es decir a partir de los gobiernos de Mesa y Rodríguez. Durante la gestión de Mesa, específicamente el 7 de abril de 2005, se aprobó una resolución tri-ministerial a través de la cual se autorizó la utilización de semillas genéticamente modificadas en y para el cultivo de soya resistente al glifosato. Respaldado en esta resolución, el siguiente gobierno, el de Rodríguez, aprobó el DS 28225, del 1 de julio de 2005, con el que se favorecía y alentaba el uso de transgénicos en el cultivo de la soya.

Dos, en el evento pachamámico, pomposamente denominado “Reencuentro con la pacha”, el ministro del poder popular para las relaciones exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, al hablar de los transgénicos, mintió impunemente al decir  que “fueron permitidos por la dictadura, el gobierno de facto (sic)”. No hay espacio para refutarle y no creo que haga falta (recordemos el mandato bíblico: “no hay que dar margaritas a los cerdos”), bastará con decir que ha sido precisamente el presidente Evo, quien, el 18 de abril de 2019, aprobó el Decreto Supremo 3874, justamente sobre el uso de transgénicos, expresamente prohibidos en y por nuestra Constitución (Art. 255).

Esta política de favorecimiento de los cultivos transgénicos y por tanto de las ganancias y usuras del agronegocio no es algo del pasado, ni corresponde a alguna política más o menos aislada del régimen masista; sino todo lo contrario, corresponde a la estructura estructurante (Bourdieu) de la política económica del gobierno de los movimientos sociales. No tenemos espacio para argumentar este aserto, por ello vamos a circunscribirnos a referir un par de ejemplos relacionados con el proyecto de biodiesel.

La llamada Ley de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal, 1098, del 15 de septiembre de 2018, que comprende el proceso de producción, uso y mezcla de “aditivos verdes” con gasolina y diésel, promulgada por el presidente Evo. Para que no quede duda alguna respecto a quien favorece esta ley, el acto de promulgación de la nueva norma se desarrolló en la planta de la Unión de Agroindustrial de Cañeros (Unagro), ubicada en la localidad de Mineros, en el norte de Santa Cruz. Ahí, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, explicó que la incorporación del etanol a la matriz energética nacional se traduciría en un crecimiento del área cañera cultivada de 150.000 a 305 mil  hectáreas.

Dos, el proyecto considerado “estrella” por el actual gobierno de Arce, es la construcción de la planta de producción de diésel renovable en Santa Cruz (con una inversión inicial de 250 millones de dólares), a partir de aceites vegetales hidrogenados, para ser utilizado como combustible. Se trata pues de biocombustibles, es decir de biodiesel y de etanol. Para ello, según Arce, se va a incluir nuevas áreas agrícolas, que actualmente no se están empleando en la producción de alimentos, para dirigirlas hacia la producción de materia prima, necesaria para el diésel renovable.

La centralidad de estos megaproyectos, en la política económica del régimen, nos demuestra fehacientemente que la derogación de los decretos no afecta al modelo extractivista, sino (por el contrario) el advenimiento de la más salvaje deforestación de los bosques y la depredadora ampliación de la frontera agrícola con el consiguiente y violento impacto en las áreas forestales, la biodiversidad (tierra, agua y aire) y los derechos de los pueblos indígenas y la propia madre tierra.

La política económica del régimen beneficia pues al agronegocio y a la importación de más agrotóxicos, en la medida en que la producción de agrocombustibles requiere expandir en millones de hectáreas la frontera agrícola para producir la soya adicional para la planta de biodiesel. Esto significa mayor deforestación, mayor avasallamiento y tráfico de tierras (como en la Chiquitania) y una serie de impactos ambientales y sociales realmente nefastos. 

Así, el acceso a millones de hectáreas deforestadas e incendiadas implicará –con seguridad– seguir perpetrando más y más ecocidios.

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

55
48