Análisis internacional

Brasil ante amenaza de ruptura democrática

Bolsonaro está probando los límites institucionales de la democracia brasileña, mientras que ésta se muestra cautelosa con sus actitudes.
domingo, 13 de junio de 2021 · 05:00

Sérgio Abranches
 Sociólogo y escritor Latinoamérica21

Brasil vive días trágicos en los que se suceden dramas personales y colectivos en medio de la crisis de la pandemia. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), en marcha en el Senado Federal para investigar la actuación del presidente, ha captado la atención de los brasileños como si se tratara de un reality show. Los testimonios, incluso los mentirosos o contradictorios, describen un gobierno insensible que se negó a acceder a las vacunas y que fomentó el uso de medicamentos ineficaces y peligrosos. Un presidente que repitió una y otra vez ante su séquito de fanáticos que sería necesario permitir el contagio del 70% de la población para detener la pandemia, hasta que las muertes fueron tantas que podría llegar a ser procesado. Los errores y omisiones del gobierno, revelados en la investigación, son suficientes para fundamentar los casos de delito de responsabilidad en el Congreso y de delito común en la Corte Suprema.

El país se encuentra en su peor momento en 150 años. Vive una crisis económica desde 2013. En 2015-2016 atravesó la peor recesión desde 1929 y antes de que la economía se recuperara, la pandemia obligó a interrumpir gran parte de la actividad económica. En 2020 la economía cayó un 4,1%. Y en enero de 2021, alrededor de 27 millones de personas vivían por debajo de la línea de pobreza extrema. 

Los ingresos por trabajo, de acuerdo con la misma fuente, cayeron cerca del 19% en promedio; entre jóvenes, mujeres y negros fue de alrededor del 23%. La inflación acumulada a 12 meses fue del 6,76%, en el primer cuatrimestre de 2021, la más alta desde diciembre de 2016 y las estimaciones indican que va en aumento lo cual podría tener un efecto devastador en la popularidad del presidente.

La desaprobación de Bolsonaro, en alza desde principios de año, alcanzó 45% en mayo de 2021, según Datafolha, y la aprobación sólo 24%. Nunca ha sido más baja. La mayoría, el 58%, ya no lo considera capaz de liderar el país y un presidente impopular paraliza el proceso de toma de decisiones, produciendo estancamiento y crisis.

La pandemia ha sumado un ingrediente explosivo. En junio de 2021 el país cuenta con cerca de 17 millones de infectados y casi medio millón de muertes, con tendencia al alza. Este avance incontrolado de la enfermedad y la insuficiencia del programa de vacunación fue lo que llevó a la convocatoria de la comisión investigadora del Senado. 

Las pruebas documentales y testimonios demostraron el grado de negligencia y negaciónismo del gobierno de Bolsonaro en relación a la pandemia, lo cual provocó la primera gran manifestación desde el inicio de la epidemia pidiendo su destitución. La mayoría de los análisis de los procesos de juicio político consideran que las manifestaciones callejeras son una condición necesaria, aunque no suficiente. Otra condición,   la necesidad de una investigación legislativa, ya se ha producido.

 Varios hechos recientes muestran una politización inusual de oficiales y generales activos y retirados de las tres fuerzas, quienes participan ampliamente en el gobierno de Bolsonaro ocupando ministerios y puestos de segundo y tercer escalafón. En este marco, la negativa del comando del Ejército a sancionar al ex ministro de Salud Eduardo Pazuello, general en activo, por participar en una manifestación política junto a Bolsonaro, ha despertado gran preocupación. 

Pazuello, ahora asesor presidencial en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, podría ser procesado por el Senado por un delito contra la salud pública. Bolsonaro quizás imagina que el episodio de la subordinación del Ejército, aceptando el veto presidencial a un castigo reglamentario, también sirva para intimidar a los senadores. Sin embargo, este cuenta con una minoría en la comisión de investigación y también en el Senado.

Bolsonaro ha convocado manifestaciones como reacción a las investigaciones, a la amenaza que implica el ex presidente Lula a su proyecto de poder y a la pérdida de popularidad. Y así como en otros casos apareció a caballo, como solía hacer Mussolini, en este caso convocó a un desfile de motocicletas, imitando el desfile fascista de la década del 30. La imitación abierta de la estética fascistas no es fortuita, es deliberada. Recientemente, un asesor del gobierno vinculado al presidente y sus hijos hizo un gesto de supremacistas blancos estadounidenses durante una declaración del excanciller Ernesto Araújo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 

Bolsonaro ha invitado al exministro Eduardo Pazuello a acompañarlo en un acto político a sabiendas de que se faltaría el respeto al reglamento disciplinario del ejército y que el comando intentaría sancionarlo. El presidente está probando los límites institucionales de la democracia brasileña, mientras que estas se muestran cautelosa con sus actitudes. Aun así, el CPI ya tiene elementos para denunciar a Bolsonaro, Pazuello y varios otros funcionarios del gobierno por incumplimiento en la peor crisis de salud pública del país, según el presidente y relator de la comisión de investigación.

Se ve una explosiva convergencia de hechos críticos en el país. Son más que perturbadores del orden institucional democrático, son factores desestabilizadores. La creciente indignación popular con el manejo de la pandemia y la crisis económica y social provocan inseguridad colectiva, miedo y reacciones airadas que se ven reflejadas en la presión sobre Bolsonaro en las calles. 

Ante las investigaciones que le pueden llevar ante un juicio político, el presidente ha amenazado en público con decretar el estado de sitio y usar al ejército para garantizar el orden público. La subordinación del mando del Ejército a Bolsonaro, incumpliendo la determinación del regimiento de sancionar los actos de indisciplina y quebrantamiento de la jerarquía implican un nuevo riesgo institucional. 

La jerarquía y la disciplina son reglas de oro que sustentan los pilares de la corporación militar. La aceptación de la ruptura de ambos por parte de un general en activo puede tener un efecto dominó, desencadenando manifestaciones políticas de oficiales y soldados de menor rango, hasta entonces contenidas por estas reglas consideradas irrompibles. 

La politización de los militares plantea un grave riesgo institucional para la democracia. Sólo con su ayuda Bolsonaro podría llevar adelante una transición hacia un régimen autocrático. Esta convergencia de factores de desestabilización político-institucional en un macroambiente de crisis es sumamente peligrosa para la democracia brasileña.

Para complicar aún más el panorama, Bolsonaro muestra indicios cada vez más claros de que puede no aceptar un resultado desfavorable en las elecciones del próximo año y ya ha comenzado, como lo hizo Trump, a difundir sospechas de fraude electoral. Afirma que habría sido elegido en la primera vuelta en 2018 de no haber habido fraude y que se está preparando un nuevo fraude para derrotarlo en 2022. También ha dicho que no aceptará un resultado “sospechoso”.

Sin el apoyo militar Bolsonaro carece de fuerza y solo será un gobernante incidental que llegó al poder en una elección inusual y podría ser destituido en otra inusual elección. La pregunta clave es si los militares le darían el respaldo necesario para anular las elecciones.

 

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