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Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio

A los actos de corrupción y despilfarro se suman errores de las políticas públicas y las malas decisiones de inversión en hidrocarburos.
domingo, 13 de junio de 2021 · 05:00

 Susana Anaya
Plataforma Ciudadana UNO

De la misma forma en que Evo Morales busca imponer un relato sobre “golpe de Estado” que lo habilite para retornar al poder, el presidente Arce pretende fabricar la versión de un “descalabro económico” generado durante los 11 meses del gobierno transitorio que le permita ocultar su mala gestión como exministro de Economía. 

Para deformar la realidad de esta grosera manera no solo hace falta cinismo, es también condición indispensable mantener incólume toda la estructura de magistrados, jueces, fiscales y denunciantes para que escudriñen pecados y culpas a los que participaron, no solamente en el gobierno de transición, sino también en la mesa de diálogo convocada entre el 11 y 12 de noviembre para buscar una salida constitucional a la crisis de 2019. 

No tires piedras si tu techo es de cristal”, dice el refrán, pero si el cristal está blindado por un sistema de justicia sometido a los intereses del partido gobernante, la impunidad es posible para unos y la injusticia es inevitable para los otros.

Sin sangre en la cara, Arce y sus allegados denuncian los daños ocasionados por autoridades y funcionarios de ese periodo transitorio, mientras, libres de control, fiscalización y de la justicia, echan tierra sobre la corrupción, el despilfarro, los elefantes azules, las implicaciones en el narcotráfico, los fraudes y los errores en las políticas públicas del periodo de Morales. No hace falta enumerar los actos de corrupción durante la larga gestión del expresidente Morales, hay listas interminables que circulan en los medios, que involucran miles de millones de dólares y, en los ocho meses del gobierno de Arce, ya han saltado a la luz varios sucesos oscuros. 

A los actos de corrupción y despilfarro se suman errores de las políticas públicas y las malas decisiones de inversión pública que han dado como resultado un notable deterioro de los principales indicadores económicos, pese a un entorno externo favorable en la década anterior. 

En este transcurso, el sector productivo más perjudicado, y con mayores efectos sobre las variables macroeconómicas, es el de hidrocarburos, registrando falta de inversiones en exploración con la consecuente escasez de reservas y caída de la producción de gas y petróleo, y de las exportaciones de gas a partir de 2014. Los desastrosos resultados son consecuencia de políticas tributarias, regímenes contractuales y sistema de precios inadecuados; de un mal diseño de la organización institucional del sector; y de la falta de seguridad jurídica. Es tan evidente esto que el propio ministro de Energía e Hidrocarburos,  Franklin Molina, ha declarado que los resultados no han sido los esperados y que era necesario ser autocríticos: “definitivamente, en los últimos años no tenemos incremento de las reservas, esto nos lleva a repensar todo el marco normativo”.

Las decisiones sobre inversión pública en la “industrialización” del gas natural ameritan una investigación integral e imparcial. Los recursos públicos destinados para este efecto han alcanzado un total de $us 2.156 millones y los proyectos implementados con los mismos se caracterizan por no ser rentables, generar pérdidas al Estado, operar muy por debajo de su capacidad instalada y comprar el gas natural para sus procesos a un precio muy inferior al precio de oportunidad. Casi la totalidad de este monto ha sido absorbida por cuatro proyectos. 

La planta de amoniaco y urea, con un costo de $us 976 millones financiados mediante crédito del BCB a 20 años plazo, cinco años de gracia y una tasa de interés del 0,96%, ha estado parada en varias oportunidades desde su inauguración debido a problemas técnicos,  falta de mercados y precios que no cubren costos,  evacuación y transporte por mala ubicación, y problemas medioambientales y climáticos. 

La planta de Gran Chaco, para la recuperación de líquidos de la corriente de gas que se exporta a Argentina, absorbió $us 695 millones financiados con créditos blandos del BCB y, hasta ahora, solo opera al 35% de su capacidad debido a que los volúmenes de exportación a ese país han sido drásticamente recortados mediante adendas al contrato por falta de producción nacional. Adicionalmente, esta planta no cuenta con la infraestructura adecuada para la evacuación de sus productos y la unidad de detanizado no opera desde su puesta en marcha. 

La planta de gas natural licuado (incluyendo estaciones de regasificación) costó $us 258 millones y funciona cada dos meses por falta de demanda de gas. Por último, la planta de separación de líquidos de Río Grande absorbió $us 156 millones y tuvo como antecedente el proyecto fallido con la empresa Catler Uniservice por $us 86 millones en el marco de un gran escándalo de corrupción en 2009 (que involucró incluso al entonces presidente de YPFB y hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez). 

Esta planta, que extrae líquidos de la corriente de exportación de gas a  Brasil, tiene algunos problemas técnicos pero funciona a plena capacidad. Se invirtió también más de $us  600 millones en la ampliación de las dos refinerías de YPFB Refinación sin tomar en cuenta las proyecciones a la baja de la producción de líquidos en los campos, lo que significa que operan por debajo de su capacidad y generan pérdidas.

Con relación a los casos de corrupción, es pertinente enumerar algunos que salieron a la luz pública, adicionalmente al que ya fue mencionado arriba (Catler Uniservices): la conformación irregular de la sociedad mixta entre YPFB y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA); las graves irregularidades y el tráfico de influencias en la adjudicación a la china CAMC para que construya el tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo para evacuar los productos de la planta de urea; la compra de tres taladros para YPFB; el caso de las “narcocisternas”; y la red de corrupción que operaba en la unidad de Comunicación de YPFB. 

A ello, hay que añadir las comisiones y sobreprecios que generan todas las compras y adquisiciones efectuadas por las entidades públicas del sector y los que quedan ocultos como consecuencia de la complicidad y protección de las instituciones fiscalizadoras.

No hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio.

 

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