Alarma en la comunidad internacional; Bolivia votó contra las sanciones

La ambición de Rosario Murillo, tras la ola de detenciones en Nicaragua

Después de la detención de más de 10 opositores, cuatro de ellos aspirantes a la Presidencia, un analista experto en Centroamérica advierte que la esposa de Ortega, Rosario Murillo, es la que maneja el poder y quiere ser presidenta.
domingo, 20 de junio de 2021 · 05:02

Fernando Chávez Virreira
 Periodista

 

El Gobierno de Nicaragua ha puesto en marcha una ola de arrestos sin precedentes contra al menos 12 líderes opositores, cuatro de ellos aspirantes a la Presidencia, acusados bajo una ley que los cataloga como “traidores de la patria”, en una acción que ha motivado el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, que considera que en esas condiciones no pueden celebrarse en ese país unas elecciones justas y limpias en noviembre próximo.

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

El 13 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación a través de Twitter: “En el marco de la intensificación represiva, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas y cesar los ataques a las libertades públicas y, particularmente, al ejercicio de los derechos políticos en el país”.

El 16 de junio, la OEA condenó la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instó a la comunidad internacional “a unir esfuerzos para detener esta crisis humanitaria a la brevedad”.

La resolución que condena las detenciones de opositores por el gobierno de   Ortega recibió 26 votos a favor de los 34 países que integran la OEA; cinco se abstuvieron (Argentina, México, Honduras, Belize y Dominica), mientras que Bolivia, Granadinas y Nicaragua votaron en contra.

Sobre la posición de Bolivia,  Andrés Guzmán Escobari, analista en relaciones internacionales,    escribió en Twitter: “Es una verdadera vergüenza que Bolivia haya votado en contra de una resolución de la OEA que condenaba los arrestos de opositores en Nicaragua. Si no querían condenar esa terrible violación a los DDHH, debieron haberse abstenido, pero no votar en contra”.

Ramiro Orías, abogado y defensor de derechos humanos,  considera que “la diplomacia de Bolivia está a la deriva, entre el oportunismo ideológico y su rol contradictorio como parte del Consejo de DDHH de la ONU. La Res. 60/251 obliga a sus miembros a aplicar las normas más estrictas en la protección internacional de los derechos humanos”.

 

Las detenciones

Cristiana Chamorro, que lideraba las encuestas de popularidad en el camino hacia la Presidencia, mantiene un arresto domiciliario desde el 2 de junio, acusada por “gestión abusiva, falsedad ideológica, con lavado de dinero, bienes y activos”, en una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios. La opositora es hija de   Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. 

Arturo Cruz fue detenido por presentar “fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. Cruz, reconocido economista y catedrático, permanece en prisión donde según las autoridades estará por 90 días. Fue embajador del gobierno de Ortega en EEUU entre 2007 y 2009.

El politólogo Félix Maradiaga fue detenido tras haber comparecido en una audiencia en la Fiscalía. Su abogado dijo que durante el arresto el opositor fue golpeado, mientras que Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), grabó un video previo a su detención en el que llama a “seguir luchando contra una dictadura criminal” y  dice a su familia: “No se preocupen, voy a estar bien, estoy preparado”.

El gobierno de Ortega se ampara en la  Ley 1055, aprobada en diciembre de 2020, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que castiga con cárcel a las personas que “promueven la intervención extranjera”.

Los otros dirigentes opositores detenidos son:  Dora María Téllez  y Ana Margarita Vigil Guardián, dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos); Suyén Barahona Cuan, presidenta de Unamos;  Hugo Torres, vicepresidente de ese partido; Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller y ahora disidente; José Adán Aguerri, expresidente del Cosep; José Bernard Pallais, exvicecanciller y dirigente de la opositora Coalición Nacional; y Violeta Granera, prima hermana de Aminta Granera, la exjefa de la Policía de Nicaragua.

El último detenido, el jueves 17, es Luis Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua.

El partido Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), denunció que el presidente Daniel Ortega “busca una reelección el próximo noviembre, luego de casi 15 años de mandatos y para ello está llevando a cabo la persecución de cualquier voz disidente. El orteguismo pisotea cada día los derechos humanos constitucionales de todos los nicaragüenses. Todos estamos bajo la amenaza permanente del régimen, con nuestros derechos confiscados y bajo asedio permanente”.

Analistas y juristas consideran que, en todos los casos, se trata de detenciones políticas, sin un proceso judicial y sin pruebas de que los acusados hayan cometido los delitos por los que están imputados.

 

Rosario tras y detrás del poder

Dardo Rodríguez, consultor y analista argentino que radica en Honduras, dijo a Página Siete que estas acciones de Ortega, vistas desde sus opositores, son “un movimiento desesperado por mantener el poder”. “La muerte de Pedro Joaquín Chamorro fue el último grosero error de Somoza que precipitó su caída y el arresto de Cristiana Chamorro puede ser el último gran error del matrimonio Ortega-Murillo”, advierte.

“Se ha desatado una especie de cadena absurda de detenciones que ha alcanzado a los propios compañeros de combate de Ortega”, dice y destaca que lo que ocurre en Nicaragua es que Rosario Murillo, esposa de Ortega y actual vicepresidenta, ha tomado las riendas, aprovechando la enfermedad de su esposo, que padece lupus eritematoso.

“Murillo ha acumulado mucho poder, en parte por su propia fuerza, y en parte porque la enfermedad de Ortega parece haberse agravado. Tiene efectos en el corazón y otros órganos. Esto ha sido tratado siempre como secreto de Estado. Jamás se ha admitido enfermedad alguna en Daniel, pero este tipo de secretos nunca pueden mantenerse como tales durante mucho tiempo”, afirma.

Según su apreciación, “Murillo quiere ser la presidenta, tiene una ambición desmedida, y lo va a lograr. Sabe que si el FSLN gana en noviembre, es muy difícil que Daniel complete el mandato, sea por fallecimiento, sea por incapacidad. Entonces, ella asumiría la Presidencia, desde la cual se haría tan fuerte que  sería imposible para sus opositores echarla del cargo”.

“Creo que se trata de una ofensiva liderada por la vicepresidenta Rosario Murillo, conocida como Chayito, quien no confía en sus propias fuerzas, que son considerables, para obtener un nuevo triunfo en noviembre próximo. Ella ha ido escalando posiciones de poder en el Gobierno desde 2007. Durante sus primeros mandatos, Daniel Ortega la mantuvo a raya, delegándole funciones en los campos social, asistencial, educativo, cultural y otros similares. Retenía para sí mismo ámbitos estratégicos, como la economía, las relaciones internacionales, las obras públicas y los contactos con los líderes opositores”, agrega Rodríguez. 

El analista explica que Ortega logró concretar una alianza con los más altos empresarios, todos ellos miembros del todopoderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Para dar una idea del nivel de esa alianza, Carlos Pellas, el mandamás del grupo familiar, el más fuerte del país, dijo: ‘Nosotros estamos muy conformes con Daniel, él se ocupa de la política y nos deja a nosotros encargarnos de la economía’”.

“Esa alianza parece que se rompió en 2018, con las primeras protestas. Ignoro concretamente el porqué de esa ruptura, y mis contactos en Nicaragua tampoco lo saben a ciencia cierta, aunque arriesgan explicaciones, algunas muy poco creíbles”, señala.

En 2018, el gobierno de Ortega enfrentó la peor ola de protestas en sus tres gestiones consecutivas ante el rechazo a un sistema de reformas en la seguridad social. Tras una ola de protestas que el régimen reprimió con violencia, más de 300 personas murieron y hubo miles de heridos.

“Los altos empresarios llegaron a un punto de inflexión, en el cual ya no podían obtener más prebendas ni influir decididamente sobre un gobierno cuyos funcionarios han ido cayendo en una práctica de corrupción cada vez más despiadada. Asimismo, el creciente poder de Rosario Murillo pudo ser otro factor. Si a Daniel lo toleran, a Chayito la odian. Los empresarios no se andan con vueltas”, dice Rodríguez.

“La inseguridad y ambición del propio régimen, le ha llevado a cometer abusos de todo tipo. La persecución a los líderes de la oposición es una respuesta, no sólo autoritaria sino irreflexiva, que el Gobierno termina aplicando a sus competidores en una suerte de lawfare extreme, modalidad muy difundida entre los gobiernos de América Latina”, concluye el analista.
 

Aspirantes a la presidencia detenidos en Nicaragua

Cristiana Chamorro 

Tiene 67 años y  es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). Se inició en 1979 como reportera del diario La Prensa, uno de los más grandes del país. A los 35 años de edad acabaría siendo su editora. 

Según algunos que  trabajaron en el diario con ella en esos años, “jamás trabajó como reportera, pues sus notas las hacían otros periodistas”.  

El diario estaba dirigido por su madre, Violeta, quien tomó las riendas tras la muerte de su esposo y que años más tarde, en 1990, se convertiría en presidenta de Nicaragua. 

La justicia acusa a Chamorro  por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. Todo ello desde su posición como presidenta de la Fundación Chamorro.

Este fallo judicial se sustenta en el artículo 35 de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Chamorro está con detención domiciliaria.

Arturo José Cruz Sequeira


Nació en Managua el 13 de agosto de 1953. Tiene 67 años.  Militó activamente en las filas de Contra en los años 80. Es hijo de Arturo Cruz Porras (1923-2013), quien fuera funcionario somocista y luego se plegara a la revolución. Cruz Sequeira fue profesor académico del Incae (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) y embajador de Nicaragua en los Estados Unidos durante dos años (2007-2009). Fueron los dos primeros años del regreso al poder a Daniel Ortega. Se trató de un gesto de reconciliación por parte de ambos que no duró mucho.

Desde entonces, acciona en círculos políticos, académicos y empresariales afines a la oposición al gobierno de Ortega. Es uno de los referentes más radicalizados de esos sectores.

Cruz está en la cárcel conocida como “El Chipote”, denunciada como supuesto “centro de torturas” por defensores de los derechos humanos, de acuerdo con la agencia EFE.

Es coautor de Nicaragua: La República Conservadora, Variedades de liberalismo en Centroamérica, entre otras publicaciones.

 

Juan Sebastián Chamorro


 Tiene 50 años. El padre de Chamorro fue el periodista Xavier Chamorro Cardenal, quien fundó el periódico El Nuevo Diario en 1980, como parte de las consecuencias del asesinato de su hermano Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en 1978.

Estudió en la Universidad de San Francisco y se graduó   en  economía. Tiene  una maestría en esa disciplina con mención en políticas sociales en la Universidad de Georgetown. Tras ello, se graduó como doctor en  economía en la Universidad de Wisconsin-Madison, especializándose en econometría. Su tesis trató sobre los derechos de propiedad y su impacto en la economía nicaragüense.

De 2002 a 2006, Chamorro ocupó diferentes roles en la administración del presidente Enrique Bolaños. Fue director general de la Cuenta Reto del Milenio de Nicaragua; viceministro de Hacienda y Crédito Público; secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador del Sistema Nacional de Inversión Pública. Actualmente, Chamorro es director ejecutivo del think tank económico Funides.

 

Félix   Maradiaga Blandón

 Tiene 44 años y es candidato por el bloque Unidad Nacional Azul y Blanco. Es licenciado en ciencias políticas, egresado de University of Mobile, y cuenta con maestría en administración pública de Harvard University. 

En 2007 fundó el Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil, un centro de capacitación de América Central en liderazgo cívico. 

Es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), uno de los principales centros de investigación de América Central. 

 Se le invita frecuentemente como comentarista político en medios de comunicación   como Deustche-Welle, CNN y BBC. 

En 2015 fue nombrado por la revista Forbes como uno de los “25 líderes más influyentes de América Central”. De 2002 a 2006 fue secretario general del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Enrique Bolaños. 

  Maradiaga fue detenido el l8 de junio acusado por el gobierno de Ortega de cometer crímenes y financiar al terrorismo,  y “aplaudir las sanciones”. 
 

 

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