Un bochornoso comienzo

Una gran mayoría de los asambleístas calificaron al gobierno chileno de “inepto” ante la falta de condiciones mínimas para iniciar la redacción de una nueva Constitución.
domingo, 11 de julio de 2021 · 05:00

 Odette Magnet
Periodista y escritora chilena

No fue un buen comienzo. El lunes 5, a las tres de la tarde, debía iniciarse la primera sesión de trabajo, tras la inauguración el día anterior de la Convención Constituyente. Ante la sorpresa de todos, las instalaciones técnicas de las salas del ex Congreso no estaban habilitadas. No funcionaba el audio, ni los computadores ni pantallas ni las cámaras para realizar una sesión telemática conectando las cuatro salas disponibles.  Tampoco había medidas de resguardo sanitario. 

La Moneda los llamaría “errores puntuales”.

Ante el bochornoso episodio, gran parte de la convención calificó de “inepto” al gobierno, encargado de la instalación y funcionamiento de la Convención. Se pidió la renuncia del ministro Juan José Ossa, de la Secretaría General de la Presidencia, la entidad de enlace con la asamblea. El secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina (funcionario de gobierno), puso su renuncia a disposición del Ejecutivo el lunes por la tarde.  La renuncia fue aceptada el miércoles. 

Se acusó al presidente Piñera de evidenciar una escasa voluntad para facilitar el proceso de renovación constitucional que enfrenta el país. Tras reunirse con la mesa constituyente, la presidenta del senado Yasna Provoste dijo que “queremos ser contribuyentes para que la Convención disponga de todas las herramientas que faciliten el diálogo, la deliberación y que podamos contar con una nueva Constitución, para alcanzar no sólo la paz social, sino que también una mejor convivencia desde la plurinacionalidad, la multiculturalidad”.

Red de contención

Días antes, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos en Ginebra, enviaba palabras que sonaron a presagio: “Habrá dificultades y frustraciones, como cada construcción colectiva. Pero también estarán disponibles las herramientas democráticas necesarias para abordar estos retos: la tolerancia, el diálogo respetuoso, la transparencia y la participación activa de la ciudadanía”.

Desde el comienzo, los asambleístas han subrayado la necesidad de actuar bajo un espíritu de acuerdos, tomando en cuenta la diversidad ideológica y cultural de la convención. Y si la asamblea era el espejo de un país profundamente polarizado, se necesitaría el esfuerzo de todos para cumplir con la misión encomendada: redactar una nueva Constitución que reemplazará a la escrita durante la dictadura de Pinochet.

La tensión reinante bajó sólo el miércoles cuando los asambleístas, finalmente, pudieron iniciar su primera reunión en la sede del ex Congreso. En tabla figuraba el tema de la elaboración de un reglamento según el cual se regirán durante el año de mandato, la creación de comisiones de presupuesto, ética y reglamento. Asimismo, se sugería que la mesa directiva se ampliara a siete personas y fuera rotativa. 

El vicepresidente Bassa agradeció la “red de contención” que impidió “la caída libre” de la convención. “Las condiciones no existían, y las hemos levantado prácticamente en 24 horas”, dijo.

Respecto al funcionamiento interno de los constituyentes, Bassa anunció algunas medidas, como el control del presupuesto de la convención, y la suspensión de las licitaciones previas que manejaba el gobierno. Asimismo, instruyó a los constituyentes a que actualizaran su declaración de patrimonios e intereses en un plazo máximo de 30 días.

Nada había sido fácil. La ceremonia inaugural del domingo 4 debió ser suspendida por más de dos horas, debido al actuar de Carabineros frente a un grupo de manifestantes en los alrededores. Las autoridades de gobierno habían dicho que la policía no intervendría si los actos eran pacíficos.

Pero la calma y la cordura se impusieron, y se instalaba la Asamblea Constituyente con sus 155 integrantes de todas las regiones del país (incluidos 17 escaños para los pueblos indígenas). A su término –tienen un plazo máximo de un año– ya habrá un nuevo gobierno en el poder (las elecciones presidenciales son en noviembre próximo). El texto final deberá ser sometido a un plebiscito en el 2022.

Este sueño…

Elisa Loncon (lingüista, activista mapuche) salió electa presidenta de la asamblea con 96 votos y Jaime Bassa (académico, abogado constitucionalista), como vicepresidente con 84 votos. Ambos tienen un nutrido currículum.

En su primera intervención como presidenta de la Asamblea, una emocionada Loncon mostró la bandera mapuche y saludó en mapudungún. “Todos juntos”, dijo, “vamos a refundar este Chile (…) tenemos que ampliar esta democracia”. Ante una audiencia conmovida remató: “Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad”.

En las elecciones de mayo pasado, en las que se eligió a los constituyentes, los representantes de la derecha (por la lista rechazo a una nueva Constitución), sólo obtuvieron 37 escaños de un total de 155, Es decir, no obtuvieron el tercio necesario para vetar o negociar dentro de la Asamblea. Según diversos analistas políticos, su presencia allí será casi irrelevante.

Al menos 77 de los constituyentes –el 50% del total– desean promover políticas públicas que pongan fin al rol subsidiario del Estado y el modelo económico neoliberal. Buscan el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y las mujeres, abolir el sistema privado de pensiones, el derecho a una salud y educación de calidad, el respeto a los derechos humanos, la paridad de género, la no discriminación de las minorías, y regulaciones efectivas del medioambiente.

 

Presos políticos

En una clara estrategia de subrayar su autonomía, los constituyentes de derecha han intentado poner distancia entre ellos y el gobierno de  modo de no aparecer como incondicionales al presidente Piñera. Y al otro extremo, los simpatizantes o militantes de la centro-izquierda, que se han definido como “independientes no neutrales”, dijeron que “no recibirán órdenes de los partidos políticos ni instrucciones de ningún gobierno, parlamentarios o interferencia de cualquier grupo de presión que pretenda instrumentalizar el proceso constituyente”.

Desde el mismo día de la inauguración, un grupo mayoritario de la Asamblea esperaba emitir una declaración sobre los presos de la revuelta social de octubre de 2019, llamados presos políticos. Un tema que, sin duda, será un nudo difícil de desatar dentro de la Asamblea Constituyente. El gobierno y los constituyentes oficialistas han negado sistemáticamente su existencia. 

Más de 11 mil personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas entre octubre de 2019 y marzo de 2020, según el Instituto de Derechos Humanos de Chile. “Es una deuda que tenemos que ser capaces de conversar, de saldar”, dijo Bazza. No todos piensan igual. Los cuatro candidatos presidenciales de la derecha  expresaron que la convención constitucional se estaba “extralimitando”, asumiendo atribuciones que no le correspondían.

El debate recién comienza.

 

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