La cultura de la desvergüenza

La falta de una ética pública alimenta la prepotencia y el abuso de poder

A propósito del último incidente protagonizado por una mujer que dijo ser la “ahijada” del Presidente, sociólogos y analistas ven que esta ausencia de respeto por las normas tiene su origen en la debilidad institucional del Estado y es una constante en toda la historia del país.
domingo, 4 de julio de 2021 · 05:02

Fernando Chávez Virreira
 Periodista

 

Abuso de poder, tráfico de influencias, falta de ética pública, ausencia de decoro y pudor. Falta de reconocimiento del otro. Prepotencia. El último “incidente” de una joven que alegó ser “ahijada” del Presidente para justificar su incumplimiento a las normas para frenar la pandemia es uno más de una larga  historia de abusos que se han dado en Bolivia desde su nacimiento mismo como República, pero que parecen haberse normalizado en 14 años de gobierno de Evo Morales y en los pocos meses que lleva la gestión de Luis Arce.

Andrea Martínez, militante del MAS, fue grabada en estado de ebriedad cuando atacaba a guardias municipales que habían intervenido en un festejo en instalaciones de la Csutcb que vulneraba las normas para contener la propagación del coronavirus.

En un pasado reciente, quizá el caso más impactante de tráfico de influencias fue el escándalo Morales-Zapata, en el que la novia del expresidente logró una adjudicación millonaria de contratos con la empresa china CAMC, a los que nunca hubiese tenido acceso de no ser por esas relaciones de privilegio.

Ejemplos hay por decenas. En 2013, se difundieron unos audiovisuales en los que se observa a un hombre que abusa sexualmente de una mujer del personal de servicio en aparente estado de ebriedad en dependencias de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca. El principal involucrado fue el asambleísta del MAS Domingo Alcibia.

En 2018, en estado de ebriedad, el diputado del MAS Domingo Soto agredió a policías y se desnudó en el aeropuerto de Cochabamba, lo que generó una serie de protestas de la sociedad. Ese mismo año, el teniente de la Policía Juan de Dios Ortiz, responsable de la custodia de la medalla presidencial, asistió a un prostíbulo en El Alto, donde le robaron la joya, que posteriormente apareció en la puerta de una iglesia en San Pedro.

En los últimos días, la hija del expresidente Evo Morales accedió a la vacuna contra la Covid sin tener la edad para hacerlo. 

Cuando asumía el nuevo gobierno de Arce, el vicepresidente David Choquehuanca dijo que “los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas. Ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abusos de poder”.

“El poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de los pueblos. Nuestra revolución es la revolución de las ideas, de equilibrios, porque estamos convencidos de que para transformar la sociedad, el gobierno, las leyes y los sistemas políticos, debemos cambiar como individuos”, anunciaba la segunda autoridad del país al inicio de esta gestión.

Pero esas palabras distan de los hechos. Desde el punto de vista sociológico, analistas coinciden en que esta ausencia de respeto por las normas, que es una constante en la cultura política de muchos países, tiene su base en la debilidad institucional del Estado, situación que se agrava en las democracias jóvenes, inestables y con instituciones débiles.

El sociólogo Franco Gamboa sostiene que el último incidente de “la ahijada”, “es una anécdota más que ha sucedido, lamentablemente, en muchas situaciones históricas” y destaca el pensamiento del famoso politólogo argentino Guillermo O’Donell, quien en su ensayo  A mí qué me importa, argumenta que la política en Latinoamérica está plagada de ínfulas de superioridad y, por lo tanto, de discriminación.

“Los que ejercen cargos públicos en los sistemas democráticos tienden a borrar el ordenamiento legal y el derecho para aprovecharse de las circunstancias. Esto es un lastre o un resabio del pasado autoritario, de la dictadura, de la discriminación racial y social que impera desde la fundación de la República. Es muy antigua esa actitud de abuso”, señala.

Agrega que muchas autoridades reivindican los principios de democracia, igualdad y derecho, “pero si yo llego a ejercer el cargo público, de alguna manera estoy influenciado por esa lamentable tradición autoritaria que existe en el continente y en el país, entonces digo simplemente: ‘¿a mí qué me importa?’. 

“Lo que estamos observando en esas pequeñas situaciones de decir ‘yo soy la ahijada del presidente’, o ‘yo me aprovecho de esta circunstancia’, el uso de influencias, es una actitud antidemocrática que lamentablemente permea la cultura y las actitudes democráticas o las actitudes que agreden la democracia en el país”. 

En su ensayo, O’Donell habla de esas “ínfulas de superioridad” que tiene la gente vinculada al poder y a las relaciones de influencia, en las que, apelando al principio de superioridad, intimida y amenaza si es cuestionada o criticada: “Y tú quién te crees que eres ¿Sabes con quién estás tratando?”.

“Pero si yo le quito el cargo público a ese bravucón, si le quito las relaciones de poder y de influencia, de compadrazgo, y lo convierto en un ciudadano normal, de a pie, que tiene derechos y obligaciones, prácticamente lo desactivo, se convierte en ‘nada’ y será tan vulnerable como cualquier otro ciudadano en una sociedad en la que aún no predominan los valores y las normas democráticas”, dice el sociólogo.

Y agrega que “lo que hace al abuso de poder, al abuso de confianza, a la distorsión de las reglas del juego democrático y aprovecharse de los cargos y de las influencias, es precisamente estar en ese puesto de poder. Cuando las personas están en cargos de poder no es que no están conscientes de lo que hacen, lo contrario, están tan conscientes que se aprovechan”.

Para Gamboa, lo que está fallando es la falta de un mínimo de ética pública. “Todas esas personas que se aprovechan y que tienen discursos contradictorios, que dicen pelear a favor de los pobres, de la izquierda, de la igualdad, lo único que muestran es una doble moral y la carencia de ética pública sobre todo si ejerces el cargo y te aprovechas. Te aprovechas del auto que está a tu disposición, del dinero extra, de la intimidación”.

 

Ausencia de pudor

El politólogo y profesor universitario Gonzalo Rojas destaca por su parte que en un sistema representativo, los cargos electos están cargados de una jerarquía, de una popularidad momentánea que les da el voto, como un “reconocimiento”.

“Ese  cargo viene acompañado de responsabilidades, lo que está ausente en la mente de la gente, pero en la gestión pareciera ser visto como ‘es mi tiempo’, ‘es mi turno’, ‘aquí yo mando’, un sentimiento absolutamente antidemocrático porque es un sentimiento de privilegio”, reflexiona el analista.

“Esta señora que ha reclamado ser ahijada de Presidente (no tenemos la constatación de que lo sea), utiliza ese argumento para reclamar un privilegio. Eso es lo peligroso y lo feo”, destaca y agrega que el mismo término de “dignatario de Estado” implica un sentido de dignidad, de una autoridad que debe ser ejemplar.

“Esa es la manera en que la autoridad se reafirma, no el autoritarismo, pero no encontramos eso. Morales Ayma es un ejemplo claro, es la victimización. Cualquier cosa que hacen que esté reñida con un comportamiento deseable, educado, en lugar de disculparse reconociendo la falta, inmediatamente se victimiza. Hay una poco desarrollada, cuando no nula, capacidad autocrítica de reconocer errores, peor  delitos, como fue el desconocimiento del 21F”, subraya Rojas.

“Hay una marcada ausencia de pudor”, insiste y recuerda que, en el último gobierno de Víctor Paz, uno de sus ministros maltrató a un agente de tránsito. “Paz Estenssoro lo denunció inmediatamente y le pidió su renuncia en el día. Era un varita, casi la más baja gradación en la Policía, y un ministro había sido prepotente con él, creo que hasta le dio un golpe. Pero eso era inadmisible”, recuerda.

El analista destaca, en el caso del festejo en las instalaciones de la Cstucb, que es una institución con una trayectoria interesante, como la COB, de luchas sociales enaltecedoras, pero que hoy están cooptadas por el oficialismo. “Tenemos un núcleo de irradiación de privilegio y así se entienden las dificultades que tienen para adaptarse a un juego democrático, que no sea la concentración de privilegio en unos. El argumento es el pasado: la derecha, ‘los vendepatria’. Los neoliberales también lo hacían, pero con muchísimo más pudor y bastante más restringido”, asevera.

Este contexto nos deja, en la visión de Rojas, el “yo sí puedo, ustedes no”. Consultado sobre si el abuso es inherente a cualquier humano que detenta el poder,  asegura que no. “Hay gente que nos ilumina con su buena conducta, no son una gran mayoría, y por ello los recordamos: Gandhi, Mandela… más allá de las ideologías, había un sentido de decencia, de pudor, de respeto a sus pares”.

“No es tan universal la caraduría, el cinismo abunda y la ausencia de virtudes es lo más común, lo molestoso es que ya es un hábito reiterado en nuestro medio y muy nítido en la era del masismo”, sostiene.

Según Rojas, en el pasado político reciente del país  había un decoro aún dentro de las diferencias políticas. “Los otros son mis conciudadanos, no mis vasallos, por más de que piensen distinto. Es eso lo que no encontramos en el MAS. Al MAS le cuesta el reconocimiento de la legitimidad de los otros, sean opositores o gente que no milita en ningún sindicato. Mientras no seas de los suyos, vales menos, ese es el mensaje del masismo prepotente, del masismo en funciones públicas y en posiciones de poder”.

Pero en los primeros años del MAS no sucedía. Por eso, añade, “el 2005 la mitad del país esperaba un momento de renovación, incluso se hablaba mucho de la reserva moral del país, referida a los indígenas. Tampoco sostengo que son una condensación solo de defectos y manías, por supuesto que no. Pero sí en los que están en funciones de poder, estos que están cerca del círculo de Morales y su gente. Basta ver las opiniones de Quintana sobre lo que no le parece, en un tono despreciativo, no con un lenguaje de debate, sino de descalificación”.

“Eso muestra una enorme pobreza en términos del reconocimiento de otros, que es el elemento central de la democracia en términos éticos y por qué en su momento se apoyó al MAS, porque parecía encarnar una reivindicación de lo popular y de lo indígena, de lo campesino y ahora son todo lo contrario”, concluye.

En su columna habitual en los medios, titulada “En el país de los ahijados”, el periodista y analista Hernán Terrazas cuestiona que “el poder tiene cosas que el ciudadano común desprecia. Que el presidente no viva en la residencia oficial, sino en su departamento privado de Miraflores, y que su comitiva de seguridad sea mucho más reducida que la de Morales, no significa mucho si aparecen casos como el de la ‘ahijada’ rencorosa  que se dedicó a insultar a ‘pititas’ y a jurar venganza contra exautoridades”.

“El problema de fondo es que el Estado es un gran ausente en Bolivia. Si las autoridades no pueden o no quieren dar el ejemplo, es difícil exigir que los ‘ahijados’ o ‘ahijadas’, los dirigentes o funcionarios, lo hagan”.
 

Punto de vista

H. C. F.  Mansilla Filósofo y escritor
 El cinismo como comportamiento consuetudinario 
 

 La prensa y las redes sociales se alarman cada cierto tiempo a causa de algunos actos reiterativos vinculados a las esferas gubernamentales: la concesión de contratos jugosos, pero legalmente dudosos y sinecuras bien rentadas a aquellos que mantienen buenas relaciones con las autoridades del momento, la manipulación de decisiones judiciales para secundar a los amigos y perjudicar a los presuntos adversarios y hasta favores pequeños –como vacunaciones fuera del orden establecido– a personas allegadas a los altos dirigentes políticos. 

   Todo esto no debería extrañarnos. Son prácticas habituales desde los comienzos de la era colonial. El decir esto no legitima de ninguna manera la carencia de principios morales; simplemente nos recuerda lo que la memoria colectiva calla a menudo. 

Casi todos los gobiernos han propiciado esas formas repetitivas de servirse del Estado y de bienes públicos para acrecentar el patrimonio privado. Han sido los regímenes aparentemente radicales y renovadores (en su momento respectivo el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria y el Movimiento al Socialismo) los que han cometido los actos de corrupción más sabrosos financieramente y las peores violaciones al Estado de derecho. 

Y son precisamente estos gobiernos los que, apoyándose en la frágil memoria de la población y en su comprensión deficiente de temas éticos con alcance político-social, los que han dejado una herencia de cinismo disculpable y de impunidad permanente en la cultura política de la nación. 

   Hay, sin embargo, un elemento de esperanza: el creciente nivel educativo de la población y la posibilidad de contactos con un mundo plural y diverso promueven la indignación ética ante los favoritismos de toda clase y despiertan una consciencia social crítica contra la cultura autoritaria todavía predominante. 

Hoy los medios de prensa, con todo derecho, protestan contra una vacunación fuera de las reglas establecidas, pero prácticamente nadie se atrevió durante el primer periodo gubernamental del MNR a mencionar siquiera las vulneraciones del Estado de derecho y la edificación de los campos de concentración en Curahuara de Carangas y Coro Coro.

 

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

28
6