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Tonterías a nombre de la seguridad alimentaria

Prohibir las exportaciones, los impuestos, subsidiar insumos y crear empresas paraestatales son algunas de las medidas incorrectas.
domingo, 8 de agosto de 2021 · 05:00

Gonzalo Flores
Plataforma Ciudadana UNO

Nadie en su sano juicio se negará a que la gente tenga acceso continuo a los alimentos que necesita. Pero, en muchos países y épocas, se ha deducido que los gobiernos son los que tienen que asegurar la seguridad alimentaria, cosa que es falsa, ya que la inmensa mayoría de los alimentos (en volumen y valor) son producidos por pequeños agricultores o por empresas agrícolas.

Hubo muchas razones para que los gobiernos levantaran, ayer y hoy, la bandera de la seguridad alimentaria. 

Ayer, los países europeos, sobre todo los continentales, que pasaron hambre durante la II Guerra y después de ésta, comprendieron que debían asegurar el suministro de alimentos a su población entonces creciente. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón son ejemplos claros de cómo la preocupación por la seguridad alimentaria –muy alentada por poderosos lobbies empresariales– condujo al desarrollo gradual de políticas proteccionistas defensivas, mediante una gran variedad de instrumentos. 

Hoy, muchos gobiernos en América Latina, África y Europa Oriental intentan lograr la seguridad alimentaria nacional, no con la misma fuerza, sino empleando aisladamente instrumentos que favorecerían la seguridad alimentaria. Esperan que su aplicación resulte en más alimentos, pero se equivocan y al hacerlo imponen un alto costo a sus sociedades. He aquí una breve lista de esos instrumentos y del daño que provocan: 

Prohibir las exportaciones de alimentos. Creen que así el alimento permanecerá dentro de sus territorios y será consumido por su población. Se equivocan. La mayor parte del alimento no exportado será transformado en otro producto, o se descompondrá, porque el mercado interno no tiene capacidad de absorberlo.

Poner impuestos a las exportaciones. Otra manera de limitarlas, pero con el propósito de generar un ingreso para el gobierno, que no hizo nada para producir, pero pretende quedarse con una parte del valor generado. Este instrumento es usado ampliamente en África y en Argentina, donde los gobiernos amenazan con estrangular a la actividad empresarial.

Subsidiar insumos. Asumen que si se entrega a los agricultores insumos a costos menores a los del mercado, la producción crecerá “automáticamente”. También se equivocan, porque las evaluaciones han demostrado que, en esos casos, el uso de los insumos tiende a ser one-off, es decir, el insumo donado se usa una sola vez.

Dificultar o prohibir importaciones de alimentos. Lo hacen porque suponen que su ingreso implica una competencia desleal contra los productores. Los instrumentos más usados son: impuestos a la importación (aranceles) y barreras no arancelarias (especialmente sanitarias o disfrazadas de tales y una variedad de estándares). 

Lo que realmente ocurre es que los productos que son producidos en un país a mayores volúmenes y menores costos, pueden venderse a menor precio final, incluso en otro país, y a veces también a pesar de la función del tipo de cambio. En muchos casos, los países que frenan las importaciones tienen monedas apreciadas (que favorecen la importación), de modo que ejecutan políticas contradictorias.

Sostener precios. El gobierno decide asegurar que un alimento tendrá un precio máximo en el mercado y que, en caso de existir tendencia al alza, pagará directamente a los productores la diferencia, protegiendo así a los consumidores. El criterio también puede aplicarse a los insumos que usan los productores, y así se evita que el precio final aumente. 

Crear empresas paraestatales. El gobierno decide crear una empresa paraestatal para producir un alimento. Los ejemplos abundan. Generalmente, las empresas así creadas no son competitivas, no logran cubrir sus costos, no son rentables, son incubadoras de corrupción y no cumplen sus objetivos. Todos los costos son pagados en definitiva por los pagadores de impuestos.

Obligar al sistema financiero a cumplir “metas productivas”. Por ejemplo, a colocar un porcentaje mínimo de sus créditos en actividades agropecuarias o para la producción de un producto específico. Eso obliga a las entidades financieras a alejarse de la colocación óptima de recursos y con frecuencia, a financiar actividades que generan mucho menor valor que otras, que, por no ser alimento, no podrán recibir financiamiento.

Donar tierras. Los gobiernos deciden donar tierras a quienes, presuntamente, producirán alimentos. Grandes empresarios y pequeños agricultores familiares obtienen el acceso a tierras fiscales, que son generalmente tierras forestales (cubiertas por bosques) y las convierten en campos de cultivo. 

La experiencia demuestra que sólo una fracción reducida de estas tierras es usada en forma efectiva para la producción de alimentos, que el negocio principal es la especulación con las tierras y que los daños ambientales (especialmente deforestación y alteración de ecosistemas naturales) son inmensos y a veces irreparables. Una variante es la conservación de sistemas antiguos de propiedad, generalmente colectivos, que impiden las inversiones (incluso de sus propios miembros) y limitan las innovaciones tecnológicas. 

Muchos gobiernos aplican estos instrumentos en forma combinada y con gran entusiasmo. Esperan un gran incremento de la producción de alimentos y una mejora del estado nutricional de la población. Lo que obtienen son costos altísimos, transferencias de bienestar de los pagadores de impuestos a los productores de alimentos, distorsiones en la economía, clientelas políticas e impactos ambientales negativos. Sin embargo, se negarán a aceptar los hechos y a revisar sus políticas.

La agropecuaria, y más específicamente la producción de alimentos, es una actividad donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. Es la actividad que más se acerca a la idea que tienen los economistas de “competencia perfecta”. Por ese motivo, habría que dejar simplemente que funcione sin interferencias.

 

 

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