De lo nacional-popular a lo democrático-ciudadano

Hay tres formas de organización política: una oligárquica, otra de corte popular y la actual, que podríamos llamar democrático-ciudadana, plantea el autor.
domingo, 12 de septiembre de 2021 · 05:00

En un artículo anterior sustento la hipótesis según la cual, el MAS-IPSP cerró el ciclo del Estado del 52. El argumento se basa en el análisis del proceso político nacional iniciado en 1952 y todas las formas políticas que experimentamos hasta el 2019. En esos 67 años vivimos todas las variantes de la política y todas las formas de lo político.

Históricamente, la oligarquía conservadora fue el producto de las reformas liberales que se habían iniciado desde el gobierno de Melgarejo hasta las reformas económicas de 1872, año en que se autoriza la libre exportación de minerales de plata en toda la República. La ausencia de un mercado interno hizo posible que la naciente burguesía nativa de carácter comercial (basada en los artesanos que apoyaban a Belzu) bloqueara las posibilidades de una diversificación del capital y el surgimiento de sectores productivos no mineros o agrícolas.

Sin un mercado interno y en un estado de dependencia casi absoluta a las fuerzas del mercado y el capital extranjero, particularmente chileno e inglés, la oligarquía desarrolló una visión provinciana que, hasta bien entrado el siglo XX, impidió que se expresara como fuerza histórica capaz de proyectar una nación de verdad.  Los artesanos, y con mayor incidencia los campesinos y los sectores indígenas, quedaron resumidos a sectores subsidiarios y el conjunto de la economía se desarrolló en torno a la explotación de la plata y el desarrollo provinciano de grandes haciendas rurales en manos de una oligarquía feudal.

El Estado no representaba los intereses de los ciudadanos, era más bien un producto de casta que en gran medida dependía de las relaciones de parentesco y se fundaba en criterios de estirpe.

Todas las pulsiones que alimentaban el poder oligárquico de los mineros de la plata, tanto como las de la oligarquía del estaño que se impondría desde 1899, se basaba en una estructura de referentes extranjeros que modelarían no solo la concepción del poder, sino, también su propia cultura. Sus hábitos, sus estilos, sus modas, sus creencias, sus maneras de hacer y pensar eran ajenas a la sociedad nacional. El estado oligárquico en su conjunto obedecía casi por completo a las pulsiones externas y se retroalimentaba dentro del pequeño círculo de privilegiados y privilegios que defendían.

Esta compleja estructura de poder podría definirse como un momento en que lo                                nacional-oligárquico expresaba los contenidos históricos de una visión colonial que impuso todas las reglas de la realidad de aquel periodo.

Así como las oligarquías minero feudales actuaban pautadas por una supraestructura afincada en un mundo que no les correspondía, un mundo allende de los mares en las grandes capitales europeas, en Buenos Aires o Santiago, los referentes que alimentaron lo nacional-popular nacían de las entrañas de la sociedad boliviana que comprendió que el origen de sus dolores y las estructuras que impedían su desarrollo, en el marco de un capitalismo propio de la modernidad, eran el producto de la compleja dinámica expresada en la contradicción nación-antinación que el nacionalismo movimientista había identificado como el origen de los males nacionales.

El ciclo nacionalista revolucionario se alimentó de todos los impulsos de la nación y rescató, a su manera, los componentes más profundos de la nacionalidad. Cuando el MNR sostenía que de lo que se trataba era de consolidar el Estado Nacional, estaba hablando de las pulsiones que emergían de las profundidades económicas, políticas, sociales y culturales que definían la naturaleza de la sociedad boliviana fuertemente marcada por el desarrollo de los sectores indígenas y campesinos. Sus referentes estaban al interior de la sociedad que la oligarquía precedente había despreciado.

Históricamente, el Estado Plurinacional del MAS solo fue la expresión final del proceso nacionalista iniciado en 1952. Las pulsiones que lo alimentaban eran las mismas que alimentaron la Revolución Nacional, y que Zavaleta resumió brillantemente en la categoría de lo Nacional-popular. La inclusión real y no meramente formal de indígenas y campesinos fue el leitmotiv del régimen masista, pero no significa que proviniera de otro espacio de Poder social que no fuera el mismo que alimentó al MNR y el Estado del 52. Lo plurinacional se desarrolló al interior del Estado del 52. Son su expresión final.

Si una categoría es una abstracción mediante la cual se organiza la realidad (Aristóteles), la categoría nacional-popular ya no expresa la realidad política, económica, social y cultural de la Bolivia actual. La categoría nacional-popular representaba no solo el tipo de pulsiones que se generaban en el campo popular (en el sentido de ser construcciones elaboradas a partir de los amplios sectores populares que sirvieron de soporte social al nacionalismo revolucionario) sino, además, a las instituciones y organizaciones mediante las cuales estas pulsiones se hacían explícitas.

La COB, los partidos, los sindicatos, las organizaciones campesinas, y otras, constituían el tejido social, es decir, la realidad en que lo nacional-popular adquiría contenidos y forma.

En el momento de la emergencia ciudadana (que se hizo patente durante los conflictos que terminaron con la renuncia y fuga de Evo Morales el 2019) las demandas provenían de un amplio conjunto de organizaciones ciudadanas genéricamente denominadas “plataformas”. Estas organizaciones eran las portadoras de una infinidad de perspectivas y demandas sociales propias de la modernidad tardía en que se desenvuelve el planeta. Demandas económicas, religiosas, culturales, políticas, de género y generacionales, artísticas y en muchos casos solamente como expresiones democráticas en defensa del voto, constituían la base social del movimiento ciudadano que enfrentó el fraude masista.

Las organizaciones populares, trasformadas en entidades corporativas y prebendales como las Bartolinas, el Pacto de Unidad, la COB cooptada por el MAS, o las organizaciones de cocaleros del Chapare participaban en calidad de estructuras corporativas antagónicas al movimiento ciudadano, empero, no eran ya su epicentro, el núcleo de las dinámicas del 2019 era la democracia ciudadana antitética de la democracia popular (o populista) del MAS.

La victoria del movimiento ciudadano que logró evitar el proyecto prorroguista indefinido de Evo Morales fue obra de la nueva sociedad civil, aquella que había nacido de las entrañas del modelo nacional-popular y que ahora emergía como la nueva estructura hegemónica. Bolivia vivía para entonces (2019) una nueva realidad en la que, las energías que la movían provenían no del campo popular, sino, de la nueva sociedad democrática que desde 1982 estructuró lo democrático-ciudadano. La fortaleza del movimiento que terminó con las pretensiones del MAS provenía de una profunda convicción democrática que integraba las demandas de todos los sectores de la ciudadanía nacional y no solo, de aquellas propias del momento constitutivo del ciclo nacionalista revolucionario, y menos aún de su expresión final etnocéntrica y racista.

Se deriva de este argumento que el proceso histórico nacional observamos tres formas de organización política de la realidad. Una de corte oligárquico que cabe en la categoría oligárquico-nacional, otra de corte popular denominada nacional-popular, y la actual, que podríamos denominar democrático-ciudadana.  Se trata de construcciones teóricas que solo pretenden comprender mejor el curso de la historia y que, nos permiten vislumbrar el horizonte futuro de la nación.

 

Renzo Abruzzese  Sociólogo

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