La marcha indígena y los autogoles de Evo Morales (I)

Una burguesía agroindustrial clásica, cocaleros y contrabandistas, y, en especial, una “burguesía burocrática” acabaron erigiéndose como los actores dominantes.
domingo, 26 de septiembre de 2021 · 05:00

Los pueblos indígenas de tierras bajas han posibilitado, con fuerza y convicción, bautizar a Bolivia como un país multicultural y plurilingüe. ¿Lo es? Lo es todavía a pesar de la estrategia de etnocidio gradual que ha puesto en marcha el gobierno de Evo Morales desde 2010. El actual presidente Luis Arce, como pulcro discípulo del líder sindical, continúa esta nefasta política buscando detener la democratizadora marcha indígena de septiembre de 2021.

¿Qué piden estos indígenas? Atención, aunque en verdad no sólo atención. Exigen una pizca de decencia que posibilite visibilizarlos no sólo en festejos patrios, actos políticos publicitarios y/o campañas electorales. Posibilite visibilizarlos en la cotidianidad brutalmente agredida por el “gobierno indígena” del MAS. Explico ello en tres artículos, el primero con el lente puesto en la gestión pública, el segundo centrado en los indígenas en dinámica de permanente movilización y el tercero, como corolario, dedicado a entender la vigencia democrática en Bolivia con los indígenas de tierras bajas como el pilar analítico.

Este primer artículo busca comprender la gestión pública ejercida desde 1990 hasta 2020 en siete goles, de 1990 a 2010, como primer tiempo y en siete autogoles, de 2010 a 2020, como segundo tiempo. ¿Qué vemos en el primer tiempo?

Primer gol: el Convenio 169 fue publicado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. Fue una disposición internacional que reconoció la existencia de 5.000 pueblos indígenas en todo el planeta. Los indígenas fueron reconocidos por una norma internacional, transitando hacia una encomiable “constitucionalización indígena” en América Latina. Este reconocimiento fue ratificado en el país por la Ley 1257 en 1991. Este monumental avance, pues, se bolivianizó.

En 2007 sucedió un evento de similar contundencia: se promulgó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como una herramienta vital en la eliminación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra 370 millones de indígenas. Fue ratificada en Bolivia por la Ley 3760 en 2007.

Segundo gol: en 1992 se promulgó la Ley 1333 de Medio Ambiente que legisla ampliamente sobre quemas, tala de bosques, caza y pesca ilegal, contaminación de aguas. Estipuló sanciones cuando el delito ponía en riesgo de extinción a diversas especies. Los delitos protagonizados por funcionarios públicos adquirieron una doble penalidad. Asimismo, en 1996 se promulgó la Ley Forestal 1700, que tipifica los delitos forestales con penas de privación de libertad. En suma, Bolivia vivió algo inédito. El influjo internacional fue decisivo. Ello no restó mérito a una concepción diferenciada de la realidad que tenía lugar por primera vez. El medio ambiente se convirtió en el eje central de la historia de Bolivia.

Tercer gol: el país promulgó una Constitución en 1994 que reconocía el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia. Fue un avance real, absolutamente imprescindible para dar paso a una realidad socioculturalmente variada. Asimismo, se puso en marcha la Ley de Participación Popular de 1994 con similar propósito. ¿Qué sucedió? Se ruralizó la democracia. La democracia restringida a una geografía territorial urbana pudo extenderse hasta el último confín del país, otorgando recursos, obligaciones administrativas y autoridades electas por primera vez en la historia.

Cuarto gol: en 1996 se promulgó una nueva normativa centrada en visualizar ese inmenso mundo de “tierras bajas” usualmente menospreciado y desconocido. El prejuicio de una Bolivia exclusivamente andina comenzó a resquebrajarse a partir de la dotación de Territorios Comunitarios de Origen a los pueblos indígenas del país.

Ese momento fue histórico. No se trató de un reconocimiento discursivo de la realidad indígena existente. No, ¡se les entregó sus respectivos territorios! ¿Qué podía, pues, significar esta norma? La comprensión de sus formas de vida como “complementos” indispensables en el reconocimiento de etnias indígenas: los araona, chimanes, esse eja, sirionós y un largo etcétera. Recibieron un hogar con “viviendas” plagadas de ríos, bosques y animales silvestres.

Quinto gol: en 2004 se conformó el Pacto de Unidad como el ensamble perfecto de los indígenas de tierras altas con aquellos de tierras bajas. No fue propiamente un avance en la gestión pública, pero tuvo el mérito de condicionar la gestión pública a desarrollarse. ¿Cuál fue su mérito? Poner en una misma bandeja a la Cstucb, a los confederación de interculturales con la Cidob o la Conamaq. No es poco. Simbolizó el engarce de la Revolución del 52 con la Marcha Indígena de 1990.

Los dos avances indígenas más importantes en nuestra historia sólidamente aunados, con la convicción de “indigenizar” la democracia boliviana desde ambos frentes, entendidos como un todo indivisible e inexpugnable. ¿Podía ser igual la gestión pública desde este decisivo instante? No, definitivamente no. Debía ser distinta. Debía ser pluri-indígena. 

Sexto gol: en 2009 ocurre lo que debió haber ocurrido hace cientos de años: la consulta indígena como derecho indispensable para definir el destino de los recursos naturales del país. Un país históricamente extractivista tenía la posibilidad legal de preguntar a las poblaciones indígenas si se debía utilizar las riquezas naturales. ¿Se lo hizo en Uncía, Llallagua, Siglo XX hace ya tantos siglos? No, jamás se lo hizo y estos territorios fueron usados como enclaves económicos de la España de entonces.

Podemos entender lo que ello significa? Vinieron habitantes de otro mundo, se llevaron los recursos naturales a su continente y dejaron miseria a sólo metros de distancia de la mina. Evitar ese perverso desenlace fue el propósito de la consulta indígena. Una bendición democrática a todas luces.

Séptimo gol: la Constitución de 2009 reconoció la posibilidad de contar con gobiernos locales indígenas. Exactamente esa fue la pretensión de las autonomías indígenas: reconocer como gobiernos locales a los diversos pueblos indígenas diseminados por el país. Es vital recordar el libro del profesor jesuita Xavier Albó, Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva Constitución. ¿Qué decía este reconocido estudioso del mundo indígena? La tesis esgrimida en el libro es numéricamente llamativa: Bolivia tendría aproximadamente más de un centenar de autonomías indígenas en poco tiempo. La razón parecía sensata: “en más de 170 municipios se tiene porcentajes de población indígena que rebasan los dos tercios”. Municipios con poblaciones indígenas dominantes era la realidad inobjetable. Ergo: en un breve tiempo, las autonomías indígenas serían el rasgo característico de Bolivia. 

Esta es la realidad que vivió Bolivia de 1990 a 2010. A partir de este año, todo cambió. Y cambió para mal. Veamos los autogoles que tuvieron lugar.

Primer autogol: El Convenio 169 y la Declaración Universal de Pueblos Indígenas se archivó. ¿Por qué? Vale la pena recordar la premisa básica de aquellas disposiciones legales universales: los indígenas pasaron a ser actores centrales en la vida del planeta, ya no sólo como asistentes, ciudadanos de segunda, subhumanos, invitados o lo que supusiese su consuetudinaria subordinación sino como dueños de casa y, en esa condición, poseedores de los recursos naturales.

He ahí el elemento descollante. ¿Qué sucedió? La declaración de Carlos Villegas, expresidente de YPFB, resume la posición gubernamental: “ya no podemos depender de los indígenas para explotar los recursos naturales que benefician y deben hacerlo a todo un país”. ¿Qué significa esta sencilla exposición? Los (derechos) indígenas pueden y deben esperar: ¡nosotros, los elegidos, necesitamos vivir de esta riqueza natural! He ahí la síntesis: Bolivia no produce y, por el contrario, vive de lo que se denomina el extractivismo. ¡Indios de tierras bajas abstenerse! 

Segundo autogol: se pusieron en marcha las leyes del Medio Ambiente o Forestal de la década de los 90. Sin embargo, el talante hiper-extractivista del gobierno del MAS se consolidó echando por la borda estas disposiciones. El Cedib, una organización no gubernamental de indudable calidad técnica, recoge un preocupante dato: hasta 2005 se explotaron casi 3 millones de hectáreas de áreas protegidas y parques naturales. ¿Abuso? Seguro: un delito ambiental incuestionable.

Sin embargo, de 2006 a 2017 se explotaron 28 millones de hectáreas. ¡Casi un 1.000% de crecimiento del avance depredador! ¿Por qué? La búsqueda de recursos naturales: gas, minerales y la gigantesca riqueza del bosque en si misma creció galopantemente poniendo en riesgo a los habitantes indígenas que habitan estos territorios milenariamente.

Tercer autogol: La CPE de 1994 que dio pie al multiculturalismo quedó archivada a causa de su “sesgo decorativo”, lográndose imponer en 2009 una nueva Constitución emanada de las entrañas del gobierno de Evo Morales. ¿Una nueva Constitución a favor de los pueblos indígenas? La respuesta está plenamente detallada en la constatación actual: de 15 a 21 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción. Pero, ¿la Ley de Participación Popular? No existe o existe en agonía. ¿Cómo que no existe?, podría preguntarse algún ciudadano observando que las transferencias fiscales hacia los gobiernos sub-nacionales se triplicaron, cuadriplicaron y quintuplicaron, según la ubicación social de cada gobierno municipal, gracias a la bonanza gasífera vivida por Bolivia de 2004 en adelante.

¡Qué fortuna, qué dicha!, podría insistir ese mismo ciudadano, sin percatarse de lo que tuvo lugar: el copamiento clientelar de estos entes gubernamentales. La lógica fue devastadora: “ya tienen un montón de plata, hagan lo que quieran, aprovechen ese dinero siempre y cuando nos apoyen políticamente”. He ahí la muerte de esta norma de ruralización de la política nacional.

Cuarto autogol: Aún queda la Ley INRA y podemos respirar tranquilos. ¿Sí?, ¿podemos respirar tranquilos? No, el resultado de la repartición de tierras ha persistido en la dualidad latifundio/minifundio sin lograr avanzar hacia una propiedad mediana de la tierra.

El resultado ha sido atroz: como bien argumenta el talentoso investigador del Cedla, Enrique Ormachea, el universo de productores es de 870 mil, de los que 30 poseen el 97% del territorio y los otros 840 mil el 3%. He ahí el retorno de la Bolivia gamonal de siempre.

Quinto autogol: el Pacto de Unidad, en el que confluían dos revoluciones, aquella de 1952 y ésta de 1990, se quebró. De 2011 en adelante las oficinas de Conamaq y Cidob fueron brutalmente avasalladas. Los “mandados” por el gobierno se arrogaron el derecho a representar a estas organizaciones a punta de prebendas.

El Fondo Indígena dejó de transferir recursos hacia estas organizaciones concentrándose sólo en las instituciones leales al gobierno: la Csutcb, los colonizadores e interculturales y/o las Bartolinas. El financiamiento de estas dos organizaciones sobrepasó apenas una quinta parte del total presupuestado y otorgado a solamente un 5% del total de comunidades indígenas y campesinas del país. Los representantes indígenas, pues, fueron seleccionados en base a su lealtad.

Sexto autogol: la consulta indígena fue eliminada o, peor aún fue adulterada. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentaron un informe para verificar la Consulta a Pueblos Indígenas hecha por el gobierno con la finalidad de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (TIPNIS).

¿Qué se pudo constatar? La intervención gubernamental no cumplió los estándares internacionales para la realización de una Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe: “De las 36 comunidades visitadas por la misión de la FIDH y de la APDHB, tan solo 19 manifestaron haber recibido la visita de las brigadas de consulta, 16 la rechazaron y en una comunidad se presentaron contradicciones.

Asimismo, 30 comunidades expresaron su rechazo a la construcción de la carretera, tres la aceptaron de forma condicionada a estudios de impacto, cambios de ruta, apertura de caminos vecinales y limpieza del río para mejorar el transporte fluvial, y otras tres comunidades la aceptaron”.

Séptimo autogol: las autonomías indígenas fueron un fiasco monumental. ¿Cuál fue el problema? La Fundación Tierra advertía sobre dos aspectos dignos de remarcarse. Uno, las autonomías indígenas permitirían utilizar los recursos fiscales como los propios pueblos indígenas lo definan sin necesidad de obtener un expreso consentimiento gubernamental. Dos, los pueblos indígenas ya no tendrían una razón política clara para inscribirse al MAS: podrían candidatear por su cuenta.

¿Qué significa esta doble constatación? Pues que los indígenas no dependían o debían depender ni económica ni políticamente del gobierno del MAS. ¿Qué supuso eso? Boicotear esta enorme reforma de promoción de los derechos indígenas desde el mismo gobierno. ¿Resultado final? Charagua, Rajay Pampa, San Pedro de Totora lograron convertirse en autonomías indígenas. Son poco menos del 1% del total de gobiernos locales existentes.

Conclusión

¿Qué significa este pavoroso retroceso del mundo indígena? Una reestructuración del bloque de vencedores y vencidos. De 1990 a 2005 la estructura de poder tenía al gobierno nacional, la cooperación internacional, los empresarios, los sindicatos, los pueblos indígenas como actores centrales en el espacio hegemónico de poder. Los cocaleros y los grupos ilegales ligados al narcotráfico quedaban por detrás. ¿Qué sucedió de 2006 en adelante? El gobierno, junto a los cocaleros y a los sindicatos (cooperativistas mineros, gremialistas, sindicatos fabriles, sectores informales) encabezaron la nueva estructura de poder.

El auge económico permitió que la cooperación internacional quedara eliminada del sitial privilegiado de poder. A su vez, la hegemonía compacta cocalera/sindical relegó a los indígenas de tierras bajas de este privilegiado espacio. ¿Quiénes ascendieron y estatizaron su actuación? Aquellos actores ligados al narcotráfico y los narcotraficantes “estatizados”.

¿Síntesis? Una burguesía agroindustrial clásica, actores ilegales como cocaleros y contrabandistas, un capital transnacional decisivo y, en especial, una “burguesía burocrática” acabaron erigiéndose como los actores dominantes.

He ahí los 7 auto-golazos inclementes y anti-indígenas.

 

Diego Ayo / Politólogo

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