Datos crudos frente a rezos hipócritas

domingo, 9 de enero de 2022 · 05:00

Danitza Luna

En Bolivia, más de 100 adolescentes y niñas, al menos, son embarazadas cada día; de ellas, al menos seis son menores de 13 años, según datos de la Casa de la Mujer, es decir, al menos 40 mil embarazos solo en 2020, y en ningún caso, en especial de niñas, esos embarazos son deseados.

Pero para la Conferencia Episcopal Boliviana, o sea la Iglesia católica, y su aparato de acción, disfrazado de sociedad civil, esos embarazos, incluso si son producto de violación, deben continuar sí o sí, porque “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas”, incluso si su deseo de forzar la maternidad en una niña violada esté en contra de la CPE, boliviana y laica, y la declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que define el embarazo infantil como una forma de tortura.

Ante la flagrante intromisión delictiva de la Iglesia católica en Bolivia, en el caso específico de la niña violada en Yapacani, quisieron lavarse la sotana ofreciendo públicamente “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurándole el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”. ¿Es sostenible este tipo de “solución”? ¿O es más bien una excusa para lavar el acto delictivo de intromisión que tramaron contra una niña violada?

Hay otras cifras interesantes en cuanto a las y los médicos, y su papel en casos como estos. Según una investigación de la Defensoría del Pueblo, de septiembre de 2020, “solo el 8% de 277 prestadores en salud, en 44 centros a nivel nacional, que fueron consultados, conocía en qué casos procede la interrupción legal del embarazo”, es decir que solo 22 sanitarios tenían consciencia de cuándo es legal un aborto. Esto no implica que esos pocos estén dispuestos a cumplir con la ley por encima de sus prejuicios morales o creencias particulares, y peor aún en el caso de los otros sanitarios ignorantes de la norma.

La aparente dicotomía religión-conocimiento, en este caso, no es tan cierta. No es un dato casual que la doble violación a los derechos de una niña violada se haya dado en una junta médica entre jefes doctores y jefes del Arzobispado, ya que el propio gremio médico en Bolivia continua muy atravesado por un conservadurismo patriarcal jerárquico y de clase muy fuerte, e identificado con los valores jerárquicos patriarcales del clero.

Esas intromisiones y negociaciones de la Iglesia católica y su afán contra el aborto y contra los cuerpos y vidas de las mujeres y niñas, como muchos ya han analizado, son un suicidio de la legitimidad de su propia institución. Mueven todo su aparato y se interesan mediáticamente en un caso de violación de una niña, solo cuando hay un posible aborto de por medio, pero cuando el sacerdote Eulalio M., violó a una niña de 10 años en el municipio cruceño de San Matías, en diciembre del 2020, sus acciones no fueron para nada las mismas.

 

Danitza Luna / integrante de Mujeres Creando

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