Ministerio de Economía y Finanzas

Aclaraciones sobre el sistema de pensiones

Los límites solidarios aumentaron las pensiones de los jubilados, lo que demuestra que existeron mejoras, dice esta aclaración institucional.

Ideas
Redacción Diario Página Siete
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La Paz - domingo, 15 de mayo de 2022 - 5:00

Ante nuevas publicaciones que tienen el objetivo de desacreditar los logros obtenidos por la Ley 065 de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, y dañar la imagen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, esta cartera de Estado tiene la responsabilidad de efectuar las siguientes aclaraciones:

La Ley N 1732 impuso en el sistema de pensiones boliviano un sistema de capitalización individual en 1997 como consecuencia de la quiebra del sistema de reparto; resultado de ello es que el trabajador es la única persona que financia su jubilación mediante el pago de aportes mensuales a su cuenta personal previsional en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

En dicha cuenta se acumula el capital y los rendimientos generados, mismos que cuando el asegurado decide jubilarse, al cumplimiento de requisitos, conforman la fracción de saldo acumulado (FSA), el cual es el único componente que financiaba la jubilación en el sistema de pensiones anterior (exceptuando la compensación de cotizaciones proveniente del Estado). Cabe señalar que alrededor del 80% de los 29.745 jubilados a diciembre 2010 percibían pensiones por debajo del 20% de su promedio salarial.

El sistema integral de pensiones (SIP) incorporó el principio de solidaridad con el objetivo de mejorar la jubilación, a través de la pensión solidaria de vejez (PSV) financiada con recursos del fondo solidario. Dicho fondo está compuesto por los aportes solidarios de todos los asegurados y empleadores del SIP.

Si como resultado del saldo acumulado del trabajador, la FSA fuera baja, la fracción solidaria mejorará la pensión de jubilación del asegurado, previo cumplimiento de requisitos, considerando la cantidad de años aportados y el promedio salarial de los 24 últimos periodos. En este sentido, la fracción solidaria aumenta la pensión que obtendría el asegurado solo con la FSA, existiendo casos donde hasta se duplicó el monto percibido con recursos del saldo acumulado del trabajador.

Es preciso subrayar que la FSA de una pensión de jubilación, se actualiza en función al precio de la unidad de vejez, misma que considera la mortalidad de los asegurados jubilados más sus derechohabientes y la rentabilidad del fondo de vejez; este criterio es utilizado en todos los sistemas de pensiones en base a la capitalización individual, a fin de que los fondos de pensiones sean sostenibles en el tiempo.

Sobre el tema de que no hubo mejoras a las pensiones de jubilación, la actual Ley de Pensiones establece que los límites solidarios, mínimos y máximos, de la PSV podrán ser actualizados cada cinco (5) años; es decir, que sus actualizaciones debieron ocurrir en 2015, 2020, 2025 (...) y así sucesivamente.

Pese a lo dispuesto, los límites solidarios fueron modificados antes del tiempo establecido en dos (2) oportunidades, mediante Leyes 430 (2013) y 985 (2017), aumentando las pensiones solidarias de los jubilados en curso de pago (de ese momento) y de los asegurados que accederían a una PSV que cumplieron requisitos, demostrando efectivamente que sí existió mejoras a las jubilaciones.

Además del principio de solidaridad, la ley establece, entre otros (universalidad, equidad, etcétera), el principio de economía, el cual establece que los recursos del SIP deben ser administrados por una gestión efectiva, racional y prudente, manteniendo un equilibrio actuarial y financiero necesario para otorgar las prestaciones y beneficios de la seguridad social de largo plazo velando la sostenibilidad de cada uno de los fondos que componen el SIP, en el marco de la integralidad de todos los principios del SIP.

Corresponde resaltar, que el Estado es el mayor aportante a la seguridad social de largo plazo, a través del pago de las contribuciones como empleador (aporte patronal solidario y prima de riesgo profesional); de las rentas del sistema de reparto y la compensación de cotizaciones mensual; y la renta dignidad. El pensar que toda esta erogación de recursos ($us 1.930 millones anuales) es un absurdo, solo demuestra el desconocimiento que se tiene en materia económica y el poco compromiso social hacia la población boliviana.

Sobre el mercado de valores, señalar que la Bolsa Boliviana de Valores es una entidad privada, libre de emitir la reglamentación que vea conveniente para modernizar y gestionar los títulos valores que ofrecen y adquieren las empresas de distintos sectores, por lo que es una atribución exclusiva de dicha entidad su administración.

El Estado es el encargado de emitir disposiciones normativas relacionadas con el sistema de pensiones, sin embargo, las AFP tienen la entera responsabilidad de la administración de los aportes de los trabajadores y efectuar las inversiones con esos recursos, debiendo ser su prioridad obtener rendimientos que mejoren el capital acumulado del asegurado.

El Gobierno no tiene la potestad de involucrarse en el manejo de las inversiones que son efectuadas por las AFP, no ejerce ninguna coerción para que éstas puedan invertir en un sector específico, por lo que corresponde desmentir las opiniones que indican que el Estado absorbe u obliga a que las inversiones del SIP sean estatales.

Finalmente, corresponde informar que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se encuentra en constante seguimiento y evaluación de los indicadores del SIP, gestionando acciones que permitan mejorar sus prestaciones y beneficios, a través de la implementación de medidas y normativas que mejoren la seguridad social de largo plazo, como se ha venido realizando a lo largo de más de 11 años de vigencia de la Ley 065 de Pensiones.

“Corresponde resaltar que el Estado es el mayor aportante a la seguridad social a través del pago de las contribuciones como empleador”.
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