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Bolivia y el Acuerdo de París: radiografía de un sinsentido

Las Contribuciones Nacionalmente Decididas en cuanto a agua, bosques y agropecuaria no tratan adecuadamente ni la mitigación ni la adaptación al cambio climático, dice este análisis.

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La Paz - domingo, 31 de julio de 2022 - 5:00

El gobierno del MAS ha presentado las Contribuciones Nacionalmente Decididas (CND) a nombre de Bolivia en cumplimiento del Acuerdo de París. Las normas otorgan flexibilidad a la formulación de las CND, pero éstas deben contener especialmente una contribución a la mitigación del cambio climático, y pueden referirse a la adaptación al cambio climático, finanzas, desarrollo y transferencia de tecnología; construcción de capacidades y transparencia. La propuesta del gobierno del MAS está muy mal confeccionada y no contribuirá ni a reducir las emisiones de GEI que genera Bolivia, ni a mejorar nuestro manejo del medio ambiente.

Tengo dos objeciones a este documento. En primer lugar, se pierde en una serie de consideraciones ideológicas y doctrinarias que no tienen nada que ver con el fondo del asunto. El lector puede imaginar una larga colección de condenas al capitalismo y a los mercados de carbono, y referencias vagas al cosmocentrismo, el vivir bien, la Madre Tierra y los movimientos sociales. En segundo, la mayoría de las 30 metas que plantea tienen fallas en la línea de base, en la meta misma, en su factibilidad, o en su consistencia y coherencia con las políticas actuales. Discutiré sólo algunas (todas están fijadas para 2030).

Bosques: El documento propone reducir al 80% la deforestación, es decir, bajarla hasta que se deforesten “sólo” 210.294 hectáreas por año. Este nivel es absolutamente inaceptable porque implica una destrucción de los bosques en pocos decenios. También propone duplicar las áreas bajo manejo “integral y sustentable” de bosques, pero las cifras del gobierno no cuadran (según el INE, en 2020 se tenía 98.000 hectáreas manejadas; según la ABT, 1.427.754. hectáreas). Por consiguiente, una cifra es falsa, o las dos son falsas.

En materia de forestación, el documento propone plantar con árboles un millón de hectáreas, pero la capacidad de plantación del país no es más de 10 mil hectáreas al año. ¿Cómo podría el país cumplir esa meta tan ambiciosa en sólo ocho años?

Como conclusión de este apartado puedo decir que los bosques no serán mejor conservados ni mejor manejados con buenas intenciones, sino con medidas técnicas, administrativas y financieras que emanen de la experiencia.

Agua: El documento tiene varias metas curiosas. Una de ellas es que el manejo “integral” de cuencas alcance 12 millones de hectáreas. En el mejor de los casos, de 2007 a 2021, el gobierno ha logrado 5.591 hectáreas. Con esas capacidades, llegar a 12 millones de hectáreas en sólo ocho años es físicamente imposible.

Además, el gobierno ha invertido Bs 1.665 millones para producir 5.591 hectáreas manejadas, es decir, un costo promedio de Bs 297.800 por hectárea. Con ese promedio, para manejar 12 millones de hectáreas, Bolivia necesitaría Bs 3.573.600.429.261, o sea, $us 513.448.337.538 (quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones de dólares, y algo más). El lector puede reír o llorar, como prefiera.

Agropecuario: El documento no contiene medidas ni para mitigación de la emisión de GEI, ni para adaptación al cambio climático. Una meta propone completar el saneamiento de la propiedad agraria, con por lo menos el 43% de derecho propietario de la tierra para las mujeres. Ignora que desde la Ley 3545 se ha emitido regularmente títulos a favor de éstas, que ya llegan al 45% del total de títulos emitidos.

Otra meta propone recuperar e incrementar al menos 725.000 hectáreas de suelos degradados para la producción de alimentos. No considera que el PDES ya 2016-2020 planteó recuperar 500 mil ha de suelos deteriorados y degradados y no lo logró.

La meta 29 propone incrementar la producción de los cultivos estratégicos en un 70%. Asume que Bolivia produce 20,1 millones de toneladas de alimentos. La meta implica incrementar la producción hasta 34 millones de toneladas, lo que significa crecer a un promedio de 1,5 millones de toneladas por año. Pero el crecimiento promedio desde 2006 ha sido de sólo 0,5 millones de toneladas al año, lo que quiere decir que Bolivia tendría que multiplicar su producción anual promedio actual por un factor de 2,66, nivel claramente no alcanzable, por las restricciones de tierra, tecnología y las restricciones a los emprendimientos agrícolas, especialmente en la zona tradicional del país.

La meta 30 propone incrementar en 60% el rendimiento promedio de los cultivos estratégicos a nivel nacional. Es inadecuado hablar del “rendimiento promedio” de los cultivos, pero si por simple juego mental calculáramos el “promedio” de los rendimientos de los cultivos, encontraríamos que el “promedio” boliviano es de 5,09 tn/ha, y no 7,6 como pretende el gobierno. El gobierno quiere que la línea base (supuestamente 7,6 tn/ha) se incremente en 60%, es decir, que llegue a 12,16 tn/ha. Ese incremento nos arrojaría un volumen de producto igual a 47 millones de toneladas. Y ese volumen no es consistente con el volumen de la meta 29 (34 millones por año). ¿Cuál meta está mal? ¡Las dos! Porque productividad y producción son dos caras de la misma moneda.

El documento se pierde también al introducir cuatro “números índice” de escaso valor e incumple los requisitos ICTU (información, claridad, transparencia y entendimiento), temas que interesarán más al especialista.

En breve: El gobierno del MAS insiste en ir por la vía de no mercado, pero no logra poner en evidencia los beneficios que generaría su opción cuestionable. La CND de Bolivia no trata adecuadamente ni la mitigación ni la adaptación al cambio climático. Contiene demasiadas metas, que son contradictorias, poco fundadas o no alcanzables.

El documento no integra la CND en los mecanismos regulares de planificación y asignación de recursos. No contiene ninguna indicación concreta de cómo se monitoreará el progreso en cada una de las 32 metas. Por consiguiente, es inevitable concluir que estamos ante un documento puramente declarativo, que no generará ni conservación ni beneficios tangibles. Eso sí, los gurús viajarán mucho y los burócratas trabajarán hasta muy tarde.

“El documento no integra la CND en los mecanismos regulares de planificación y asignación de recursos y no contiene ninguna indicación concreta”.

Gonzalo Flores / Plataforma Ciudadana UNO

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