Citaciones y periodistas “testigos”: el acoso y amedrentamiento a la prensa continúa

La libertad de expresión y los derechos de los periodistas están otra vez bajo amenaza con los últimos casos de convocatorias a trabajadores de la prensa para que declaren como testigos y para que revelen sus fuentes, en un intento de las autoridades por amedrentar el trabajo de los comunicadores.

Recientemente, un fiscal de Yacuiba ordenó, a solicitud del alcalde de ese municipio (Carlos Bru, del MAS), al periodista Roberto Puma presentarse ante un juez para revelar la fuente de un reportaje que hizo sobre el mal estado del desayuno escolar.

Y en Cochabamba, la Fiscalía citó al periodista Martín Colque para que declare como testigo de los sucesos violentos del 15 noviembre de 2019, registrados en la localidad de Huayllani, bajo amenaza de aprehensión, aunque esta semana retrocedió en su decisión.

Estos dos hechos se suman a recurrentes acciones de autoridades del Estado contra la libertad de prensa. Otro fiscal presentó acusación contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. por, supuestamente, haber contratado al comunicador Pablo Llanos con un salario mayor al que le correspondía, cuando ambos se desempeñaban en la red Bolivia Tv durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

En 2014, un juzgado dispuso, a pedido del procurador de aquel entonces, Héctor Arce Zaconeta, el levantamiento del secreto de fuente e instruyó a Ricardo Aguilar (periodista ya fallecido) “revelar en el plazo de tres días los nombres de quienes le dieron información reservada sobre la demanda marítima boliviana en La Haya”.

Ejemplos hay muchos. Entre enero y agosto de 2022 se registraron 107 vulneraciones a la libertad de prensa, según datos recogidos por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.

El periodista y abogado Andrés Gómez Vela reflexiona y se pregunta: “¿Por qué un periodista debe mantener el secreto de fuente? No sólo porque el artículo 130.II de la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Imprenta garantizan este derecho-deber del periodista, sino por las graves consecuencias que puede generar para la sociedad democrática revelar fuentes”. Entre esas consecuencias señala que no habría periodismo de investigación y sin periodismo de investigación muchos casos de corrupción nunca serían conocidos.

“Convocar a un periodista como testigo de cargo tiene un efecto amedrentador, porque la próxima vez cualquier periodista lo pensará dos veces antes de ir a cubrir un hecho de esa naturaleza. Tiene un efecto inhibitorio, porque el periodista no divulgará la noticia de interés público por miedo a ser convocado como testigo de cargo y el efecto material será la autocensura, que limita la libertad de expresión e impide someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico o rayen en la violación a los derechos humanos”, afirma.

Recuerda que en su informe de 2012 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas se refirió a que las personas que desarrollan una actividad periodística “observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a ésta en su conjunto”.

“Eso implica que convocar a un periodista como testigo de cargo de un hecho público interfiere con la función periodística descrita y obstruye inevitablemente con el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva. En consecuencia, el principal afectado será la sociedad”, opina.

Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, recuerda que la libertad de expresión y de prensa está garantizada en los artículos 19 de la Declaración de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y que los periodistas bolivianos tienen nuestra propia ley en vigencia, como expresamente lo cita la última parte del art.107 de la CPE y la Ley de Imprenta.

“El secreto en materia de imprenta es inviolable, lo que de ninguna manera significa que seamos impunes o todopoderosos, sino que la esencia de nuestro trabajo es, primero ser la bisagra entre el pueblo y la opinión pública que acude a nosotros con toda confianza y, segundo, ser los fiscalizadores del trabajo de las autoridades, todo enmarcado en lo que dice el primer artículo de nuestro Estatuto: el periodismo es una profesión de servicio a la sociedad, posee el atributo de la fe pública y su ejercicio está garantizado por las normas nacionales e internacionales”.

“Ésa es la verdad histórica de los hechos sobre el ejercicio del periodismo y quienes quieran vulnerar esos principios tienen otras intenciones, de modo que deben dejar de perseguirnos y amedrentarnos abiertamente, tal vez obedeciendo oscuros intereses, pues el mandato de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, que permite a los individuos y grupos disfrutar de otros derechos humanos y libertades”, denuncia.

Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, considera que éstas son señale preocupantes, que se use a los fiscales para revelar las fuentes, se puede considerar como una presión y acoso a los medios y a los periodistas.

“También tenemos que recordar que otros colegas que trabajaron en el Canal 7 durante el gobierno transitorio, que por haber cometido errores administrativos también han sido convocados por la Fiscalía y ahora están acusados de supuestos delitos contra el Estado, como por ejemplo firmar contratos lesivos al Estado, un delito que tiene de 5 a 10 años de cárcel, para esos colegas que trabajaron en Canal 7. El fiscal, de manera forzada, inaceptable e irregular convierte esos temas administrativos civiles en delitos penales. Es algo que no debemos aceptar y es una forma de presionar a los periodistas, un acoso. Ambos conforman esta situación que preocupa”, estima.

“El caso de los colegas que trabajaron en Canal 7 es aún más serio porque demuestra cómo el Gobierno está intentando encontrar cualquier falta administrativa para convertirla en un delito penal y acusar a periodistas. Es terrible y tenemos que estar atentos para ejercer una defensa de ellos”, añade.

Al igual que sus colegas consultados, dice que la Ley de Imprenta establece que el secreto de fuente es inviolable, lo mismo en el Pacto de San José y en otros instrumentos internacionales que Bolivia ha suscrito.

El caso de Cochabamba

David Ovando, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, considera que el escenario es bastante complejo y la Federación considera que el Ministerio Público se ha equivocado al convocar a periodistas como testigos para el proceso del caso Huayllani, porque considera que es un proceso jurídico polémico en todos los escenarios.

“Hay sectores de la oposición que han calificado este proceso como político y desde sectores del oficialismo lo ven como una reivindicación de la justicia. Nosotros cumplimos con nuestro rol de informar, cubrir y difundir la información; toda esa información está en los medios y en los archivos y se ha entregado a la Fiscalía. Pero utilizar a los trabajadores de la prensa con fines testificales es un exceso, sin que eso no signifique que sea legal, de hecho lo es; la Fiscalía puede solicitar la participación de un periodista, suponiendo, por ejemplo, en el caso de un crimen y el periodista, como cualquier ciudadano, está obligado a participar, pero este caso es especial y complejo”, afirma.

Para Ovando, “lo que tiene que hacer la Fiscalía es hallar a los culpables en este proceso y no recurrir de manera sistemática a la prensa. Esto es un amedrentamiento. La Fiscalía ha retirado la solicitud de testificación, pero por otros elementos, porque hubo errores procesales en la notificación y no por los argumentos que explico”.

¿Ha cambiado algo durante la gestión de Arce?

Los periodistas consultados sobre si la situación de los periodistas ha mejorado en la gestión de Arce, con respecto a la de Evo Morales, dicen que el acoso y el amedrentamiento continúan.

“Se mantiene el uso de dinero público destinado a la propaganda gubernamental para premiar y castigar a los medios de comunicación. A diferencia de Morales, el presidente Arce cuenta con menos recursos económicos, pero mantiene el fin: premiar con dinero público a los dueños de medios de comunicación masistas para que éstos sean fuertes económicamente, aunque sean débiles en el terreno de la credibilidad y de la sostenibilidad política”, dice Andrés Gómez

Al usar el dinero público para premiar y castigar a medios, está exigiendo a los periodistas seleccionar sólo fuentes favorables al Gobierno y vetar a fuentes críticas. En suma, está pidiendo a los medios y los periodistas hacer propaganda y desconocer el derecho a la información de la gente e impedir la vigilancia social al poder. “Sin información no hay escrutinio público a las autoridades”, añade.

Según Méndez, “los periodistas hemos pasado de ser llamados ‘el cártel de la mentira’ a ser ‘cloacas que destilamos mentiras’ y en ese afán de doblegarnos chantajean a los medios de comunicación independientes con rigurosos impuestos, cortando la publicidad estatal; y si en la era de Morales compraron abiertamente medios radiales, televisivos y de prensa escrita, en la de Arce están tratando de apoderarse de ellos colocando palos blancos en la compra de acciones como ocurre con el periódico Los Tiempos”.

Y, según sostiene Peñaranda, “continúa el proceso de asfixia económica en el caso del periódico Los Tiempos, que proviene del Servicio de Impuestos y otras instancias oficiales y también exautoridades del oficialismo han realizado declaraciones utilizando una retórica muy agresiva contra los medios”.

Punto de vista
Lupe Cajías
Periodista

“El millonario esquema de la sumisión”

Lo que hace el Movimiento al Socialismo con los sistemas de información no lo hicieron ni las corrientes nacionalistas, ni las dictaduras y mucho menos las democracias de los años 90. Acorrala la libertad de pensamiento y la libertad de expresión con múltiples acciones.

Aplica la violencia “blanca” que no deja huellas como los asaltos a las imprentas, los apresamientos o los asesinatos, sin olvidar que también puede aplicar la violencia roja, como en Las Londras. El cerco es mayormente económico y judicial. No solamente niega la publicidad pública, sino que impide que empresas privadas contraten espacios en medios “enemigos” o traba las iniciativas para consolidar las finanzas de un periódico.

Al mismo tiempo, envía a sus agentes disfrazados de impuestos nacionales, inspectores de trabajo, abogados, fiscales para obstaculizar la labor cotidiana de los periodistas.

En la otra mano reparte dinero a quienes alaban al gran jefe, al gobierno, a sus medidas. Millonarios contratos de publicidad con medios o con programas específicos o con revistas de farándula para que sigan la línea oficial de la información. No son pocos los periodistas que han perdido el decoro a cambio del puesto. Tampoco faltan los testaferros que compran acciones en canales de televisión.

El esquema funciona. ¿Se acuerdan cuando el otrora ministro de comunicación Iván Canelas afirmaba que su contratista coquero “seguía la senda de Jesús” mientras era parte del grupo de viajes y festejos del entorno palaciego? Los escándalos que involucraron a su hijo, también funcionario, son de dominio público. Es sólo un ejemplo.

La cadena venezolana Telesur recibe más dinero que los periódicos bolivianos que crean empleos y pagan impuestos en el país. Más que las radios que sientan soberanía y mucho más que cualquier canal universitario. A cambio, la sumisión de sus reporteros.

Los periodistas bolivianos de base lucharon muchos años, desde sus medios o desde la investigación, para lograr el Nuevo Orden Informativo Internacional; para avanzar en el equilibrio de la información y en el flujo de las noticias norte sur y viceversa.

El populismo impone un esquema de desinformación y noticias falsas, erradica la crítica y la búsqueda de la verdad. Usa el arma más sencilla: paga el silencio. Los nuevos periodistas millonarios se visten de azul. Les encanta el socialismo caviar. ¿Qué pasará cuando falte la chequera del (no) Estado plurinacional? Por lo pronto, mientras existan bolivianos que trabajan legalmente y paguen impuestos, tienen asegurados contratos y pautas publicitarias. El esquema de la sumisión funciona.