El copamiento sectario liquida la independencia

Corrupción y prebenda: al rescate
de la autonomía universitaria

Max Mendoza y otros dirigentes distorsionaron el sentido de la autonomía universitaria. Una exdecana sostiene que hay que rescatarla, cualificar el cogobierno docente-estudiantil y formar mejores estudiantes.

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Bolivia - domingo, 29 de mayo de 2022 - 5:00

La conquista de la autonomía universitaria, que garantiza la independencia de la academia de los caprichos del poder político ha sido desvirtuada con el escandaloso caso de los dirigentes estudiantiles eternos, como Max Mendoza, en un conflicto que trágicamente se ha llevado vidas, últimamente en Potosí, pero antes ya había sucedido en El Alto.

El prebendalismo y el copamiento del espacio universitario, por el gobierno del MAS y por otros anteriores, ha dado paso a un esquema de corrupción que ha puesto en la mesa de debate a la autonomía, distorsionada y mal entendida por muchos sectores sociales y políticos.

¿Qué se debe hacer? El desafío es rescatar la autonomía, porque las universidades la han perdido, segundo hay que cualificar el co-gobierno docente-estudiantil y hay que generar políticas de incentivo para que los estudiantes sean cada vez mejores, según estima Gisela Derpic, abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la universidad de Potosí.

La autonomía universitaria, dice Derpic, es una institución muy importante en resguardo de la libertad indispensable para el desarrollo de la ciencia, del pensamiento y del arte. “Sin libertad no se puede producir ciencia y sin libertad no hay creatividad; en consecuencia, es muy importante la autonomía entendida como la cualidad universitaria de mantenerse a resguardo de cualquier sometimiento al poder político e ideológico del Estado o de cualquier estrategia hegemónica ideológico-política que pretenda liquidar la libertad como condición para el desarrollo de la ciencia y la cultura”.

Pero cuando esa autonomía se reduce a la elección de autoridades y a la administración de recursos otorgados por el Estado en un contexto de copamiento sectario de sus niveles de autoridad y de representación, asistimos a su liquidación, explica.

“Se puede decir que el MAS, de la misma manera que ha liquidado la independencia de poder judicial y del sistema electoral, ha liquidado en la práctica la autonomía universitaria al haber copado estos niveles de poder interno estudiantil, docente e institucional, por lo que el objetivo a cumplir es el rescate de la autonomía”, apunta.

Por ello, Derpic sostiene que el ingrediente esencial de esa estrategia es la corrupción, “porque para tener éxito, el copamiento de poder (arbitrario, abusivo e ilegal), necesita operadores y esos operadores son individuos que hacen el trabajo a cambio de privilegios y prebendas”. “Es un trabajo de piratas, para ver en qué medida se puede subalternizar a las instituciones y pisotear la legalidad. No hay estrategia hegemónica sin corrupción”, destaca la analista.

Recuerda que la autonomía universitaria está consagrada constitucionalmente con la base de una lucha estudiantil, “pero en ningún caso esa aprobación constitucional se extiende a un co-gobierno paritario que ha surgido en esta estructura institucional universitaria”.

“El co-gobierno paritario hace mucho tiempo se ha devaluado porque ha dado pie a una distorsión en la comprensión del rol de la representación estudiantil. El estamento estudiantil tiene que cuidar que no haya hegemonía ideológico-política en las esferas de dirección y en la docencia y tiene que velar por la calidad del proceso formativo. No es una lucha gremial; los estudiantes no son asalariados, no tiene que pedir privilegios. Es un rol moral el que deben cumplir. Así, el primer desafío es la cualificación de ese co-gobierno”, estima.

Por esa razón, recuerda que para ser miembro de un consejo en la universidad, un docente tiene que ser profesional, tiene que acumular al menos tres años de ejercicio de su profesión y haber rendido un concurso de méritos; para ser decano o jefe de carrera, rector o vicerrector tiene que haber ganado una elección y tiene que hacer paridad con un estudiante que no cumple ningún requisito, salvo mostrar su matrícula. “No hay sensatez, racionalidad y justificativo, tiene que cualificarse la representación estudiantil para que en conjunto los dirigentes universitarios desempeñen ese rol moral del más alto nivel en resguardo de la autonomía y de la calidad de la gestión universitaria”.

¿Pueden ser políticos?, se pregunta: “por supuesto que sí: me río cuando dicen que ‘la universidad se ha politizado’, no; la universidad ha sido despolitizada por el MAS y ha sido criminalizada. Se ha sacado a la política y se ha metido la delincuencia. El problema no es la inclinación política, al contrario, eso es parte de la libertad de pensamiento, es un derecho fundamental, pero con cualquier color político los dirigentes estudiantiles tienen que ser los mejores”.

Derpic afirma que las políticas universitarias deben incentivar a los estudiantes a ser cada vez mejores y no lo contrario. Tiene que limitarse la cantidad de veces que se puede repetir una materia y limitarse el máximo de años o semestres para cursar una carrera. “Tenemos que lograr que ese co-gobierno separe las becas del manejo de la dirigencia estudiantil. Las becas deben ser otorgadas bajo un sistema de calidad que garantice a ser mejor estudiante y que no lo convierta en un sujeto sometido a la extorsión y al chantaje como ha quedado al descubierto con lo que pasado con esas cuatro muertes en Potosí”.

Autonomía distorsionada

Vladimir Peña, abogado y exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz durante la gestión de Rubén Costas, sostiene que el MAS, a través de Max Mendoza y otros dirigentes, distorsionaron el sentido de la autonomía universitaria y se aprovecharon de ella para cometer ilegalidades.

“Que se quiera castigar a la autonomía universitaria sería el otro extremo y un despropósito; lo que hay que comprender es cuál es el sentido constitucional e histórico de la autonomía universitaria y la primera pregunta que debemos hacernos es por qué la educación superior goza de esta autonomía, y es porque marca una distancia con el poder político”, explica.

Y complementa que esa autonomía es una garantía para que la política no someta a las universidades como sucedía en las épocas de la dictadura.

“Pero en una interpretación errónea de la autonomía universitaria también puede ser entendida como que está al margen del control democrático; pero la autonomía universitaria está dentro de la institucionalidad del Estado con una organización y con normas especiales, lo que no significa que esté al margen del control”.

Ésa es la distorsión que se da en la universidad pública, dice Peña, al entender que la autonomía está al margen de la sociedad, pero las universidades públicas tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.

“Lo que se ha visto es que los dirigentes como Mendoza existen porque el MAS ha extorsionado durante todo este tiempo a las universidades a cambio de presupuesto público; y la garantía de ese intercambio de apoyos era Max Mendoza y por eso tenía tanto poder”.

“Los que tienen que pagar son los responsables, no la autonomía universitaria; y, por otro lado, hay que reevaluar el papel del Gobierno en su relación con las universidades. La enorme tarea del sistema universitario es regenerarse y volver al espíritu central de la autonomía, que es rendir cuentas ante la sociedad”, explica el abogado.

Según Peña, el gobierno de Morales, con mucho poder, “ha sometido a varios sectores de la ciudadanía pero hemos tenido autoridades universitarias que no han respondido al espíritu de crítica de la universidad, porque es el lugar, por esencia, donde se hace la mayor crítica al Gobierno; lamentablemente por el autoritarismo del MAS la universidad ha ido apagando sus voces, ya sea por la transferencia de recursos cuando había bonanza o porque había ese sistema de extorsión”.

Consultado sobre por qué se da esa extorsión, si los recursos ya están establecidos por ley, Peña dice que el sistema de distribución de recursos para desarrollo autonómico del país se ha quedado estancado, se ha cambiado la Constitución el 2009, se han establecido los gobiernos departamentales, pero no ha cambiado el régimen económico, sigue siendo el mismo de 1994; los ingresos de la universidad son los mismos, lo que varió por la bonanza es que recibieron más ingresos, pero en función a la redistribución.

“Cambiaron los montos, pero la fuente sigue siendo e incluso alguna se han quitado; el IDH, por ejemplo, es la última norma que incorporó más presupuesto a las universidades públicas. En los 11 de los 15 años del gobierno de Morales no hubo necesidad de pedir más presupuesto porque había mucho dinero, pero cuando viene la crisis la universidad pierde su voz y no reclama dinero. Las normas que asignan presupuesto, de hace 15 años atrás, han quedado obsoletas”, explica

Lo que se debe hacer, en su criterio es defender la autonomía. “Que haya corrupción no significa que debamos suprimir la democracia, ésta debe regenerarse para sacar a los corruptos del sistema; lo mismo pasa con la autonomía universitaria. Hay un problema enquistado en el sistema universitario, pero no tiene que pagar la autonomía universitaria; ésta debe responder para sanear una institución y darle transparencia. Quitar la autonomía universitaria significaría castrar la posibilidad de que haya esa garantía de crítica al Gobierno”, considera.

Una práctica desde el 52

Sergio Pino Echeverria, abogado y empresario, sostiene que el origen de este problema va más allá de Max Mendoza.

“Éste responde a un sistema político estatal y universitario que se ha construido estos últimos años, basado en el prebendalismo, una de las esencias y el origen central de la corrupción y ésa es una práctica que viene desde 1952; siempre hubo ese mecanismo de prebenda para que el Estado satisfaga las necesidades de aquellos grupos de poder y el sistema público que representa la universidad no es la excepción”, afirma.

“Lo que ha infectado a la universidad es esa praxis política decadente que hace metástasis en todas las entidades del Estado”, sostiene.

Pino considera que la universidad ha quedado rezagada en comparación con otros países, ya que las universidades en Bolivia no tienen una acreditación para demostrar que están cumpliendo el rol que deben: la tecnificación de los recursos humanos y la generación de pensamiento.

“La universidad ha dejado de ser un centro de pensamiento, de generación de liderazgos. La corrupción, prebenda e intereses político-partidarios que han tomado a las federaciones y centros de estudiantes, además, han corrompido a los propios estudiantes”.

En su criterio, “la universidad no es una isla, es parte de toda esta práctica, con complicidad de rectores y docentes con intereses económicos de por medio que ponen como pretexto la autonomía para que no haya fiscalización. La educación es gratuita para que la sociedad tenga recursos humanos capacitados. Hay universitarios que se quedan por 20 años, esto no es nuevo y son los contribuyentes que dan esa gratuidad a la educación”.

Esta problemática se tiene que discutir en un congreso universitario. “Esperemos que algo pase, porque el gobierno de Arce parece más de transición que de gestión”, estima.

“Hay un problema enquistado en el sistema universitario, pero no tiene que pagar la autonomía universitaria, ésta debe responder para sanear la institución y darle transparencia”.

“Los recursos han dado pie a los ‘dinosaurios’”

Víctor Hugo Chávez, abogado, politólogo y docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la UMSA, recuerda que la autonomía es una conquista universitaria y estudiantil que se consiguió el 26 julio de 1930 porque los estudiantes universitarios, cansados del prorroguismo de Hernando Siles, salieron a las calles y expulsaron a ese Gobierno en junio de 1930. “En julio de ese mismo año el presidente Carlos Blanco Galindo les otorga la autonomía con cargo a un referendo, que se realiza el 11 de enero de 1931, aprobando la autonomía universitaria, la descentralización administrativa, el habeas corpus y la prohibición de la reelección. Fue el primer referendo que tuvo Bolivia”.

“Ha sido insertado en la Constitución, en los artículos 92 y 93 y establece que la autonomía consiste en que las universidades públicas puedan elegir a sus autoridades, dotarse de sus planes de estudio y administrar los recursos que el Estado les asigna. Adicionalmente, el artículo 93, parágrafo III señala que los gastos públicos deben ser transparentados mediante informes de los estados financieros que remiten las universidades públicas a la Asamblea Legislativa, la Contraloría y el Órgano Ejecutivo”, explica.

La universidad maneja recursos públicos y en el marco de la Ley 1178, de administración y control gubernamentales, la asignación de estos recursos debe ser efectuada a través de los sistemas que establece esa ley, lo que quiere decir que no son gastos libres y menos pueden evitar el control.

“Quien omite estos controles incurre en una gravísima responsabilidad señalada en la Constitución. No se tiene que gastar un solo peso si no está en el POA en todos los niveles; me refiero a las federaciones universitarias locales en particular. El año 2011, en el DS 971 y un año después el DS 1322, dos decretos que asignan el 5% y otro 5% de los recursos del IDH para las universidades, pero todas deben ser ejecutadas en el marco del control”, explica el jurista.

Y agrega que “ése es el problema que identificamos, pero en el marco del respeto absoluto de la autonomía, significa también transparentar los gastos de las universidades. La existencia de esos recursos ha dado pie a la existencia de estos ‘dinosaurios’ porque los dirigentes, una vez en las federaciones, difícilmente son removidos porque tienen ingentes recursos como para poder perpetuarse a través de mecanismos que ellos han implantado. La FUL es la que acredita los centros facultativos; si no se tiene esa venia no pueden ser acreditados en el consejo universitario. Nadie, entonces, cuestiona a la FUL”.

Eso ha ocurrido en los últimos 10 años y por eso es que existen los “dinosaurios institucionalizados”, dice el abogado.

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