La cárcel de Nayib Bukele y el debate sobre los derechos humanos

La megacárcel de El Salvador, considerada la más grande de América, es parte de la “guerra” que declaró el presidente Nayib Bukele a las “maras” (pandillas), en una medida que está siendo muy cuestionada y resistida por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El régimen de excepción que ha instaurado el mandatario permite detenciones sin orden judicial, y se puso en vigencia en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022, según un reporte de AFP.

A finales de 2022, Human Rights Watch (HRW), sugirió al gobierno de Bukele “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. La respuesta del Presidente fue un tajante “no”. La medida, que fue extendida hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas.

Recientemente, el Gobierno inauguró en el sureste del país, en las afueras del poblado de Tecoluca, una megacárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Según la misma agencia AFP, El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100 mil habitantes, la más baja durante la administración de Bukele, que asumió en junio de 2019. Esta semana Bukele aseguró por Twitter que durante su mandato se han registrado “300 días sin homicidios”.

Como ejemplo de la lucha contra las pandillas, Bukele condenó a 1.310 años de cárcel a Wilmer Segovia, por 33 homicidios, 9 intentos de homicidio y pandillerismo.

Bukele es “muy peligroso”

En opinión de Dardo Justino Rodríguez, analista, comunicador y consultor argentino, que vivió muchos años en Centroamérica, “Bukele es muy ubicuo, cambia de posiciones, es autoritario, es corrupto, tiene un gobierno en el cual ejerce los tres poderes, tiene dominada la justicia, el Congreso, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, pero lo que ignora Bukele, o pretende ignorar, es que mientras más alto se llega más profunda es la caída”.

Según narra, “ha metido más de 60.000 personas presas, que si todas fueran pandilleros, el país estuviese tomado por ellos, el Ejército tiene menos efectivos. Hay procesados y condenados y las violaciones a los derechos humanos son tremendas; por ejemplo, cuando se produce algún problema les quita una comida del día, lo que es una barbaridad; se trata de una política netamente represiva”.

Asegura que en una parte de la ciudadanía estas medidas caen bien porque están hartos de la violencia, pero no disminuye la violencia, pero “en cualquier momento se vendrá una contraofensiva como pasó a principios de este siglo en Honduras, donde la tolerancia cero aguantó un par de años y vino un rebrote espantoso”.

Rodríguez señala que “el otro problema que no tiene en cuenta Bukele es que los presidentes que hacen ese tipo de cárceles muchas veces terminan como huéspedes de las mismas. El mejor ejemplo es el de Vladimiro Montesinos, en Perú, que creó una cárcel de Callao, subterránea, que es un espanto; él está allí desde hace unos años”.

Critica a Bukele apuntando que, además de las violaciones a los derechos humanos, su política es netamente represiva y no va a las soluciones de raíz, que son mejorar las condiciones económicas de la población y mejorar los niveles educativos.

“Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo algo que es cierto, dijo que ‘en Colombia no hicimos cárceles, creamos universidades’. Pero él siempre se opuso a los gobiernos conservadores, entonces está reconociendo que los gobiernos a los que se oponía en vez de construir cárceles hicieron universidades, es una contradicción para su posición. Los políticos tienen esas contradicciones”.

En su análisis, “Bukele se está pasando de largo, él ya venía a la baja en la percepción ciudadana, aunque todavía tenía hace poco un 58% de aprobación, con respecto al 80% que tenía antes. Para él se trata de reelección o cárcel”.

Consultado sobre cómo toman los salvadoreños estas medidas, dice que la situación es variable. “Las clases medias, asustadas, en todos lados reaccionan con posiciones de ultraderecha. El pobre siempre responde a lo que los medios le meten en la cabeza. Algo había que hacer, porque los problemas con las maras ya eran insoportables, lo que es cierto, pero cuál es la solución? Las cárceles no son una solución, son un paliativo”.

Asegura que la política de Bukele es mostrar a un gran número de presos y en esa cárcel hay muchos inocentes.

¿Qué puede pasar? Según el analista, por el momento y a nivel interno le da resultados. “El tema es que el ‘marero’ no habla del mañana, porque el mañana suele no existir y eso lo tienen asumido; la muerte la tienen asumida, ellos sólo creen en la madre, la familia y en Dios, pero no creen en nada más. Con gente que asume la muerte, como los suicidas islámicos, no se puede luchar. Va a llegar el momento en que van a reaccionar, y muy feo. El tema es hasta dónde las Fuerzas Armadas y de seguridad podrán hacerles frente”.

Hay que ver también para qué lado patee Bukele, no sería extraño que mañana haga otros pactos con las maras. “Bukele patea para el lado que le conviene en el momento que le conviene. Es peligroso. Hay hombres como Daniel Ortega, que de ser un joven revolucionario se convirtió en un viejo reaccionario, pero se sabe cómo va a reaccionar, pero con Bukele no se sabe.El Salvador es un país chico donde los que realmente tienen el poder son los grandes empresarios; por el momento están tranquilos”.

La cárcel y el ejemplo en América Latina

Miguel Abel Isla, periodista y psicólogo social argentino, asegura que tras la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el hecho repercutió con fuerza en la región y particularmente en la Argentina, donde diferentes referentes políticos hicieron escuchar sus opiniones.

En Argentina, desde el oficialismo, surgieron voces dispuestas a copiar el modelo en el país, entre ellos el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el ex jefe del Ejército Argentino, César Milani, vinculado al kirchnerismo.

“Algo similar sucedió con la oposición, principalmente con Horacio Rodríguez Larreta, autoproclamado candidato para las elecciones presidenciales del presente año, que al visitar la ciudad de Rosario, presentó las medidas que tomaría para combatir el narcotráfico si resultara electo presidente. Entre otras acciones, Larreta propuso construir cárceles especiales que aíslen a los que manejan el narco, para ubicarlos fuera de su zona de influencia y tratar así de impedir la comunicación con sus organizaciones; además de mudar a Rosario la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación”, explica.

Isla dice que llamó la atención que el progresismo argentino no haya hecho escuchar su voz, habida cuenta de las fuertes imágenes de los reos siendo arriados como ganado, en absoluta subordinación y mostrando una adecuada coordinación de sus movimientos, como si hubiera sido practicado. Esto llamó a la reflexión a muchos analistas independientes quienes esperan más información para dar su opinión.

“Sumado a esta mirada, como dato de interés, no son pocas las opiniones –incomprobables– que se leen en la prensa independiente y en las redes sociales sobre un posible acuerdo con personajes más encumbrados de esas organizaciones delincuenciales, quienes habrían abandonado ese país con la necesaria antelación”, añade.

Habrá que esperar el paso del tiempo, considera, para tener una lectura más adecuada de la situación, “pero lo cierto es que el desmadre y la violencia ejercida por esas organizaciones sobre la población civil era ya inaceptable y, de alguna forma, la medida adoptada por Bukele benefició y abrió conciencias en otros países, tal como Argentina y Chile, donde existen indicios de la presencia de las maras, interactuando con el narcotráfico”.

Considera que estamos ante “un peligroso e inaceptable emergente con un final abierto, habida cuenta que las reacciones populares, ocupando implícitamente, el rol del Estado se hicieron manifiestas en la ciudad de Rosario, Argentina, dónde sólo en un día quemaron cinco presuntos búnkeres, señalados como expendedores de drogas”.

Sobre el penal

Según un despacho de la agencia AFP, el Centro de Confinamiento del Terrorismo fue construido para recluir a parte de los 62.975 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas.

Con el fin de construir la cárcel el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.

Para ingresar al presidio tanto reclusos como personal de seguridad y administrativo tienen que llegar a zonas de registro antes de pasar por tres portones fortificados controlados por guardias de seguridad.

Cada pandillero que llegue, además de pasar por un escáner corporal deberá registrarse en un área de ingreso donde le tomarán fotografías.

Para dar autonomía al presidio, se perforaron dos pozos, se instalaron una planta de abastecimiento de 600 metros cúbicos de agua, cuatro cisternas y construyeron ocho subestaciones de energía eléctrica.

Con el fin de garantizar el fluido eléctrico, el penal dispone además de plantas de emergencia a base de combustible.

También fue construida una planta de aguas residuales.

PUNTO DE VISTA
Óscar Rosales / El Faro de El Salvador

“Excepción, la sombra del gobierno de Bukele”

El próximo 27 de marzo se cumplirá un año de la instalación del régimen de excepción. La medida, que el oficialismo califica de exitosa, ha irrumpido arbitrariamente el Estado de Derecho y el debido proceso que rige la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados.

El régimen de excepción como medio de solución a los grandes problemas sociales está lejos de ser el ideal, es una sombra muy oscura que, en su avance, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, y casi un centenar de personas han muerto en prisión sin que hasta ahora haya habido indicios de reparación a las víctimas inocentes por los daños. Su prórroga indefinida, más que una estrategia definida, parece que pretende ocultar las graves acusaciones sobre violaciones a derechos humanos de miles de personas y familias que han caído en las redes arbitrarias del sistema antidemocrático.

Los informes oficiales del Gobierno sobre detenciones, presentados al 31 de diciembre de 2022, reportaron un total 62.972 personas capturadas y puestas en prisión por órdenes de jueces especializados por, supuestamente, estar implicados en delitos de asociaciones ilícitas y pertenencia a pandillas, sin investigación previa y sin orden judicial de jueces y fiscales. Este mismo informe señala que actualmente se encuentran en detención provisional un total de 1.082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas, situación que hasta ahora no ha generado la intervención de ningún organismo nacional ni internacional ante las autoridades para verificar la situación de este segmento de población en las cárceles o centros de internamiento en todo el país.

Bajo la sombra del régimen de excepción continúan habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden estimarse en más de 64.000 detenciones ilegales. Las cifras son alarmantes porque todos son enviados a detención provisional por períodos de uno a dos años, con el agravante de que podrían permanecer en esas condiciones hasta por cuatro años sin un juicio previo. El Estado, como garante de la seguridad nacional, tiene límites determinados por las leyes internas y el derecho internacional humanitario, no es absoluto. Cuando descarga su poder sin mediar las consecuencias en la vida de las personas es también responsable de resarcir los daños causados a sus víctimas.

Contener o eliminar la delincuencia organizada que ha azotado durísimo al país durante 30 años no puede ser resuelto con medidas excepcionales a corto plazo. Se requiere una reforma judicial a profundidad. El régimen de excepción, en cambio, ha generado una crisis social e institucional al parecer sin fondo.

Los derechos humanos constituyen el núcleo central de la vida y, por lo tanto, garantizarlos para todos los ciudadanos y ciudadanas debe estar en la agenda permanente del Presidente de la República.