Ciudadanos en indefensión

La (in) seguridad jurídica de la propiedad del bien inmueble

El diseño de la estructura del derecho propietario está orientado desde 1825 a legalizar y legitimar lo ilegal. ¿De qué sirve la Constitución?, analiza el autor.

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La Paz - domingo, 14 de agosto de 2022 - 5:00

La Constitución de 2009 establece como uno de los principios constitucionales la seguridad jurídica. Al respecto, las sentencias constitucionales 1448/2011-R (10/10/2011) y 1911/2013 (29/10/2013) señalan: “La seguridad jurídica constituye uno de los principios que sustenta la potestad de impartir justicia dirigido a los poderes públicos. Los principios de rango constitucional, son postulados directrices que hacen posible su apli-cación en todos los ámbitos de la vida jurídica y representa la garantía de la aplicación obje-tiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus dere-chos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puede causarles perjuicio (...)”.

El derecho propietario del bien inmueble está constituido por dos componentes:

a) El componente físico (mapa catastral de la manzana(s)
–representación cartográfica del predio y predios colindantes, identificados por el código catastral– y la superficie del predio m2 o hectáreas) y,

b) El componente jurídico o documentos probatorios de la adquisición de un bien inmueble (minuta, testimonio, título e inscripción del derecho propietario en el registro (padrón) de derechos reales y como constancia proporciona a los usuarios el folio real), ambos componentes coexisten, es decir, el uno sin el otro no existe. El 99% de los países del mundo para lograr la seguridad jurídica del bien inmueble, optan por uno de los siguientes sistemas:

a) El sistema de coordinación, por estar ambos componentes en diferentes instituciones.

b) El sistema de integración, donde ambos componentes están en una sola institución.

Para Bolivia, la Constitución establece la obligatoriedad del sistema de coordinación; artícu-lo 298.II.18 “Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal”. Asimismo, el ordenamiento jurídico nacional instituye que el bien inmueble objeto de la transferencia del derecho propietario total o parcial, debe tener los siguientes impuestos cancelados:

a) Impuesto anual a la propiedad.

b) Impuesto a la transferencia y, de esta manera, el Estado tiene los recursos para garantizar la propiedad privada, de conformidad al artículo 56. II.

Sin embargo, 12 años después, nadie cumple con la Carta Magna, dejando a los ciudadanos en un completo estado de indefensión y, por otro lado, ningún postulante al cargo de Defensor del Pueblo ha propuesto el cumplimiento de la CPE, en el tema que nos ocupa. ¿Por qué sigue inalterable la (in) seguridad jurídica del derecho propietario desde tiempos de la colonia, si la Constitución es meridianamente clara?

Además, cada intento de buscar alguna solución el problema se profundiza creando más confusión; luego de 111 años, Derechos Reales decide dar cumpli-miento al artículo sexto de la ley de Inscripción de Derechos Reales (15/11/1887) y crea el folio real (1998) que da constancia que el componente físico y el componente jurídico han sido correctamente inscritos. En muchos casos, el folio real del bien inmueble inscrito tiene en su componente físico la superficie 00,00 m2, pese a que la cancelación de los aranceles se realiza por adelantado, como si el bien inmueble existiera (sin derecho a reclamo alguno, por si fuera poco, el afectado debe iniciar un juicio para que un juez haga aparecer el componente físico del bien inmueble que Derechos Reales hizo desaparecer y volver a cancelar los aranceles).

¿Cómo podemos explicar este hecho? Los ciudadanos tienen que soportar los martirios a los que son sometidos por Derechos Reales, que procura que el punto seguido o aparte sea rectangular y que la coma sea recta, sin que autoridad alguna se anime a ponerle el cascabel al gato.

Casi 200 años después, la estructura enrevesada y burocrática colonial de la (in) seguridad jurídica sigue íntegra. El viceministro de Justicia precisó a Erbol (12/04/22): “La transformación de la administración de DDRR por una parte es impedida por las redes que manejan la institución como una gallina de los huevos de oro, donde están extorsionando a la población con cobros irregulares, nadie está seguro de su derecho, porque años después pueden aparecer otros dueños con folio real”; y continúa, “esta práctica de tráfico de tierras se desarrolla por generaciones; lamentablemente hace décadas atrás no hemos podido solucionar”

Es necesario descolonizar nuestra mentalidad e ir detrás de las capacidades emancipadoras para lograr la organización social de la propiedad y para el ordena-miento social del territorio. El diseño de la estructura del derecho propietario desde 1825 está orientado a legalizar y legitimar lo ilegal. ¿De qué sirve la Carta Magna, si la terca actitud de los nuevos virreyes o autoridades responsables de dar solución al problema es pertinaz y continúa con el modelo colonial en desmedro del bienestar de la sociedad y del progreso de los pueblos?

Finalmente, resolver el problema es cumplir y hacer cumplir la Constitución; defender y promover el estado de derecho y la institucionalidad (que explica el fracaso o el éxito de los pueblos). Esta sugerencia de solución pasa, imperativamente, por la promulgación de tres leyes imprescindibles: a) del sistema de derechos reales, b) del registro técnico municipal y c) de coordinación interinstitucional. El Órgano Legislativo tiene la palabra.

“Casi 200 años después, la estructura enrevesada y burocrática colonial de la (in) segu-ridad jurídica sigue íntegra”.

Jaime Medrano Soriano / Militar eingeniero

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