Awqa Pacha

Los crímenes ambientales del MAS

Desmontes, incendios, asentamientos ilegales y la salvaje expansión de la frontera agrícola, están devastando el frágil equilibrio ambiental.

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La Paz - domingo, 31 de julio de 2022 - 5:00

El régimen masista es hábil para distraernos con temas baladíes, como sus peleas internas, y, más recientemente, nos quiere narcotizar con la narco-política y los narco-vínculos; es decir las relaciones con el narcotráfico de sus más connotados militantes (García y compañía); además del narco-financiamiento, es decir de los aportes y contribuciones económicas de los traficantes de cocaína a la campaña del MAS (cfr. “Cuéllar denuncia financiamiento narco al MAS con carta atribuida a Gerardo García”, Página Siete, 29 junio 2022).

El gobierno del MAS no atiende, ni entiende las problemáticas fundamentales del país, menos las necesidades de la ciudadanía y mucho menos las situaciones de extrema gravedad, tales como la depredación y devastación territorial, la criminalización de los defensores de derechos o, peor aún, la creciente violencia machista y feminicida contra las mujeres (cfr. “Bolivia es uno de los países con más feminicidios per cápita del mundo”, ANF, 28 noviembre 2021), sino y más todavía avasalla y arremete -ecocidamente- contra los pueblos indígenas.

En una anterior oportunidad ya hemos discurrido acerca de la violencia machista (“Nos están matando”, Página Siete, 16 enero 2022) y ahora, en el presente artículo, reflexionaremos en torno a las violencias socioambientales –impune y alevosamente– perpetradas por el régimen masista.

Previamente, conviene aclarar por qué hablamos de crímenes ambientales. El concepto de crímenes contra el medio ambiente aún no existe en la categorización jurídica del país, por ello acudimos a la potestad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que reconoce los graves y extensos daños ambientales –ecocidio– como crímenes de lesa humanidad y que en consecuencia reactiva sus propias competencias (cfr. “La Corte Penal Internacional juzgará casos de delitos ambientales y acaparamiento de recursos naturales junto a genocidios y guerras”, Alianza por la Solidaridad, 20 septiembre 2016).

Un primer ámbito de depredación gubernamental es la exploración y explotación hidrocarburífera en la Reserva de Tariquia, una de las fuentes más importantes de agua para el sur del país. Aquí es evidente que el régimen (a través del Sernap) es el que ha otorgado las licencias ambientales y ha allanado el camino para el ingreso de las empresas petroleras a la reserva. ¿Cuál son los impactos de esta invasión petrolera? La devastación de la naturaleza, que empieza por la habilitación (en el plan de manejo) de áreas para actividades extractivas, la implementación de proyectos petroleros y la consiguiente afectación de la zona núcleo de la reserva; y continúa con la destrucción de los hábitats naturales, atentados contra las diversas formas de vida (biodiversidad) y múltiples violaciones de los derechos humanos, dado que no ha habido consultas previas, libres e informadas con los habitantes de la zona. Y ahora mismo las empresas petroleras están avanzando con la apertura de caminos de doble vía y están ingresando maquinaria de perforación, ignorando
–impunemente– los reclamos y protestas de las comunidades, ciudadanos tarijeños y organizaciones medioambientales.

Un segundo ámbito de atentados perpetrados por el régimen es la laguna Concepción, en la Chiquitania, que se secó por completo, sin posibilidad alguna de recuperación y en un grado extremo de irreversibilidad.

“Esta importante reserva de agua contaba con una extensión de más de cinco mil hectáreas que hoy son un territorio vacío, seco y en gran parte sin vegetación” (Jhannise Vaca Daza). Y ¿cuáles son las causas de este desastre ambiental? Centralmente, los asentamientos humanos (alentados por el mismo régimen masista) y el drenaje de sus aguas para riegos y alimento de ganado, que fueron presionando hasta exterminarla. En general, “las opiniones de expertos, que se han pronunciado sobre el colapso de la laguna, indican que los factores causantes son la deforestación, contaminación del agua e incendios forestales” (Ibid.). Así, pues, los desmontes, los incendios, los asentamientos ilegales y la salvaje expansión de la frontera agrícola están acabando y devastando nuestro frágil equilibrio ambiental.

Un tercer ámbito de devastación y expoliación masista es el constituido por la actividad minera aurífera –mayoritariamente ilegal y sin licencias ambientales– en la Amazonia norte (de La Paz), más específicamente (aunque no únicamente) en los parques Madidi, Cotapata y Apolobamba, que afecta severamente a los pueblos indígenas, como los esse ejja, leco, tacana y pacahuara, y comunidades del lugar, hoy convertidos en campamentos mineros.

Estos avasallamientos mineros tienen al menos dos graves consecuencias: una, el ejercicio impune y alevoso del terror y la violencia de los cooperativistas mineros contra los defensores ambientales y las personas (incluyendo legisladores) que están tratando de denunciar esta minería ilegal. Otra, el uso delincuencial del mercurio, es decir las emisiones antropogénicas de mercurio, que constituye un grave riesgo para la salud, y además de incumplir flagrantemente con el Convenio de Minamata (sobre el mercurio).

¿Qué hay que hacer?, esencialmente, revertir las concesiones mineras en las áreas protegidas, especialmente en el Parque Nacional Madidi.

Como podemos observar, estamos frente a problemáticas angustiantes y con el régimen masista como principal agente destructor y de salvaje explotación de la naturaleza. Con todo, no todo está perdido, como diría la negra Sosa, acabo de saber, con alegría, que, después de 16 años de cooptación y servilismo, hay comunidades campesinas que están en movilización contra los efectos tóxicos y deletéreos de la minería (“Comunidades de Potosí bloquean ruta en contra de la contaminación de ríos causada por la explotación minera”, El Deber, 4 julio 2022).

Jallalla movilizaciones por la vida.

“La Corte Penal Internacional juzgará casos de delitos ambientales y acaparamiento de recursos naturales junto a genocidios y guerras”.

José Luis Saavedra / Profesor de Teoría y Política Poscolonial

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