Reformas

Pedro Castillo ante
el despeñadero

No hay argumento alguno que respalde la necesidad de una reforma total, en virtud de las insuficiencias de la vigente Constitución.

Ideas
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - domingo, 15 de mayo de 2022 - 5:00

Cuenta Juan Bromley en Las viejas calles de Lima que en 1601 una crecida del Rímac destruyó parcialmente el tajamar que protegía el convento de San Francisco. El cabildo dispuso entonces una reparación que impidiera la total destrucción del tajamar por la corriente, que “se acercaba y comía el sitio y orilla detrás del convento, donde hay una gran barranca y despeñadero”.

A escasos 200 metros de allí se encuentra el Palacio de Gobierno del Perú. Igual de escasa es la distancia entre la situación actual de Pedro Castillo y la del convento en los albores del siglo XVII: el tajamar político que lo protege se encuentra en gran medida derruido, la corriente amenaza con comerse lo poco que queda de él, y a sus espaldas se abre un gran despeñadero.

Casualmente, el mismo año en que el cabildo limeño reparaba su tajamar aparecía por primera vez en castellano la palabra “chapucero”. La obra con que Castillo pretende restaurar su maltrecho zanjón no es menor: ni más ni menos que una nueva Constitución. Pero al margen de sus dimensiones, el proyecto presenta de momento todas las características de una chapuza.

Analicemos, pues, los planos del arquitecto Castillo para su construcción. Comencemos por la forma: en apenas una docena de páginas se detecta una treintena de errores: ortográficos, gramaticales, sintácticos, de tipeo y de formato. Pasemos al contenido. El documento se compone del proyecto de ley y la exposición de motivos.

El primero sostiene que la Asamblea Constituyente tendrá carácter popular y plurinacional. A día de hoy, Perú no es un Estado plurinacional. La Constitución vigente afirma que “El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (artículo 2, inciso 19). Pluralidad étnica, no nacional.

No se trata aquí de negar la plurinacionalidad del Perú, sino de destacar una contradicción flagrante: el documento exalta incesantemente la participación del pueblo y la democracia, pero decreta la naturaleza plurinacional del Estado peruano de un plumazo, sin consulta previa con ese pueblo. Castillo liquida en una línea el oceánico debate sobre la esencia de la nación.

Indica luego el proyecto que el Jurado Nacional de Elecciones regula la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, y que ésta deberá estar compuesta en un 40% por representantes de organizaciones políticas, un 30% por candidatos independientes, un 26% por representantes de pueblos indígenas y un 4% por representantes de pueblos afroperuanos. ¿Qué distribución de escaños regula, pues, el Jurado, si el proyecto de ley ya lo ha hecho?

Pasemos a la exposición de motivos. ¿Imagina el lector que encontrará allí las razones para impulsar una nueva Constitución? Pierda esperanzas: hay allí de todo menos eso.

El primer epígrafe explica –con pasmosa inopia– la capacidad del pueblo de erigirse en Poder Constituyente, y la diferencia entre una reforma constitucional parcial y una total. No hay argumento alguno que respalde la necesidad de una reforma total, en virtud de las insuficiencias de la vigente Constitución.

El segundo epígrafe, “sobre el derecho a la participación pública”, ensalza la importancia de la participación ciudadana, como si el proceso constituyente fuera a marcar el final de un período autoritario en que la participación se encontraba cercenada o prohibida. Recurre a autoridades académicas para dar solemnidad a conceptos tan obvios como que la democracia favorece la participación pública.

El siguiente apartado, como los anteriores, explica lo innecesario y deja huérfano de motivos lo que requiere justificación. Está dedicado a los momentos constituyentes; o, mejor dicho, a su teoría: no hay allí más que categorías académicas generales; ni un adarme de argumentación sobre por qué Perú se encontraría en un momento de esa clase.

La chapucería del proyecto alcanza aquí uno de sus puntos álgidos: se cita una pieza académica que describe el momento constituyente como una circunstancia de consenso. ¡Consenso! Interesante concepto para referirse a una iniciativa que apenas consiguió recoger 50.000 firmas.

Según una encuesta de Ipsos, la reforma es prioritaria para apenas el 8% de los peruanos y cuenta con el rechazo del 60%: consideran que no es el momento adecuado y que un proceso de tal calibre requiere una discusión más extensa; asimismo encuentra la oposición de gran parte del arco parlamentario.

“Legislación comparada” se titula el siguiente epígrafe. Semejante encabezado parece anunciar una opera magna del pensamiento jurídico latinoamericano. La realidad, no obstante, es menos generosa: tres líneas. No exagero. Tres líneas, con sus correspondientes errores de redacción, seguidas de un famélico gráfico con sus correspondientes fallos de formato.

A continuación, las posiciones de los partidos políticos. La sección arranca con un comunicado de APP: el partido aceptaría una reforma constitucional “siempre que se haga respetando las leyes y con un amplio consenso social y político, y a través del Congreso”. Reiteremos: siempre que se haga con un amplio consenso social y político. Es asombroso: el Presidente ofrece en la exposición de motivos los argumentos en contra de su propio proyecto.

El siguiente epígrafe, “objeto y fin de la propuesta”, se ocupa de cuestiones procedimentales. Los motivos para la reforma continúan brillando por su ausencia.

El Presidente presenta allí una escena memorable: “análisis costo beneficio”. Relea el lector estas tres palabras hasta convencerse de que no lo engañan sus ojos. Análisis costo beneficio. Si los rivales de Castillo en las elecciones de 2021 expresaron temor a que el maestro llevara a Perú hacia el comunismo, pueden quedarse tranquilos: el Presidente ha abrazado el capitalismo y el pensamiento empresarial hasta tal extremo que evalúa la conveniencia de una reforma constitucional mediante categorías propias de Goldman Sachs.

El gran beneficio de renovar los cimientos políticos del país sería –según el documento– que la ciudadanía podrá participar en el proceso eligiendo a sus representantes, en un paroxismo democrático inédito. El costo, ¡ay, el costo! ¿Dónde se lo habrá dejado el redactor? Vaya despiste... Habrá que concluir que se trata de una operación propia de un halcón de Wall Street: todo beneficio, cero costo.

Acabemos: la sección final presenta un análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Una vez más, detrás de tan grandilocuente título no hay sino más de lo mismo. Es decir, más vacío. Se propone reformar la Constitución, se fomenta la participación ciudadana y corresponde al Presidente convocar el correspondiente referéndum.

El Convento de San Francisco de Lima es Patrimonio de la Humanidad. Gracias a la idoneidad de la obra proyectada en 1601 sigue en pie para nuestro disfrute cuatro siglos más tarde. Los mismos que llevaría engullido por el despeñadero si los ingenieros limeños hubieran pergeniado una chapucería como la de Pedro Castillo.

“Según una encuesta de Ipsos, la reforma es prioritaria para apenas el 8% de los peruanos y cuenta con el rechazo del 60%”.
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