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¿Por qué no pudieron construir un Estado plurinacional?

El MAS ha creado las bases no para erigir un nuevo Estado, sino para liquidar el anterior mediante identidades particulares y locales, sostiene el autor.

Ideas
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La Paz - domingo, 22 de enero de 2023 - 5:00

En primer lugar, porque nadie sabía cómo se construye eso. No existía (ni existe ahora) una descripción certera de un Estado plurinacional; no hay manuales, ni reglas, ni estándares a los que se pueda acudir para saber lo que hay que desechar y lo que hay que edificar. El MAS creyó que con reconocer 36 “naciones” ya resolvía la mitad del problema. La otra mitad se resolvería cambiando algunas entidades del odiado Estado republicano. Los dos supuestos son falsos.

Las 36 “naciones” no lo son. El INE, basándose sólo en la “auto identificación” y el primer y segundo idioma, llegó a “identificar” 136 “naciones y pueblos indígenas. Ese “hallazgo” no lo era. El error se puede medir al contar el número de miembros de las supuestas naciones. En 2012, los guaragsugwe eran 125; los machineri, 52; los uro-uro, 2; los tapiete, 144, etcétera. Se trataba de minorías lingüísticas, quizá de grupos culturales, pero no de naciones que se pudieran parar a pie de igualdad con la nación boliviana.

Además, las “naciones” se están extinguiendo. Un reciente informe del propio régimen determinó que, en diez años, 18 “naciones” se habrán extinguido. Los próximos a desaparecer son los urumurato, yuracarés, chácobo, toromona, tacanas, weenhayek, yukis, maropa y ese-ejja. Se extinguen porque su crecimiento demográfico es muy pequeño y porque su extinción es un acto voluntario: prima el deseo de dejar de ser “indígena” y querer incorporarse al mercado y a la civilización occidental. De modo que, en sólo diez años, el problema del multiculturalismo habrá quedado reducido a la mitad y menos.

Curiosamente, quienes más piden autonomías no son las supuestas 36 “naciones” indígenas, sino cualquier grupo que se considere “indígena-originario-campesino”, como los señores de la Marka Kamata o de Nueva Llallagua. ¡Qué ancestrales! De manera que el régimen del MAS ha creado las bases no para erigir un Estado, sino para liquidarlo mediante identidades particulares y locales.

Las autonomías indígenas –un verdadero fetiche del régimen– están empantanadas: en 2019, 11 AIOC tenían declaración plena de constitucionalidad; una tenía su estatuto admitido para declaración de constitucionalidad; una tenía sus estatutos aprobados en grande y en detalle por su órgano deliberante; dos cumplieron procesos para convertirse de GAM a AIOC; una estaba elaborando sus estatutos; 10 AIOC, que habían iniciado solicitudes de acceso vía conversión, tenían sus trámites paralizados. Además, había 11 solicitudes de acceso a AIOC vía TIOC, pero sólo contaban con la “certificación de la ancestralidad de su territorio”, uno de los requisitos más pintorescos de la legislación plurinacional.

Algunos estudios de caso describen hasta el mínimo detalle la formación de unas pocas autonomías “exitosas”. Empero, ninguno demuestra que las autonomías hayan resultado en beneficios de algún tipo para los supuestos indígenas. Por ejemplo, mejores servicios de educación o salud; más y mejores empleos o ingresos, es decir, cambios tangibles que permitan establecer una diferencia respecto a un gobierno municipal común y corriente.

La Ley de Organizaciones Políticas también concede a los pueblos “indígenas originario campesinos” un sinnúmero de ventajas abusivas: que en los municipios IOC se aplicarán las normas y procedimientos propios de los PIOC para elegir a sus diputados; que la delimitación se hará en consulta con las organizaciones IOCS; que la postulación de los candidatos se hará a través de las IOCS; que tendrán una papeleta electoral diferenciada; que los escaños serán asignados por normas y procedimientos propios de los PIOCS; que puedan elegir directamente 7 de los 130 escaños de diputados (número que puede ser suficiente para modificar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados e incluso en la Asamblea Legislativa). Estos privilegios atentan contra la idea fundamental de que ante la ley todos somos iguales.

Más intensos han sido los esfuerzos de los planificacionistas para intentar reformar el aparato mismo del Estado. Algunos cambios han sido sólo de nombre; por ejemplo: Poder Legislativo a Asamblea Legislativa Plurinacional, Poder Ejecutivo a Órgano Ejecutivo, etcétera. En estos casos, el adjetivo “plurinacional” ha servido sólo como un añadido ideológico, porque no se ha cambiado las funciones esenciales de las entidades.

También han creado nuevas instituciones, sin que ello afecte al contenido de sus funciones técnicas. Pero tres entidades –el INRA, la ABT y la APMT– han redirigido su actuación en favor de los PIOC. Juntas son las responsables principales de la deforestación horrorosa ocurrida en los 15 años del MAS que ha resultado en daños graves a nuestro capital natural y de la toma de tierras que daña gravemente las propiedades fiscal y privada y quita toda seguridad a las inversiones rurales.

Otra de las ilusiones fracasadas es la justicia indígena. No está codificada; no diferencia los roles de acusador, defensor y juez; no posee un mecanismo de apelación y ningún mecanismo de juzgamiento de los administradores de justicia. Ante esas evidentes fallas, el régimen del MAS ideó la ley de deslinde jurisdiccional que definiría qué asuntos caerían bajo qué sistema de justicia. Pero fue en vano. La ley promulgada en diciembre de 2010 no ha arrojado ningún progreso significativo en la administración de justicia. A esas alturas hay un verdadero clamor por la supresión de la justicia indígena y por el perfeccionamiento de la justicia ordinaria.

Otro asunto fracasado ha sido el de la simbología. Creyeron que la bandera, escudo y otros símbolos republicanos podrían ser fácilmente sustituidos. Pero no. La gente sigue identificándose con la bandera tricolor y el escudo de siempre. Algo similar ocurre con los personajes pretendidamente nacionales, pero en realidad sólo vinculados a la historia aymara.

A los masistas no les importa la realidad. El país ha sido tremendamente perjudicado por su imaginación irresponsable y su pésima gestión, pero ha iniciado una reacción para sacarse este mal de encima. Será bastante más rápido de lo que se cree.

“Otro asunto fracasado ha sido el de la simbología. Creyeron que la bandera, escudo y otros símbolos republicanos podrían ser fácilmente sustituidos. Pero no”.

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