Restituir y revalorizar el reordenamiento territorial

La aprobación de la Ordenanza Municipal 046, denominada “Ajuste Normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial”, (posteriormente abrogada) pretendía ser el marco jurídico técnico para el desarrollo urbano, permitiendo la construcción de edificios de hasta 40 pisos en diez zonas de La Paz, modificando el uso de suelos sin previo estudio o plan de ordenamiento territorial, con el impacto de afectar negativamente la calidad de vida y habitabilidad de los paceños.

Estudios realizados en 1977 por el plan regulador sobre las condiciones físicas de los suelos de la cuenca de La Paz, establecieron que el 62% de nuevos estudios geotécnicos (riesgos geológicos en el área urbana CAEM Ltda.) determina que el 74% del suelo está constituido por zonas de riesgo para la construcción.

El reglamento de intensidades de uso de suelo (PUS) que pretendía ser modificado, divide la ciudad en intensidades como indicador para reconocer los lugares en los cuales se concentran actividades, población, edificaciones, servicios y tráfico vehicular, reflejando así el valor y la función de cada una de las áreas urbanas y sub urbanas para regular el crecimiento.

La referida ordenanza, promovida por intereses particulares, casi prospera de no haber sido por la generalizada crítica y tenaz cuestionamiento de organizaciones profesionales y actores sociales de la ciudad. Este hecho muestra la debilidad y marginalidad en la que se encuentran las normas de ordenamiento territorial y urbanismo en la legislación nacional, departamental y municipal, evidenciándose un peligroso retroceso en la aplicación de estos importantes instrumentos , que no escapan a la desinstitucionalización generalizada del país, dando lugar a que algunos sectores intenten aprovecharse en beneficio propio.

El plan de ordenamiento territorial municipal es un instrumento de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del territorio. Su componente, el plan de uso del suelo (PLUS), es un instrumento técnico normativo que define las categorías y subcategorías de uso del suelo, así como las reglas de intervención, de uso y recomendaciones de manejo. El segundo componente, el plan de ocupación del territorio, promueve la estructuración del territorio mediante su vertebración, la optimización funcional de los centros, redes, flujos de las actividades productivas y distribución de los servicios, basada en la jerarquización de los asentamientos humanos, con el propósito de generar la regionalización.

Estas directrices y conceptos, generalmente aceptados como base para la planificación territorial, tienen una mínima posibilidad de implementarse en el país, ya que la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) Nº 777, de 21 de enero de 2016, abroga la normatividad para el proceso de ordenamiento territorial, como la resolución suprema 216779 de 21 de julio de 1996, sobre las normas básicas del sistema nacional de planificación, y la resolución suprema 217075, de 5 de junio de 1997, que definían las características y la finalidad de los planes de ordenamiento territorial, las características de los planes de uso del suelo, con las categorías de uso del suelo determinadas para el área rural y el área urbana, los procedimientos para la aprobación estos planes, las atribuciones de las instancias competentes en la gestión del ordenamiento territorial en los tres niveles: nacional, departamental y municipal.

La ley SPIE establece el plan territorial de desarrollo integral (PTDI), de mediano plazo (5 años), de los gobiernos departamentales y municipales en su jurisdicción. En el caso de los gobiernos municipales, determina que formularán el PTDI en concordancia con el plan de desarrollo económico y social (PDES) y el PTDI del gobierno autónomo departamental, articulados con los planes sectoriales de desarrollo integral (PSDI) de los ministerios, según los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El PTDI consta de dos partes: el diagnóstico (estado de situación) en el que fundamentalmente se identifican los problemas y los desafíos que involucran a los componentes: biofísico, socioeconómico, medio ambiente, gestión de riesgo, cambio climático, uso de suelos, ocupación del territorio, patrones de asentamiento urbano. Y el ordenamiento territorial y planificación (parte propositiva), que es un conjunto de acciones orientadas a resolver los principales problemas identificados en los componentes de este ordenamiento. Por su importancia, señala que la base son los planes de ordenamiento que contradictoriamente el SPIE deja sin efecto, pretendiendo en un solo documento unir y articular los planes de desarrollo y los de ordenamiento, que en los hechos los reduce a un par de variables denominadas categorizadas, ocasionando una baja calidad y consistencia en el proceso de planificación del desarrollo territorial, como se observa en los PTDI de los Municipios para el quinquenio 2021-2025.

La plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad considera que el hecho, que ha llamado la atención y preocupación de la ciudadanía paceña, es una oportunidad para que, desde la academia, los sectores profesionales, ciudadanos, entidades gubernamentales y no gubernamentales, se reflexione y se exija la restitución de los planes de ordenamiento territorial en el SPIE, por su importancia para la gestión y competitividad de las ciudades, regiones y el territorio.

La plataforma Una Nueva Oportunidad fomenta el debate pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.