#unanuevaoportunidad.org

Vamos por la reforma de la justicia

La ciudadanía tendrá que jugar su rol. Los requisitos legales han sido cumplidos y no hay base alguna para frenar la solución a la problemática.

Ideas
Por 
La Paz - domingo, 14 de agosto de 2022 - 5:00

Nuestra capacidad de asombro no se agota. Aflora día a día ante un contexto caracterizado por la incesante comisión de delitos que descubre la ausencia de instituciones protectoras de los derechos de las personas y del propio país. A la crónica roja infaltable, a la proliferación de los delitos de corrupción, se suma el desparpajo de quienes tomaron el poder en 2006 con la consigna de no soltarlo jamás, mintiendo y acusando a los otros, sistemáticamente.

Como corolario de este lúgubre escenario, desde las mismas entrañas de la bestia, sale a ojos vistas la podredumbre del malvivir que ha comenzado a enfrentar a bandos del “instrumento”, como dijo Alejandro Almaraz en una entrevista con Zulema Alanes el 1 de julio, no por “cuestiones ideológicas o programáticas”, sino por “asuntos mucho más prosaicos y sórdidos (...). Sí, por cuestiones criminales.

Sucede esto sin que la estructura destinada a la prevención y represión del delito en teoría y según la letra muerta de la ley, muestre eficacia alguna; al contrario, dejando claro que la tipificación de nuevos delitos y el agravamiento de las sanciones impulsadas por el régimen en su afán de asesinar el derecho poniendo en su lugar sus instrucciones en forma de leyes mal redactadas que únicamente sirven para que los responsables de llevar a los culpables tras las rejas, negocien con las detenciones domiciliarias y con las suspensiones de las penas de condenados por delitos muy graves.

En buen castellano, para que otros criminales ostentadores de títulos académicos se hagan millonarios a costas de la legalidad y de la seguridad ciudadana, mientras campean la criminalidad y la impunidad.

Panorama oscuro; tanto que nos ha despertado la conciencia de que los criminales nos han expropiado el país mediante la privatización más descarada de toda la historia –el “proceso de cambio”– del cual ahora sabemos consiste en hacerse del patrimonio público en favor del lumpen.

Nos indigna la sucesión de los atropellos contra los derechos humanos, facilitada por el cese de las garantías constitucionales en las manos de los asesinos de la justicia, dando lo mismo un fiscal que un juez o que ellos y cualquier magistrado; el apaleamiento de la libertad operado en los rincones de un órgano judicial convertido en el comisariato político de una dictadura, cuyos instrumentos son el pisoteo del derecho, la manipulación de las leyes dignas de llamarse así y las filosas navajas de las otras, las órdenes del poder, las antijurídicas, redactadas en los ófricos despachos de los perfectos cumplidores del perfil para ser autoridades en los tiempos que corren, resentidos por sus limitaciones y fracasos, apasionados envidiosos de los otros a quienes saben mejores, por la razón que sea.

Nos indigna el desvalimiento de la persona común sin padrino que tiene la desgracia de caer ante ese aparato de incompetencia, corrupción y abuso; el drama de los presos y perseguidos políticos que luchan por no caer en el olvido, de los exiliados y escondidos para salvarse, alejados de sus seres queridos y de las posibilidades de trabajo; de los detenidos preventivos a quienes se les ha negado la presunción de inocencia, y de los condenados, todos martirizados por un sistema carcelario pervertido en otro medio de enriquecimiento ilícito de los criminales con la complicidad uniformada.

Empero, no hace mucho hemos visto un destello de luz: los juristas independientes de Bolivia y los nueve comités departamentales impulsores de la reforma judicial, han presentado al Tribunal Supremo Electoral el resultado de su ardua labor de reflexión y debate, la propuesta de reforma judicial vía iniciativa ciudadana y posterior referéndum. Lo han hecho conforme a los procedimientos en vigencia para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y, sobre la base de la constatación afirmativa de habérselos cumplido, la extensión de los libros destinados a la recolección de firmas hasta el millón quinientas mil, como mínimo, para entonces viabilizar la realización del referéndum respectivo y lograr la reforma de 15 artículos de la Constitución relacionados con el órgano judicial.

La propuesta, cuya premisa ha sido el diagnóstico del estado actual de la justicia, ha identificado en la elección de las principales autoridades judiciales por voto, el nudo principal a desatar, planteando sea sustituido por un procedimiento de selección y designación por una comisión nacional de postulaciones, de composición idónea, cuyo trabajo será elaborar ternas con los postulantes que mejor cumplan las condiciones de calidad para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, sobre la base de una evaluación rigurosa, a fin de asegurar que las controversias se solucionen en aplicación del derecho y en pos de la justicia. De dichas ternas, la Asamblea Legislativa Plurinacional elegirá a los magistrados, debiéndose ratificar dicha elección mediante referéndum. Esto implica que no se restrinja la participación ciudadana directa en la toma de tales decisiones, garantizando la restitución plena de la independencia del órgano judicial, condenado actualmente al vasallaje político porque quienes fueron incluidos en las listas para las elecciones judiciales fueron, precisamente, siervos del régimen masista. Por consiguiente, se orienta en función de los derechos de las personas.

Puede suceder que el TSE frene la iniciativa –maliciosamente, obedeciendo las órdenes del ejecutivo– o no. “Piensa mal y acertarás” puede ser lo más sabio. En cualquier caso, la ciudadanía democrática tendrá que jugar su rol. Los requisitos legales han sido cumplidos y no hay base alguna para frenar la solución a la problemática descrita de esta manera; si la inventan, la vía de la presión social no violenta estará abierta y tendremos que tomarla, otra vez. Si no, recolectaremos más del millón y medio de firmas necesario para sostener la iniciativa ciudadana, convencidos de la legitimidad de tan importante causa, unidos y entusiasmados porque sabemos que tenemos la fuerza de la razón de nuestro lado.

Con tales intenciones y convicciones, ¡vamos a por la reforma de la justicia!

“Nos indigna el desvalimiento de la persona común sin padrino que tiene la desgracia de caer ante ese aparato de incompetencia, corrupción y abuso”.

Gisela Derpic / Plataforma Ciudadana UNO

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen.
Para más información puede contactarnos

NOTICIAS PARA TI

OTRAS NOTICIAS