Resolución ASFI/274/2020

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jueves, 4 de junio de 2020 · 00:24

RESOLUCIÓN ASFI/ 274 /2020

          La Paz, 2 de junio de 2020

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo y sus reglamentos, los Decretos Supremos Nº 4179, Nº 4196, Nº 4199, Nº 4200, Nº 4214, Nº 4229 y N° 4245 de 12, 17, 21, 25 de marzo y 14 y 29 de abril y 28 de mayo de 2020, respectivamente, la Resolución ASFI/251/2020 de 23 de marzo de 2020, el Informe ASFI/DAJ/R-61885/2020 de 1 de junio de 2020 y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la Ley”.

Que, el Parágrafo I del Artículo 332 de la Constitución Política del Estado, determina que: “Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.”, reconociendo el carácter constitucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Que, el Artículo 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, dispone que: “La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo”.

Que, el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, prevé que: “Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado”.

Que, mediante Resolución Suprema Nº 26120 de 25 de noviembre de 2019, la señora Presidenta Constitucional Transitoria de Bolivia designó al Lic. Gonzalo Guillermo Romano Rivero como Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, asumiendo medidas de prevención y contención para evitar el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19), mediante Decretos Supremos Nº 4179, Nº 4196, Nº 4199, Nº 4200, Nº 4214, Nº 4229 de 12, 17, 21, 25 de marzo y 14 y 29 de abril de 2020, respectivamente, declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con suspensión de actividades públicas y privadas, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020, habiéndose ampliado hasta el 31 de mayo de 2020.

Que, en virtud a lo señalado precedentemente, las actividades administrativas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y sujetos regulados no pueden desarrollarse con normalidad, debido a que las medidas de cuarentena implican la suspensión, entre otros, de las actividades públicas y privadas, así como la circulación de transporte público y privado, que influyen no sólo en los plazos que debe cumplir este Ente Regulador respecto a emisión de actos y actuaciones administrativas, sino también en el cumplimiento de plazos dentro de los citados procesos por parte de las Entidades Financieras, participantes del Mercado de Valores, consumidores financieros y terceros con interés legítimo.

Que, ante dicha coyuntura, con Resolución ASFI/251/2020 de 23 de marzo de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, dispuso la suspensión de plazos dentro de los procedimientos administrativos, incluidos los procesos sumarios, sancionatorios y otros que no pueden cumplirse en virtud a la suspensión de actividades públicas y privadas producto de la declaración de cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), sustanciados por y ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, en el ámbito de sus competencias, a partir del 23 de marzo de 2020 hasta que se levante la cuarentena total en el territorio nacional, a fin de garantizar el ejercicio de derechos y la aplicación de garantías constitucionales, como ser el debido proceso y el derecho a la defensa en la tramitación de los diferentes procesos administrativos que se sustancian ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

Que, el Decreto Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020, dispone la Cuarentena Condicionada y Dinámica, viabilizando la realización de actividades públicas y privadas con restricciones aplicables en función a las condiciones de riesgo. Asimismo, el citado Decreto Supremo señala en el parágrafo I, Artículo 10, que independientemente de la condición de riesgo, el sector de servicios financieros y la banca continuarán funcionando a partir de las 07:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, en todo el territorio nacional.

Que, el Decreto Supremo N° 4245 de 28 de mayo de 2020, dispone continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s, levantando la declaratoria de emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) a partir de las 00:00 horas del día lunes 1 de junio de 2020.

Que, además de establecer restricciones durante la cuarentena nacional, condicionada y dinámica y excepciones a la misma, el citado Decreto Supremo N° 4245 en su Artículo 11, dispone que las Entidades Territoriales Autónomas, en función a indicadores epidemiológicos, adoptarán las medidas reguladoras de la cuarentena en su jurisdicción e informarán a la población a través de los medios de comunicación masiva y que independientemente de las condiciones de riesgo que se determinen, los Gobiernos Autónomos Municipales, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y el nivel central del Estado, podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios, a fin de precautelar la salud de los habitantes y mitigar el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19).

Que, bajo las condiciones establecidas en el marco legal citado precedentemente, con la finalidad de restablecer en parte las actividades de los Sujetos Regulados en beneficio de la colectividad, promoviendo así la regularización paulatina de actividades, corresponde determinar los trámites que podrán ser reanudados en su atención, así como los que deberán mantenerse con plazos suspendidos como efecto de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica, hasta que se determine su expresa reanudación por  Resolución emitida por esta Autoridad de Supervisión.

Que, en este sentido, toda vez que el Decreto Supremo N° 4245 de 28 de mayo de 2020, dispone que las Entidades Territoriales Autónomas adoptarán las medidas reguladoras de la cuarentena en su jurisdicción, incluyendo la posibilidad de que los Gobiernos Autónomos Municipales, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y el nivel central del Estado, podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios, lo cual implica la existencia de restricciones para el  desarrollo de las actividades de manera regular de la población afectada, resulta necesario mantener la suspensión del cómputo de los plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos tales como los procesos sumarios, sancionatorios y otros que no pueden cumplirse por parte de los sujetos regulados y terceros interesados, con la finalidad de no causarles indefensión u ocasionar la vulneración de sus derechos constitucionales.

Que, por otra parte, tomando en cuenta que la actividad administrativa debe regirse, entre otros, por los principios de eficacia; de economía, simplicidad y celeridad; impulso de oficio e imparcialidad, lo cual implica que todo procedimiento administrativo en el que medie el interés público debe desarrollarse con economía, simplicidad y celeridad, evitando dilaciones indebidas, para que logre su finalidad, corresponde reanudar los plazos de los siguientes trámites administrativos: apertura, cierre y traslado de sucursales o agencias,  aprobación y registro de Contratos Modelo, aprobación de Reglamentos de Cuentas de Caja de Ahorro, no objeción a modificaciones de Estatutos, adecuación de Licencias de Funcionamiento, autorización de emisión de valores, autorización de emisiones estructuradas a partir de procesos de titularización y autorización de Fondos de Inversión, trámites relacionados a la gestión patrimonial de las entidades y los relacionados a solicitudes de no objeción para proceder a la Licitación Pública de Seguros Colectivos. La reanudación de la atención de los trámites señalados precedentemente que se encuentren en curso, procederá previa solicitud escrita de la Entidad Supervisada, siendo admisible además que los sujetos regulados inicien nuevos trámites para los casos señalados.

Que, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 45 del Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003, modificado por el Decreto Supremo Nº 3525 de 4 de abril de 2018, la autoridad administrativa puede disponer notificaciones mediante correo electrónico u otros mecanismos digitales, siempre que los administrados se registren mediante la aceptación escrita o aceptación por medios digitales de esta modalidad de notificación, en la que conste la conformidad del administrado, por lo que corresponde disponer que las entidades supervisadas registren el correo electrónico de un representante legal, aceptando que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero notifique a la Entidad por ese medio electrónico, en la nota de solicitud presentada al momento de iniciar su trámite o a través de la solicitud escrita citada en el párrafo precedente para el caso de trámites en curso. La confirmación de envío al interesado al correo electrónico señalado, incorporada al expediente, acreditará de manera suficiente la realización de la diligencia.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe ASFI/DAJ/R-61885/2020 de 1 de junio de 2020, se estableció la necesidad de mantener la suspensión del cómputo de los plazos dentro de los procedimientos administrativos tales como los procesos sumarios, sancionatorios y otros que no pueden cumplirse por parte de los sujetos regulados y terceros interesados, hasta que se determine su expresa reanudación por Resolución emitida por esta Autoridad de Supervisión y reanudar los plazos de los trámites detallados en el considerando anterior; debiendo disponerse la notificación electrónica de los actos administrativos relacionados a estos, recomendando emitir Resolución Administrativa a los fines indicados.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y demás normativa conexa y relacionada.

RESUELVE:

PRIMERO.-   Mantener la SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS dentro de los procedimientos administrativos, incluidos los procesos sumarios, sancionatorios y otros que no pueden cumplirse por parte de los sujetos regulados y terceros interesados, hasta que se determine su expresa reanudación por Resolución emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

SEGUNDO.-   Reanudar los plazos de los siguientes trámites: apertura, cierre y traslado de sucursales o agencias,  aprobación y registro de Contratos Modelo, aprobación de Reglamentos de Cuentas de Caja de Ahorro, autorización de captación de depósitos a través de Cuentas de Caja de Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo, no objeción a modificaciones de Estatutos, adecuación de Licencias de Funcionamiento, autorización de emisión de valores, autorización de emisiones estructuradas a partir de procesos de titularización y autorización de Fondos de Inversión, trámites relacionados a la gestión patrimonial de las entidades y los relacionados a solicitudes de no objeción para proceder a la Licitación Pública de Seguros Colectivos, disponiendo que la reanudación de la atención de los  mismos procederá previa solicitud escrita de la Entidad Supervisada, siendo admisible además el inicio de nuevos trámites para los casos señalados.

TERCERO.-    Disponer la notificación electrónica de los actos administrativos relacionados a los trámites detallados en el Resuelve Segundo de la presente Resolución, debiendo las entidades supervisadas registrar el correo electrónico de un representante legal, aceptando que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero notifique a la Entidad por ese medio electrónico, en la nota de solicitud presentada al momento de iniciar su trámite o través de la solicitud escrita citada en el resuelve segundo para el caso de trámites en curso.

CUARTO.-      Instruir la publicación de la presente Resolución Administrativa en un órgano de prensa de circulación nacional, conforme a lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 y en el sitio web de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

Regístrese, comuníquese y archívese.

 

 

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