La economía, de la bonanza al retroceso

El bajón fue confirmado por autoridades y sectores; y el 67% de la gente opina que hay crisis económica.
domingo, 2 de octubre de 2016 · 00:00
Marco Zelaya  / Inversión

Hay una Bolivia antes de que comenzaran a caer los precios de las materias primas y hay otra en la que han comenzado a aparecer las palabras baja, enfriamiento y hasta crisis, precisamente por el descenso de los ingresos por esas exportaciones de commodities.
 
La "Década de oro”, denominada así por el vicepresidente Álvaro García Linera, y conocida más popularmente como la década de bonanza, ha llegado a su fin y ahora, como en todo ciclo económico, corresponde una caída, a la cual el Gobierno no está habituado. O, lo que es lo mismo, ahora al presidente Evo Morales le toca gobernar a un país más real, con menos ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas natural, derivados de los precios elevados del petróleo, hoy a la baja.
 
Si hasta hace poco el Gobierno mantenía la previsión de un 5% de crecimiento del PIB, ahora se ha visto obligado a rebajarla a 4,7% y es posible que hasta fin de año baje inclusive más, aunque Bolivia será, según el Banco Mundial, el FMI y la CEPAL, uno de los países que crecerá más en una región con una fuerte tendencia a la baja. El Gobierno incluso ha enviado la señal de que tiene dudas sobre el pago del segundo aguinaldo para este año, que se paga cuando el crecimiento es igual o mayor a 4,5%. Y, de hecho, el empresariado ha emitido una señal de alerta: esa obligación adicional, que equivale a otro sueldo mensual, obligaría a muchas de ellas a cerrar sus puertas, con lo cual se incrementaría el desempleo.
 
El bajón económico, en tanto tendencia que reemplaza a la bonanza, ha sido confirmado oficialmente por el presidente Evo Morales en su informe-discurso al país por la efeméride patria, en Tarija.
 
"No podemos ocultar, a mayo de este año, de acuerdo al índice global de actividades económicas, se entiende cómo hemos caído en crecimiento económico a 4,3%”, reconoció, aunque aclaró que el informe "no está tan confirmado”.
 
El retroceso se fundamenta, según las declaraciones de Morales, en una caída trimestral del PIB, porque descendió de 4,9% en marzo a 4,3% en mayo.
 
Además, afirmó que es una "enorme preocupación” para el Ejecutivo la tasa de desempleo, que mostró una tendencia, en el último año, a crecer.
 
El indicador más bajo, durante sus casi diez años de mandato, fue de 3,5%, en 2014, pero la tasa de desempleo se incrementó a 4,4%, aunque es menor a la que se presenta en América Latina, que en promedio llega a 8,1%.
 
Menos ingresos
Pero los síntomas del retroceso económico -más que un enfriamiento- también se registraron en la definición de los presupuestos para los gobiernos subnacionales, las universidades públicas y otras entidades que dependen de la coparticipación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el más importante del país, que se aplica a la producción de gas natural.
 
El ministro de Economía, Luis Arce, admitió que se ha registrado una reducción de las recaudaciones del IDH.  Hasta agosto de este año, la caída fue del 45% con respecto al mismo periodo de 2015.
 
La recaudación pasó de 7.999 millones de bolivianos, entre enero y agosto de 2015, a 4.391 millones en el mismo periodo de 2016. 
 
Con menores recursos para financiar obras, las regiones han recibido la clara señal de ajustarse los cinturones para sobrevivir, aunque la disminución de estos recursos podría crear serios problemas primero fiscales y después sociales, traducidos en protestas, pues la lógica económica señala que tanto en las familias, las empresas y las entidades como en las gobernaciones o alcaldías es difícil lograr que de un patrón relativamente elevado de inversión y gasto se baje de la noche a la mañana a otro menor, sin que esto implique serios ajustes que pocos están en condiciones de aceptar.
 
El ministro Arce ha anticipado que los techos presupuestarios para las gobernaciones, municipios y universidades públicas bajarán, en promedio, en un 13% con respecto a lo programado para este año, lo cual prefigura la dimensión del desafío de austeridad que tienen esas entidades para la próxima gestión.
 
En 2017, tales techos presupuestarios sumarán  17.930 millones de bolivianos, mientras que para este año lo planificado fue de 20.590 millones de bolivianos. Los techos presupuestarios, según la entidad, incluyen los ingresos por IDH, por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados, las regalías y la coparticipación tributaria, entre otras fuentes. 
 
El recorte, de hecho, implica una caída de la inversión pública que ejecutan las entidades que están más cerca de las demandas ciudadanas y, también, un golpe a la empresas que ejecutan esas obras, especialmente a las constructoras.
 
Reporte preocupante
La Cámara Departamental de Construcción de Santa Cruz  reportó, el miércoles 29, el cierre de 361 empresas del sector en todo el país, debido a una menor actividad por la  caída de ingresos en las gobernaciones y alcaldías y la entrega de grandes proyectos del Estado a compañías extranjeras, en especial de China.
 
"Hay que señalar que no  estamos en la misma situación económica  de anteriores años y afecta a todos  los sectores. La inversión pública ha caído  un 30% por la baja de ingresos de hidrocarburos para municipios y gobernaciones y la repercusión  ha sido el retraso en el pago de las planillas a empresas”, explicó el gerente de esa Cámara, Javier Arze.
 
Esta situación ha llevado, según ese ejecutivo, a que las empresas tengan que trabajar con su  propio capital para cumplir sus contratos.
 
A estas dificultades, se ha agregado la tendencia gubernamental a firmar contratos estratégicos del sector de la construcción con empresas extranjeras  y en los cuales las compañías bolivianas no tienen ninguna participación, pese a que en su momento demandaron que, por norma, se les asigne hasta un 30% de participación.
 
El retroceso económico golpeará más a este dinámico sector, que genera 700 mil empleos directos y al menos 1,5 millones de empleos indirectos en el país, después de una etapa en la cual se llegó a hablar inclusive de un boom de la construcción y hasta de una sobreoferta inmobiliaria, promovida, en parte, por los créditos de vivienda.
 
El nuevo entorno
Una reciente encuesta publicada en el matutino Página Siete ha revelado que el 67% opina que hay crisis económica, aunque los expertos han afirmado que las familias aún no la sienten en los bolsillos.
 
Esa falta de recursos ha comenzado a crear conflictos para el Gobierno, que fundamenta su solidez política en alianzas corporativas y clientelares.
 
Basta citar como ejemplo el duro enfrentamiento con los mineros cooperativistas, entre el 10 y 25 de agosto, que ha derivado en la muerte de cinco trabajadores y del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien fue torturado y asesinado por los aliados del Gobierno; una sociedad, por cierto, que comenzó a agrietarse cuando el Ejecutivo quiso poner, aunque tarde, límites a las ambiciones de los cooperativistas -con representación legislativa e incluso en el Gobierno-, quienes exigían más y más áreas mineras y que no aceptaban que sus empleados accedieran a derechos laborales elementales. 
 
En este nuevo contexto, resulta difícil prever cómo actuará un Gobierno hasta ahora habituado a gestionar los elevados ingresos por las exportaciones de gas, que han comenzado a disminuir a causa de la gradual, y profunda, caída del precio internacional del petróleo, que no tiene visos de recuperación. 
 
 
Los efectos en el contexto político
El acaso peor año del Gobierno no sólo se debe a lo que los encuestados por Página Siete identifican como crisis, sino también a la corrupción; en ese citado estudio, el 44% opina que el principal problema del Ejecutivo es la corrupción, en tanto que el 22% cree que es la incapacidad de sus funcionarios y el 18%, la soberbia. 

El caso de la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, quien se enriqueció de la noche a la mañana y que fue sindicada de haber usado sus influencias para que la empresa china CAMC, para la cual trabajaba como gerente comercial, se adjudicara millonarios contratos del Estado, y el escándalo del Fondo Indígena, un desfalco cometido por dirigentes de los movimientos sociales, también aliados corporativos del partido de Morales, aún no se cierran y mellan la credibilidad del otrora poderoso bloque político en el poder.  
 
No obstante, el Presidente, afectado por la crisis, la corrupción y el giro político en la región, que marca el fin del llamado populismo, da constantes señales de que buscará otra reelección, que lo lleve a controlar el poder por lo menos desde 2019, cuando se cumplirá su mandato, hasta 2025, pese a que el referendo del 21 de febrero de este año dijo no a esa pretensión.

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