Carta del editor

El conflicto por Enatex

domingo, 26 de junio de 2016 · 00:00

Marco Zelaya

El cierre de la textilera estatal Enatex ha derivado en un conflicto entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, que se ha traducido en tres días de un paro nacional de labores. Es raro que los dos aliados, que en los últimos 10 años sostuvieron una relación armónica y firme, estén ahora enfrentados por la decisión que asumiera el Ejecutivo, bajo el argumento de que las operaciones de la compañía eran económicamente insostenibles. 
 
El decreto que formalizó la transformación de Enatex en una empresa de servicios dejó cesantes a más de 800 trabajadores, que después de protestar –y de cobrar sus finiquitos- encontraron apoyo en la COB, que ahora pide la reversión del cierre de la textilera estatal. La posición del Gobierno, desde el inicio de los paros, no ha variado: la medida es irreversible. 
 
¿Qué causó el cierre de Enatex? Ametex, la compañía fundada por el empresario Marcos Iberkleid, perdió sus mercados después de los atentados terroristas del 11-S en Estados Unidos, a lo cual se sumó la finalización del acuerdo comercial ATPDEA y el ambicioso endeudamiento al que recurrió la textilera en previsión a crecientes ventas, que después se convirtieron en pérdidas. La empresa arrastraba problemas financieros, al extremo de que una junta de acreedores la administraba cuando se definió su traspaso al Estado. 
 
Ya en el ámbito público, la compañía empeoró, porque, según expertos, nunca sus ingresos superaron sus costos, por lo cual el problema financiero de origen se convirtió en una crisis terminal. 
 
El Gobierno ha justificado la compra de la empresa por razones "sociales”. Es decir, para mantener los empleos y evitar una crisis social. De todos modos, el Ejecutivo se vio obligado a cerrarla porque era como un barril sin fondo que exigía más y más recursos. 
 
Como se han asignado fondos públicos, se precisa un informe sobre cómo se administraron éstos y por qué no lograron reactivar la empresa. El caso de Enatex lleva a preguntarse por la gestión de las restantes empresas públicas. 

 

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