Producción

Agricultura familiar vs transgénica

Investigaciones apuntan a que el uso de transgénicos no ayudó a aumentar la productividad de la soya.
domingo, 14 de agosto de 2016 · 00:00
Natalí Vargas  / Inversión

"No existe registro oficial ni científico que pruebe que la productividad en el país haya aumentado gracias a los cultivos genéticamente modificados (GM) y sus paquetes tecnológicos”, afirma la  doctora en biotecnología Georgina Catacora, asesora de la Unidad de Coordinación del  Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica (UC-CNAPE).

Otro dato: según el Gobierno, al menos el 70% de los alimentos que se venden en el mercado interno provienen de la agricultura familiar. El resto es atendido por la agroindustria, cuya producción en un 80% se va al mercado externo. En el sector agrícola nacional se registran 740 mil productores, de los cuales el 99% pertenecen a la agricultura familiar comunitaria.

Un estudio del Centro de Promoción e Investigación del Campesinado (CIPCA) revela que -entre  2010 y 2011- el 53% de la producción familiar campesina (promedio nacional) fue destinado al consumo propio y  un 36% al mercado interno, y específicamente en el altiplano este porcentaje inclusive bajó a sólo  11%, ya que el consumo propio en ese sector representa el 61%, el resto es destinado al trueque y a la reserva de semillas, entre otros.

Estos datos parecen ir en contra  de los argumentos de los productores agroindustriales del país. A fines de julio, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Reinaldo Díaz, propuso al Gobierno  que se abra a la regulación del uso de la biotecnología para permitir mayor  producción y así abastecer al mercado interno, pero también para ser competitivos en el mercado internacional. 

"Solicitamos esto, teniendo en cuenta que recientemente salieron dos informes, uno de la Organización Mundial de la Salud y otro de la Academia  de Ciencias de EEUU, en los que se que revelan que los cultivos genéticamente modificados  y el herbicida glifosato no afectan a la salud”, indicó Díaz en un foro organizado por la institución que preside y por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

De todas maneras, para la UC-CNAPE, que los transgénicos sean dañinos o no para la salud "todavía no es un tema cerrado”. Cuentas considera que  el asunto aún  está en debate, al igual que la rentabilidad  de los cultivos transgénicos. "Son temas que dan lugar todavía a muchas investigaciones”, asevera el funcionario. 
 Soberanía y seguridad alimentarias

El coordinador de la UC-CNAPE, Delfín Cuentas, indica que el país apuesta por la seguridad  y la soberanía alimentarias. "En el sector agroindustrial producimos soya, pero no toda la soya va para el consumo boliviano,  consumimos el aceite y tal vez algunos ingredientes que van en los jugos o  la leche de soya. Eso  tenemos de la soya, que es transgénica y viene de este sector, pero la gran producción de soya va a alimento de animales, es un ingrediente principal para otros países, es un commodity para la exportación”, enfatiza.

La soya tolerante al herbicida glifosato es el único cultivo  GM autorizado y cultivado desde el 2005 en el país. Si se analiza datos oficiales antes y después de la aprobación de soya GM, el promedio de productividad es similar: 1,98 toneladas por hectárea los cinco años antes de la aprobación de la soya GM, y 1,80 toneladas por hectárea los cinco años después (cuando el 92% de la soya producida era GM). "Por tanto, no ha habido incremento en la productividad por la adopción de la soya GM”, asegura  Catacora. 

Si bien se  registró un incremento en los volúmenes totales de producción de soya (toneladas al año), ésta, según la UC-CNAPE, se  dio por la expansión de su cultivo sobre otros  y el bosque; pero no por el incremento de la productividad (toneladas por hectárea).

El éxito posiblemente está en la superficie  a cultivar, con semillas GM se llega a producir en mayor superficie.
 
Empero, Cuentas explica que ésa es una necesidad estrechamente ligada a los monocultivo en  grandes superficies. 

Si el Gobierno levanta las limitaciones al cultivo de transgénicos, dice, "se pone en riesgo la agricultura familiar y antes de hacerlos se necesitará de un muy fuerte respaldo que empuje esa decisión”.

 La decisión

Abrirse o no a los cultivos GM aún es un tema pendiente para el  Gobierno. Aunque la Ley de la Madre Tierra y la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria protegen la agricultura familiar y orgánica, hay una pugna con razones fuertes de un lado y del otro. Están el sector de la producción agroindustrial del oriente del país y el de la agricultura familiar, con un enfoque un tanto más ambiental y social.

"La democratización del acceso a la tecnología relativa a cultivos GM va a requerir un contexto institucional diferentes al actual. Es decir, sin el oligopolio que desde hace más de 20 años controla el desarrollo, producción y venta de semillas GM y los plaguicidas utilizados en su cultivo”, afirma Catacora. 

La investigadora manifiesta que  cuando los promotores de cultivos GM hablan de "democratización de la tecnología”, en realidad apuntan a la apertura de mercados de semillas GM y plaguicidas. Por ello, dice, el cultivo de organismos GM no es compatible ni factible para todos los actores productivos, especialmente para dos tipos de productores:  los que tienen poca capacidad de inversión y los productores con sistemas diversificados, como  familiares y de subsistencia, y la mayoría de la agricultura campesina y de pequeña escala.

 

La necesidad de democratizar el uso de la biotecnología

A principios de año, la fitopatóloga María Mercedes Roca, investigadora boliviana y docente del Instituto Tecnológico de Monterrey (México), habló ante  Inversión  de la necesidad de que las universidades públicas hagan  investigaciones para  que el acceso a las tecnologías de mejora de cultivos y a la información sea  democratizada. Lamentó  que,  "debido a  reglamentaciones, las investigaciones  sean frenadas en el avance de la biotecnología”. 

"Los estudios actualmente son tan caros que los  centros de investigación universitarios no son competitivos.
 
Prohibir la agricultura biotecnológica no me parece la política más coherente, porque no hay daño que pueda probar la ciencia”, declaró.
  
Empero, para la biotecnóloga Georgina Catacora, asesora de la Unidad de Coordinación del  Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica (UC-CNAPE), "la verdadera democratización de las múltiples soluciones tecnológicas y biotecnológicas se  dará mediante el fomento de diferentes formas de producción que incluyan sistemas eficientes como la producción diversificada y agroecológica, y no sólo monocultivos dependientes de insumos sintéticos y externos”.

 

 
 
 
 

 

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