Carta del editor

Concesiones desmedidas

domingo, 28 de agosto de 2016 · 00:00
Marco Zelaya
 
Los conflictos suelen madurar por largos años si un gobierno no es capaz de afrontarlos y resolverlos a tiempo. Y peor si, como en el caso del actual conflicto entre el Ejecutivo y los cooperativistas mineros, el Ejecutivo, en vez de un potencial problema, pensó que tenía ante sí la oportunidad de una alianza política.
 
La actual crisis comenzó a gestarse en el momento en que el Gobierno creyó que podía aliarse con los cooperativistas mineros sin que esto trajera consecuencia alguna. De múltiples maneras, el Palacio Quemado ha pagado los altos costos de la ambición política de contar con los votos de los cooperativistas. Sabía, sin embargo, que tomaba como aliado a un sector cuyas demandas no tienen fin. 
 
La cadena de demandas comenzó en 2006, cuando el Gobierno, para resolver el conflicto entre los cooperativistas y los mineros sindicalizados por el cerro Posokoni, tuvo que incorporar a más de 4.000 cuentapropistas a las planillas del Estado.
 
Otro eslabón de esa larga cadena fueron las concesiones de áreas mineras al sector, que además se ha caracterizado por avasallar las minas rentables, es decir, aquellas que ya producen y que no precisan nuevas inversiones en exploración; gradualmente, gracias a los cooperativistas, se ha producido una depauperación de la minería boliviana, porque este sector trabaja en condiciones precarias y dañinas para el medio ambiente. 
 
También cuentan los fondos creados por el Gobierno para las "inversiones” de los cooperativistas –¿no huele esto a otro Fondo Indígena?- , las donaciones de maquinaria y equipos, además de la condonación de deudas, entre otros beneficios que ha recibido de su aliado, el Gobierno. 
 
La pretensión de firmar contratos con empresas extranjeras, de mantener a asalariados en condiciones laborales precarias y de exigir más y más áreas mineras estatales es lo que ha desencadenado este lamentable conflicto. Se percibe, en estos hechos de sangre, la incapacidad de ejercer la coerción para que los cooperativistas cumplan la ley, como todos los ciudadanos.

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