Carta del editor

Seis normas tras el conflicto

domingo, 04 de septiembre de 2016 · 00:00

Marco Zelaya

 

 

Cinco decretos y una resolución suprema han cerrado, desde el punto de vista del Gobierno, el conflicto con los cooperativistas mineros, que ha dejado en total seis muertos: un viceministro y cinco mineros cuentapropistas.

El decreto principal revierte las áreas mineras que los cooperativistas habían arrendado, mediante contratos de riesgo compartido, a empresas privadas; se trata de concesiones otorgadas a las cooperativas, pero que éstas subarrendaban o subalquilaban, para obtener una renta jugosa y fija, a cambio de ceder los derechos que habían logrado sobre esas minas; es decir, un negocio redondo, porque recibían dinero de socios privados, nacionales o extranjeros, sin mover ni un dedo; su posición rentista derivaba de poner en juego su rol de firme socio del Gobierno, que hasta hace poco, cuando había mucho dinero, le daba más y más prebendas.
 
También  volvieron al control del Estado las áreas ociosas bajo el control de los cooperativistas.

Otro decreto, no menos importante que el anterior, tiene relación con los empleados de los cooperativistas, los denominados "kajcheros” o peones, es decir, los jornaleros que por una paga miserable arrancaban minerales a las vetas manejadas por sus empleadores; ahora esos empleados, sometidos a un trato laboral inhumano, están al amparo del Código del Trabajo.
 
Transcurrió más de una década para que el Gobierno se percatara de que estos peones eran explotados sin conmiseración alguna por sus socios cooperativistas.

Una resolución, además, elimina las retenciones o recaudaciones a favor de los cooperativistas, que reportaban anualmente enormes sumas de dinero para el sector. Aunque tarde, y después de justificar lo injustificable, el Gobierno ha prohibido nuevamente el uso de dinamita en las movilizaciones públicas.

Los medios del oficialismo han afirmado que con la emisión de estas seis normas el Ejecutivo tomó el control del cooperativismo minero. Eso es falso. En todo caso, no hizo otra cosa que rectificar sus propios errores. Esas normas reflejan la negligencia que creó las condiciones para que estallara el conflicto.

 

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