Opinión

Plan 3.000: ¿aliados o premoción?

domingo, 27 de octubre de 2019 · 08:08

Flavio Machicado

Los incendios de la Chiquitania se han extendido a los tribunales electorales departamentales de Sucre, Tarija y Santa Cruz. Extrañamente, en recintos electorales que representan un poder del Estado la Policía Nacional no  estuvo presente para resguardar de actos de extrema violencia. 

Por lo visto, el Gobierno no tiene reparo alguno para evitar estos actos vandálicos o los enfrentamientos entre bolivianos. Es decir, el Plan 3.000 parece  eternizarse en el poder o dejar que el país arda en llamas.

La juventud representa dos millones de votantes en el país. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, se lamentó en una reciente entrevista que estos jóvenes se hayan formado en un “país estable”, por lo que desconocen los vaivenes de la política y economía de épocas anteriores. 

La Ministra asume, por ende, que la juventud está “mal acostumbrada” y desconoce la historia. No obstante, el Gobierno ha llamado a sus huestes a salir a las calles, seguramente con la intencionalidad de educar al pueblo en esos lugares.

Bolivia ha sido gobernada en las calles, testamento de la falta crónica de institucionalidad. Es así que, ante el desconocimiento de la legitimidad de los resultados de estas elecciones, el canciller Diego Pary Rodríguez solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que audite los votos de los comicios, descalificando la autoridad del Órgano Electoral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, al aceptar dicha solicitud puso como condición que sus conclusiones sean de “cumplimiento vinculante” (obligatorio).   

Difícil tarea ante la renuncia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, por “la desatinada decisión de la sala de suspender la publicación de los resultados preliminares electorales-TREP”, ya que estaríamos en una situación de incertidumbre que se viene repitiendo demasiado, dando lugar a un escenario donde la elección para el más alto cargo del Estado estaría viciada por ilegalidad e ilegitimidad al mismo tiempo. 

Ante este vacío político, institucional, ético y moral, el pueblo no tuvo otra opción que recurrir al instrumento constitucional del cabildo. Una vez más, debemos dirimir las diferencias en las calles, con un alto costo en estabilidad, paz y seguridad ciudadana que sigue con las cicatrices del discrecional desconocimiento de su voluntad expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016, por lo que esta vez está muy atenta y presta a defender su voto, que es sagrado en una auténtica democracia. 

Obviamente, la falta de institucionalidad permite discrecionalidad y abuso de poder, por lo que el MAS vencía fácilmente en el campo. Sin embargo, por su premura ahora la buscó en los consulados del exterior, especialmente donde existe una población numerosa y servidores públicos afines. Por eso se cerraron los centros de votación anticipadamente, sin dejar ingresar a observadores a verificar el escrutinio. Por ello, Evo Morales fue a Buenos Aires, donde además dijo a los votantes: “Tenemos mucha tierra recuperada” (de la Chiquitania), ofreciéndolas como si fueran suyas y en contra de las reglas de juego, sin darse cuenta de que para tener más votos sólo le bastaban los diplomáticos que estaban dispuestos a “dibujar” los resultados electorales a su nombre.

La OEA ha sugerido al Gobierno que cualquiera fuera el resultado del conteo, se convoque a una segunda vuelta en aras de la paz y la convivencia pacífica. 

Evo no tendría por qué preocuparse porque ese ha sido el discurso del MAS para forzar su participación en las últimas elecciones generales. Que el pueblo decida.

Confidencial

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