Enrique Velazco Reckling

Frenar el contrabando, ¿con militares o con sentido común?

domingo, 10 de noviembre de 2019 · 00:02

El Gobierno ha fortalecido el rol de las FFAA en la lucha contra el contrabando al autorizar el uso de armas de guerra. Si la falta de control fronterizo fuera la causa del contrabando, la decisión gubernamental podría ser una acción en la dirección correcta. El problema es que no es así.

¿Por qué hay contrabando? Las fronteras desguarnecidas son un factor que facilita esta actividad, pero está muy lejos de ser una de sus causas determinantes. Hay contrabando hacia una economía cuando existe alta demanda por determinados bienes que no se producen, son muy caros o están prohibidos internamente, pero que están disponibles fuera de ella. En este sentido, el contrabando es consecuencia de políticas públicas que generan incentivos para hacerlo e, incluso, premian en la práctica a quienes lo hacen. 

En las sociedades opulentas, el contrabando mayormente comprende bienes exóticos y de muy alto valor comercial, mientras que en economías pobres incluye bienes de consumo como papel higiénico o alimentos. En Bolivia es especialmente significativo el contrabando de los “lujos para pobres”: vehículos usados y ropa “a medio uso”.

Erradicar totalmente el contrabando es probablemente imposible en la mayoría de las sociedades; perola evidencia empírica sugiere que las políticas de defensa del mercado interno y las de articulación con los mercados externos son básicas para desalentarlo. Y lo son aún más las que garantizan a los consumidores (los hogares) un ingreso laboral que les otorgue la capacidad de consumo que necesita el aparato productivo interno para ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda. La pregunta del millón entonces es: ¿qué políticas explican la magnitud y la estructura del creciente contrabando “institucionalizado” que ingresa a Bolivia?

Varias investigaciones identifican entre los posibles factores influyentes, al tipo de cambio, a la escasa diversificación y a la muy baja productividad del aparato productivo; pero estos factores no son las causas-raíz, sino rasgos de una realidad moldeada por malas políticas entre las que destaca la política fiscal-tributaria focalizada en metas de recaudación como único objetivo, pero además concentradas en un debilitado aparato productivo y en un decreciente poder adquisitivo del salario para el consumo de los hogares.

Sin incluir el IDH, en Bolivia casi el 80% de las recaudaciones son de impuestos indirectos pagados por el consumidor final. Desde el punto de vista de los productores y de los consumidores, esta realidad tiene consecuencias que alientan el contrabando. 

Primero, todos los impuestos son finalmente trasladados a los precios de los productos, lo que los encarece en la proporción que los impuestos inciden en costos, y hace económicamente atractivo ofrecer productos externos de menor precio. Segundo, como el consumidor final es quien eventualmente paga todos los impuestos, se reduce su ingreso disponible y su capacidad de consumo, orientando su preferencia hacia el consumo de productos más baratos. El resultado combinado a mediano plazo es que la producción interna tiende a desaparecer y se desalientan las inversiones productivas nuevas, con lo que se reducen el empleo productivo y los ingresos laborales; en reacción a estas tendencias, aumenta el empleo en actividades informales (e ilegales, como el propio contrabando), acelerando el deterioro del aparato productivo.

Recuperando una de las demandas de la Pequeña Industria boliviana en 1990, frenar el contrabando y la desindustrialización del aparato productivo depende del sentido común en el Ministerio de Economía y Finanzas, no de la movilización de los militares a las fronteras.

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