Análisis

¿El modelo de desarrollo para la agropecuaria tiene futuro?

Señala que con el MAS, la Agricultura Familiar Campesina sigue estancada y la Agricultura Comercial Expansiva fue objeto de políticas públicas favorables.
domingo, 03 de noviembre de 2019 · 01:05

Reynaldo Marconi  / La Paz 

La tragedia de la Chiquitania ha desnudado las fragilidades del modelo de desarrollo y las políticas públicas aplicadas para el sector agropecuario y forestal. El contexto actual obliga a debatir sobre el futuro de la agricultura del país. ¿El modelo de desarrollo aplicado para el sector tiene futuro?

En el pasado reciente, el modelo de desarrollo del sector agropecuario se fue estructurando a base de la convivencia de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en sus diferentes facetas y la Agricultura Comercial Expansiva (ACE) basada en la Expansión de la Frontera Agrícola (EFA). Este modelo dual inicia su estructuración en las décadas de los años 60/80 del siglo pasado. El impulso generador es la adopción de la política de EFA, para promover la sustitución de importaciones de los productos básicos (Plan Bohan diseñado en 1943) y que fue activada bajo el MNR, con el denominativo de la Marcha al oriente, asociada a planes de colonización. 

Los productos involucrados fueron  sucesivamente el arroz, la caña de azúcar, el algodón  y otros cultivos en escala comercial. Bajo el periodo neoliberal, las políticas públicas respaldan incondicionalmente el desarrollo de la ACE, cuya producción se destina a la agroindustria y a la exportación. 

Se gestan y consolidan el sector soyero y otros productos de escala comercial. Emerge e incide en las políticas públicas un sector empresarial vinculado a la ACE y la agroindustria. Por otro lado, la AFC fue relegada, quedó estancada, y, poco a poco, perdió relevancia como fuente principal de provisión de alimentos para los bolivianos. Con los años, la estructura agraria se reconfigura, en la que  la AFC se perfila  en tres subsectores con modelos diferenciados de inserción en mercados: el primero produce alimentos de autosubsistencia y para el mercado local; el segundo es proveedor de la agroindustria (se mimetiza en la ACE), con el concurso de los grupos de migrantes locales. El tercer subsector corresponde a los productores vinculados al mercado de “comercio justo” para los rubros de café, cacao y quinua, reclamando su apelativo de “producción orgánica”.

 Por el lado de la ACE, cuyo fundamento es la EFA, el proceso irrumpe con los planes de colonización dirigida y espontánea en las décadas de los  años 60/70, que involucra a inmigrantes de zonas pobres del país, colonos menonitas e inmigrantes japoneses, de quienes se dice que iniciaron los cultivos de soya. Luego a inicios de los años 90, la EFA toma cuerpo asociado al proceso de deforestación. 

Este impulso de la ACE involucra a los propietarios de los grandes latifundios cruceños, ganaderos, la llegada de nuevos propietarios de tierras provenientes de Brasil y Argentina principalmente, que avanzan con la EFA a costa de mayor deforestación. El proceso se consolida en favor del sector de la ACE a mediados de la década del 2000, con la llegada de empresas transnacionales vinculadas a la agroindustria, cerrando el ciclo de la cadena de la soya. Bajo el gobierno del MAS, la AFC continúa relegada y estancada; la ACE es objeto de políticas públicas favorables. 

El hito culminatorio es el acuerdo de 2012, entre el Gobierno y el empresariado cruceño,  cuando se pacta que la EFA se incremente de 3,5 millones de hectáreas, registradas ese año, a 10 millones de hectáreas planificadas para 2025. Esta tendencia de apoyo a la ACE y desatención de la AFC estuvo vigente durante los gobiernos neoliberales y fue acentuada en los años del MAS, y se evidencia críticamente en tres hechos: acceso a la tierra (saneamiento y titulación), desarrollo de la superficie cultivada y crecimiento sectorial. 

El proceso de saneamiento y titulación impulsado desde 1996 es cuestionado, por cuanto a pesar de los avances en titulación de las Tierras Comunitarias de Origen y los otros resultados previos, la normativa  y la administración han facilitado el “acaparamiento y concentración de tierras” al haber sido conducido dicho proceso, supeditado a presiones económicas y políticas, según especialistas del sector. 

Las denuncias sobre la Chiquitania, de avasallamientos y asentamientos ilegales que han beneficiado a los interculturales vinculados al poder político, profundizan la interrogante sobre la pertinencia de la normativa e institucionalidad para la EFA. Como ejemplo, de acaparamiento y concentración, se recurre a la información de la Fundación Tierra sobre el control de la tierra destinada al cultivo de la soya, en la que la pequeña producción (hasta 50 hectáreas) representa el 78% de los productores, pero controla sólo el 9% de la superficie cultivada; mientras que gran propiedad (más de 1.000 hectáreas),  que representa el 2% de los productores, controla el 70% de las hectáreas cultivadas. La propiedad mediana (51-1.000 hectáreas) representa el 20% de productores y controla el 20% de la superficie cultivada. 

El desarrollo de la superficie cultivada, con información del INE del periodo 1986/2017,  muestra que  la AFC destinada al mercado interno ha crecido paralelamente al crecimiento de la economía nacional. El sector de los productos de la ACE ha sido el motor del crecimiento de la EFA.

Respecto el comportamiento sectorial, en el pasado reciente se ha registrado una participación decreciente del sector agropecuario en el PIB. Con información del INE, se aprecia que  entre 1985 y 2005, la participación sectorial en el PIB se mantuvo en el 14%. Bajo el gobierno del MAS (2006-2018), el aporte promedio fue del 10,5%.  Por otro lado, la tasa de crecimiento del sector en época de bonanza para el TGN (2006-2014) fue de 2,7%, cuando el PIB a precios de mercado creció en promedio a 5,1%. En los últimos años de vacas  flacas para el TGN (2015-2018), el crecimiento sectorial fue de 5,7% y el PIB de 4,4%. Esta tasa de crecimiento sectorial de 2015/2018, de 5,7%, es sólo comprensible por el crecimiento de la ACE, impulsada por el Gobierno con la intención de originar divisas en el sector en compensación a las caídas de dichos ingresos provenientes del gas, puesto que la AFC se mantuvo estancada y fue afectada por las importaciones y el contrabando que fueron facilitados por el tipo de cambio.  

En ese contexto, la pregunta pertinente es: ¿tiene  futuro el modelo así como está? La respuesta es No. Es preciso repensar en el modelo sectorial.

De manera reflexiva se lanzan algunas ideas exploratorias: 

1) A nivel de AFC enfocado en el mercado local se postula que la búsqueda del sello de “producción orgánica y de altura” de productos seleccionados a base de inversiones públicas de respaldo a nivel infraestructura productiva y de comunicación, innovación (asociada a investigación)  y comercialización podría enfocarse en los nichos de mercado emergentes de las clases medias del país. Un referente interesante es la experiencia de “aromas y sabores” de Tarija, basada en  la experiencia y los resultados, y  podría iniciarse un proceso de incursión en mercados externos, tal como lo han hecho países limítrofes, como Perú y Chile.

2) A nivel de AFC vinculada a los mercados de comercio justo, con el mismo sello de “producción orgánica y de altura”, bajo convenios de mediano plazo es posible dinamizar los mercados a base de una producción sostenible y en crecimiento, para productos que tienen mercados iniciados, adicionando productos nuevos, en función de las expectativas de los mercados externos. El ejemplo del café puede ser un buen punto de partida.

3) A nivel de la ACE, la producción de agrocombustibles, la exportación de carne y otros productos a los mercados de China  y otros tigres del Asia son mercados que constituyen oportunidades comerciales, cuya atención es un desafío. Para ello, a nivel país, el proceso de habilitación de tierras no sólo debe ser objeto de mayor control y de mecanismos de certificación, de instancias nuevas de carácter público/privado, sino de una normativa y reglamentación renovadas, a fin de evitar las anomalías presentadas hasta el presente. 

El futuro de la AFC y la ACE  puede ser objeto de una articulación  armoniosa y positiva para el país, si de por medio se anteponen los intereses nacionales y de los bolivianos, y se subordinan a éstos los intereses privados sectoriales y de las transnacionales interesadas.