Opinión

Se fue por culpa de las pititas y el empleo precario

domingo, 01 de diciembre de 2019 · 00:00

José Gabriel Espinoza Yáñez

Paros, barricadas, pititas y cabildos han marcado las semanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre. A diferencia de otros momentos en la historia política boliviana, no eran las clases obreras urbanas, los movimientos campesinos o gremios con gran capacidad de movilización, como los mineros, los que protagonizaban las protestas, sino  eran aquellas clases medias que Álvaro García denominó como “tradicionales”.

En un primer momento, sus movilizaciones fueron menospreciadas por el gobierno que, acostumbrado a una estrategia de desgaste, suponía que no iban a ser sostenidas lo suficiente como para hacer mella en su hegemonía. Los motivos eran dos:  primero, no habían las condiciones sociológicas como para que esta clase pueda llevar adelante una protesta exitosa contra un gobierno “popular” formado y defendido por aquellos trabajadores a los que, gracias a sus políticas redistributivas, había sacado de la pobreza. Segundo, era una lectura estrictamente económica: las clases medias, acostumbradas a altos niveles de consumo, debían trabajar para alcanzar su consumo, por lo que económicamente era inviable sostener estas movilizaciones.

Y es aquí donde las apreciaciones sobre la estructura económica fallaron. El gobierno de Morales, acostumbrado a una lectura superficial, nunca evaluó la distribución de capital, que contrariamente a lo que le habría gustado admitir, al parecer no ha cambiado mucho en los  14 años. Dicho de otra manera, aunque todos vivían mejor, aquellos que más tenían antes del 2006 seguían siendo los que más tenían después de 14 años, mientras que los que vivían al día, antes del 2006, siguen haciéndolo. Y es que esto se enmarca dentro de algo que ya se señalaba desde hace varios años: el modelo de crecimiento aplicado por Morales aprovechó los ingresos para generar crecimiento, pero de ninguna manera los usó para alcanzar el desarrollo, con sostenibilidad y, sobre todo, con mejor empleo.

El modelo económico redistribuía los recursos, permitía incrementar el gasto (muchas veces fomentando el endeudamiento) y por lo tanto reducía la pobreza monetaria en el corto plazo, sin embargo, ninguna de estas medidas atacaba el verdadero problema de la economía boliviana. El problema es que en ningún momento se habló de la calidad del empleo, que es una de las principales vías a través de la cual se da la movilidad social de una manera consistente y sostenida.

Gran parte de los trabajadores, que vieron cómo se incrementaban sus ingresos y, por lo tanto, cómo mejoraba su capacidad de consumo, lo hicieron desde un empleo precario, muchas veces informal y que solo permite sostener esta “mejor calidad de vida” yendo al trabajo día a día, sin derecho a vacaciones, licencias o ningún otro beneficio social, útiles para enfrentar, por ejemplo, 21 días de convulsión social. Lo que en realidad hacía el modelo económico del MAS  era un maquillaje de la precariedad: la  mayoría de los trabajadores nunca mejoraron sus condiciones laborales, nunca obtuvieron las suficientes redes de protección ni mejoraron su productividad. Gran parte de los trabajadores que hoy  trabajan en empleos precarios  son hijos de trabajadores que  se encuentran o encontraban en la misma situación.

Esta fue una de las principales deficiencias en la política economía: el descuido de la movilidad social. Al mirar sólo la fotografía macroeconómica  y no ir más allá de medidas agregadas de distribución de ingresos, no se tenía en cuenta que ante la generación de mayores expectativas de consumo, con la misma precariedad en el empleo, la capacidad de enfrentar largos periodos sin ingresos era cada vez más reducida  y en términos comparativos más costosa para aquellos que supuestamente debían haber sido los más beneficiados.

 

 

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