Tareas ineludibles e inexcusables de cara al bicentenario del país

El analista sugiere resguardo de la democracia, eliminación de la pobreza, mejorar la política social, apoyo al sector productivo, privilegiar las inversiones.
domingo, 22 de diciembre de 2019 · 00:02

Reynaldo Marconi

La Bolivia del 2020 en un periodo prelectoral, atraviesa desafíos equivalentes a los vividos en los años post-dictatoriales de Banzer, o de García Meza: la necesidad de construir paradigmas para el desarrollo del país.

Hoy, las tareas son ineludibles de cara al Bicentenario. Para ello es importante aprender del pasado. ¿Qué aprendimos del periodo neoliberal de veinte años y del reciente periodo populista, de 14 años? 

Tras los años de la dictadura banzerista y la crisis del periodo 1982-1985, los gobiernos sucesivos del periodo neoliberal tuvieron las tareas de estructurar la vida en democracia y construir la estabilidad económica, por cuanto la crisis del 82/85, produjo severos daños económicos al país, al sistema financiero, al Tesoro de la Nación, a los ahorristas y al sistema productivo en general. Esta crisis fue superada con el DS 21060, el cual dio inicio a una fase de liberalización económica, enterrándose el enfoque de “Capitalismo de Estado”. Se satanizó la intervención pública y se glorificó el rol de la inversión extranjera directa, IED. 

Se continuó con el modelo extractivista heredado sin producir cambios en su esencia. Los resultados se tradujeron en la privatización de las empresas públicas y la IED no produjo como se esperaba, los impactos en empleo y adopción de tecnologías. En el ámbito social, se produjo un incremento del  desempleo abierto, generando el crecimiento de la informalidad urbana y la pauperización del sector campesino. La emergencia del Chapare es una consecuencia de los planes del ajuste estructural de 1985.  La crisis que sobrevino cuestionó la corrupción política. 

El reciente periodo populista, encumbró en su inicio a un presidente que se reclamaba del indigenismo, y ese gobierno generó expectativas para superar la corrupción, iniciar un modelo económico compatible con el desarrollo sostenible y promover la inclusión social. Los resultados son incuestionables. Según investigaciones en curso, la corrupción es un drama sin límites, y la locura por la reelección indujo al fraude electoral y produjo una crisis en la estabilidad de la democracia. El “modelo económico social comunitario productivo” ha sido un nombre. 

El discurso pro ambientalista se rompió con el Tipnis. Bajo la estrategia de nacionalización e industrialización se dio origen a una nueva generación de empresas públicas, con diversas deficiencias de sostenibilidad, visión estratégica y modelo de negocio. En los hechos, el modelo extractivista se mantuvo y mejorado. Las intervenciones en el sector salud y educación fueron improvisadas. Más allá del despilfarro de recursos, lo trágico es la pérdida de la oportunidad para promover un nuevo modelo, como se esperaba, puesto que como nunca se dispuso de abundantes recursos financieros originados en los altos precios de los productos exportados. 

Lo rescatable se encuentra en la política social adoptada, las acciones dispersas a favor de la inclusión social y económica, la disminución de la brecha urbano/rural y las inversiones en infraestructura caminera. Los resultados antipobreza son polémicos. Lo reprochable desde todo punto de vista es la fractura de la institucionalidad y la pérdida de la autonomía de los distintos poderes del Estado y su subordinación al Ejecutivo. En ese contexto, es importante resaltar las tareas ineludibles de cara al Bicentenario. Así, se plantea que bajo un Pacto con Bolivia y con Políticas de Estado, cualquiera sea la agrupación política que resulte ganadora en la siguiente contienda electoral, debería considerar en su propuesta de intervención al menos las siguientes diez tareas y responsabilidades inexcusables: 1) Resguardo de la democracia y de la institucionalidad que garantice la independencia de poderes; 2) Eliminación de la extrema pobreza.

3) Adopción de una política de educación y la asignación de recursos financieros adecuada, que facilite el salto hacia un sistema educativo de mayor calidad asociado a los avances tecnológicos; 4) Reencauzar el sistema de salud hacia una cobertura universal, reordenando los roles de las distintas instancias del Estado, con una asignación de recursos suficiente para inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos debidamente formados; 5) Apoyo al sector productivo en sus necesidades sectoriales, considerando las variables medioambientales, y respaldando sus iniciativas de inserción en mercados.

6) Mejorar la política social, en particular introduciendo adicionalmente, incentivos y premios para los mejores resultados, por ejemplo en educación y salud; 7) Evaluar una a una la situación de las empresas públicas para definir su futuro, manteniendo bajo el control del Estado de las Empresas Estratégicas;  8) Apoyar el desarrollo de los servicios financieros digitales para profundizar la inclusión financiera y el comercio electrónico; 9) Privilegiar las inversiones en infraestructura de apoyo a la producción; y, 10) Impulsar el despegue de un modelo de desarrollo basado en la economía del conocimiento.

Reynaldo Marconi y es abogado y economista.

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