Análisis

El contrabando y la opción militar

domingo, 24 de febrero de 2019 · 00:03

Javier Aliaga

La muerte de una persona  de 42 años por un disparo, las heridas sufridas por varias otras y la incineración de tres camiones por parte del Ejército cerca de Pisiga, en la frontera con Chile, confirman que el contrabando y la lucha para frenarlo pueden generar escenarios de violencia similares a los del narcotráfico.

Esa realidad debe llevar a preguntarnos si la opción militar es lo mejor que tiene el Estado y la sociedad para enfrentar ese delito tomando en cuenta que puede provocar un recrudecimiento de la violencia y dejar víctimas inocentes, sin que realmente funcione para reducir la mercancía ilegal que ingresa al país.

Recordemos que en abril de 2018, el presidente Evo Morales promulgó una ley para que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana puedan usar armas y explosivos y quedar exentas de responsabilidad penal, cuando valoren que esos recursos son necesarios para enfrentarse a los contrabandistas.

Al parecer la medida contra ese cáncer de la economía fue una reacción contra el asesinato de dos sargentos (del Ejército) aduaneros por parte de contrabandistas que los emboscaron en la misma zona donde el pasado miércoles se produjo el nuevo hecho violento. Según la versión del Gobierno, ese día un centenar de personas afines al contrabando usaron dinamita, palos y piedras para enfrentarse a 40 uniformados e impedir el decomiso de los camiones, refriega en la que murió una persona por el impacto de una bala.

Es posible que en efecto haya ocurrido así, conociendo las formas de organización y el arraigo que tienen los contrabandistas en esa zona fronteriza, pero también es creíble que en medio de los tiros y los dinamitazos las personas sin parte en el violento enfrentamiento puedan perder la vida o salir lesionados como algunos de los heridos graves han denunciado.

En enero pasado, la joven Nancy Condori, de 23 años, que estaba a cargo de criar a dos hermanos menores y dos hijos, quedó herida en el abdomen por una bala perdida. Sin tener nada que ver con un operativo militar anticontrabando realizado en la localidad fronteriza de Charaña, Condori quedó gravemente lesionada. No se ha conocido públicamente cómo ha evolucionado su salud tras el compromiso del Gobierno de hacerse cargo de su curación.

El mensaje que queda de estos lamentables eventos es que la presencia militar no siempre detiene los convoyes de los contrabandistas organizados como bandas criminales y que el enfrentamiento a sangre y fuego es una opción. De hecho, según las noticias, en la misma zona de Pisiga había estos días más de dos decenas de camiones esperando su turno para intentar sortear el patrullaje militar. Cuando la disuasión armada no funciona sólo cabe esperar consecuencias violentas como las mencionadas, en una relación de causa y efecto.

¿Cómo frenar la sangría del contrabando calculada en más de 2.200 millones de dólares anuales? La solución no puede pasar solamente por la acción de las fuerzas de seguridad o de la Aduana en las fronteras porque no es suficiente y no siempre funciona. 

El sector privado ha reclamado varias veces acciones integrales que vayan desde mejorar la coordinación con las autoridades de Chile, para lo que hace falta edificar nuevas relaciones tras el fallo de La Haya, hasta buscar una solución a los mercados negros en las ciudades, pasando por acciones de desarrollo para las comunidades de las fronteras.

La respuesta al problema no puede ser solo el uso de la fuerza, sino también el impulso real a la formalización económica, el fortalecimiento del aparato productivo y una mejor y más competitiva producción nacional.

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