La equivocada pugna salarial

domingo, 31 de marzo de 2019 · 00:04

Se inicia la época de “negociación salarial”, que enfrenta a trabajadores y empleadores, con el Estado en la cómoda posición de “dirimidor de última instancia”. Y como en los años precedentes, con este rito se libera al Estado de participar en la equitativa distribución del ingreso, y se ocultan los perniciosos efectos de las insaciables metas de recaudación de la política tributaria.

Bolivia es uno de los cuatro países más pobres de la región, tiene la menor relación entre remuneraciones y recaudaciones tributarias pero, junto a Brasil y Argentina, lidera en las recaudaciones tributarias con relación  a los respectivos PIB. El drama es que el aumento de las recaudaciones en el país está centrada en un reducido universo de contribuyentes y se  reduce  el ingreso disponible y la capacidad de consumo de las personas. 

Así, entre 1990 y 2015, el universo de contribuyentes se duplicó de 150.000 a 300.000 (el 5% de la PEA); pero, sin incluir el IDH, en el mismo período la recaudación por contribuyente se incrementó 20 veces; este segmento de contribuyentes aporta la totalidad del empleo formal, que tiende a ser cada vez más escaso. Segundo,  en las cuentas nacionales del ingreso, el PIB es la suma de la remuneración a los trabajadores (REM), del excedente bruto de las empresas (EBE), y de los impuestos (IMP). Entre el 2000 y el 2015, el EBE se mantuvo alrededor del 50% del PIB, pero en el mismo período las recaudaciones subieron del 17% al 26,5% mientras que las REM caen del 35% al 27,6% del PIB. Es decir, en el 2000 el monto destinado a remunerar al trabajo era el doble que las recaudaciones, pero en 2012 las recaudaciones igualan a las remuneraciones.

Como los impuestos son indirectos y se transfieren a los precios, la presión fiscal recae en los hogares reduciendo el poder adquisitivo de los ingresos laborales; se ha llegado al extremo que el incremento anual de recaudaciones llegó a igualar o superar el aumento en REM, haciendo que “el aumento salarial termine en el saco fiscal”. El ingreso disponible de los auto-empleados formales está  afectado por los impuestos a los inmuebles, vehículos, transacciones financieras, contribuciones al seguro social y jubilaciones (a las que desde 2010 el Estado dejó de aportar), y las innombrables “multas por contravenciones”. 

Desde el punto de vista de los productores y de los consumidores, esta realidad es una de las causas estructurales del contrabando, de la destrucción del aparato productivo y de la acelerada precarización del empleo: como los impuestos reducen el ingreso disponible (la capacidad de consumo), el consumidor final está forzado a buscar productos más baratos; la producción interna no los puede ofrecer, por lo que tiende a desaparecer frente a la competencia externa; se reducen las inversiones productivas, el empleo productivo y los ingresos laborales; en reacción, aumenta el empleo informal (e ilegal y el contrabando), acelerando el deterioro del aparato productivo. Desde la perspectiva del crecimiento, al reemplazar el empleo productivo por ocupaciones económicas informales o las improductivas en la burocracia pública, la sobre-presión impositiva reduce el crecimiento –real y potencial– de la economía.

En estas condiciones, antes que hablar del crecimiento económico, de la productividad, o de los niveles de inflación en relación al nivel de aumento salarial, es necesario entender que mejorar los ingresos laborales e impulsar el crecimiento sostenido de la economía requiere hoy de una reforma impositiva estructural destinada a dar sentido a la política fiscal, y racionalidad a las recaudaciones para usar los impuestos como medio que aliente la creación de empleo e ingresos, no para anularlos. 

Construir esa economía “para la gente” es el desafío largamente pendiente que, obviamente, no ha estado en la agenda de los políticos que nos han “gobernado”.

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