Opinión

Ley de startups en Bolivia

domingo, 05 de mayo de 2019 · 00:00

Ley de startups en Bolivia

Hace poco la Presidenta del Senado, luego de una reunión con mujeres involucradas con las TICs, innovación y emprendimientos, lanzó el compromiso de promover una política pública de economía digital o, en el sentido más específico, una política sobre startups en Bolivia. 

El papel de las startups es fundamental en la economía de los países porque “acelerarán el desarrollo de la economía digital, al mismo tiempo que promoverán la inclusión y el acceso de mejores servicios, desde el comercio minorista hasta los financieros, la educación y la atención de la salud”; las startups generan empleos, ingresos por tributos, desarrollo de investigación e innovación y promueven el aumento de innovaciones tecnológicas y herramientas digitales.

Según la OCDE, hasta el 2018, en Latinoamérica se tenían alrededor de 2.000 startups, concentrados en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina y las inversiones de capital de riesgo se dispararon de 1.100 millones de dólares el 2017 a 2.500 millones el  2018, gracias al arribo de 25 grandes inversores globales, entre ellos, SoftBank de Marcelo Claure, según la Asociación Latinoamericana de Capital Riesgo y Capital Privado.   

En Bolivia no tenemos cifras oficiales, el sitio web startupranking.com, consigna 24 startups nacionales en operación.

Gran parte de las políticas de promoción de startups en América Latina se han centrado en crear ecosistemas atractivos, es decir escenarios legales, institucionales y de infraestructura tecnológica. ¿Cuál es la fórmula ideal de ecosistema? Pues, depende de las particularidades y la visión de las políticas nacionales. Bolivia tiene el reto de encontrar una fórmula óptima de ecosistema, por eso la futura ley de startups debe considerar al menos tres tipos de medidas: a) marco regulatorio, b) fondos y financiamiento y c) servicios de apoyo y capacitación empresarial. En primer lugar, se debe aprobar una regulación para crear y cerrar startups; procedimientos de quiebra ágil y de segunda oportunidad; modificaciones a la Ley de Migración para el ingreso de bussines angels; digitalización y simplificación de trámites de autorizaciones, licencias y registros; medidas de discriminación positiva hacia mujeres y grupos vulnerables en startups; incentivos tributarios y aduaneros temporales; y tratamiento especial en seguridad social y contrataciones laborales (flexibilidad). 

En segundo lugar, la ley debe establecer fondos estatales o mixtos de apoyo a las startups; creación de una entidad que trabaje en un paquete combinado de servicios y financiamiento para las startups (ejemplos, Starup Chile, Startup Perú e Innpulsa Colombia); régimen legal para entrada fácil de fondos de inversión extranjeros e incentivos para capitales de riesgo nacionales; regulación de fintechs; regulación de nuevos instrumentos financieros para las startups. 

   En tercer lugar, la ley debe incluir medidas proincubadoras, aceleradoras y startups universitarios, así como capacitación empresarial; políticas de educación e investigación tecnológica, en alianza con la academia y sociedad civil; medidas para crear un mercado de talentos y una política de I+D+i. La ley debe incorporar también un régimen más benéfico para las startups sociales o ambientales.

El Programa de Intervenciones Urbanas-IU es un gran inicio, pero podría fortalecerse con su inclusión dentro de una política más amplia e integral sobre startups y economía naranja.

 

 

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