Análisis

Las empresas públicas son brazo operativo del modelo económico

Asegura que las empresas públicas y privadas tienen las mismas reglas de juego y tienen la función principal de velar por su autosostenibilidad y su desarrollo.
domingo, 21 de julio de 2019 · 00:00

Daniel Villarroel  / La Paz

El presunto estado de quiebra y el riesgo liquidación de la empresa de helados Panda junto a otras nueve, de acuerdo a publicaciones realizadas en los medios de circulación nacional, ha generado una serie de supuestos y aseveraciones respecto a la posibilidad de convertirse en una empresa social. Tal vez la respuesta esté estrechamente ligada a responder lo siguiente:

1) ¿Las empresas en cuestión se preocuparon sobre las tendencias del mercado? 2) ¿Realizaron la suficiente gestión para poder mantener operativa la empresa?

Para  responder cada una de las cuestionantes, debemos entender que las empresas públicas son el brazo operativo del modelo económico vigente en Bolivia, teniendo como principal objetivo el de generar recursos, cambiar la matriz productiva y ser una fuente generadora de trabajo que tiene como resultado la disminución de la pobreza; por lo que deben trabajar bajo el principio de eficiencia y eficacia para  cumplir a cabalidad lo planificado por el Estado.

De esa manera, todos los agentes económicos están obligados a lidiar con las tendencias de mercado ya sean empresas públicas o empresas privadas, la forma de cómo uno establece su estrategia de comercialización define su permanencia en el mismo, es decir, una empresa que no cuente con los insumos suficientes para lidiar con las variaciones de mercado (cambio tecnológico, tendencias de consumo, cambio de preferencias) su sostenibilidad se verá comprometida si no tiene la capacidad de acomodarse a los nuevos escenarios plateados. 

Como segundo punto, el Gobierno vela por la conservación de las fuentes laborales, garantizando el sustento de las trabajadoras, trabajadores y de sus familias, ya que por el contexto que se da a la Ley No 1055 de la Empresa Social de 1 de mayo de 2018, ésta  está completamente ligada a  garantizar la permanencia de los agentes económicos que actualmente están en el mercado.

En ese sentido, se entiende por empresa social, aquella constituida por las trabajadoras y trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo y/o algún proceso legal que ponga en riesgo su continuidad, permitiendo la toma de acciones en defensa de sus fuentes laborales, preservando la unidad económica productiva. En ese contexto, se puede establecer que tanto las empresas públicas como las privadas tienen las mismas reglas de juego y ambas tienen la función principal de velar por su autosostenibilidad y su desarrollo en el mercado.

En cuanto al postulado que sostienen algunos analistas económicos de que el Gobierno debería apoyar mediante políticas a aquellas empresas que tienen problemas o sostienen deudas tributarias y fiscales, es necesario hacer notar que al amparo de  la Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003, promulgada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, varias empresas se beneficiaron  del Programa de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas, mediante el cual reprogramaron deudas tributarias, deudas con el Estado, inclusive realizaron quitas a capital y condonaciones de deudas incluidas las tributarias; sin embargo, no lograron su refortalecimiento, ocasionando en la mayoría de los casos, su liquidación  y en otros casos obligando la intervención del Estado, como ocurrió con  la empresa Ametex, con la cual se llegó a conformar la Empresa Nacional de Textiles (Enatex), heredando un costo social elevado comprendido por todos los trabajadores con los que contaba la fábrica, lo que implicó hacerse cargo de una estructura de costos que no se ajustaba a las necesidades de la empresa ni del mercado.

En conclusión, atribuir a las políticas de Estado las ineficiencias adquiridas a lo largo de su operación, es hacer caso omiso a la realidad, pues las empresas deben  enmarcarse en las reglas del juego, que no necesariamente son establecidas por el Gobierno, sino también por la sociedad y el mercado.

 

Daniel Villarroel es economista y trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas?
 

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