Opinión

Programas de gobierno e inversión privada

domingo, 28 de julio de 2019 · 00:00

Luis Fernando Barbery Paz

En los últimos años la economía logró tasas de crecimiento elevadas que generaron estabilidad y mayor desarrollo.  La inversión pública pasó de 7% del PIB a más de 14%, lo que dinamizó la economía y produjo ingresos crecientes que aumentaron la importación de bienes de capital e impulsaron a sectores como la construcción, lo que a su vez ayudó a mejorar las condiciones de vida de una parte importante de la población.

El Estado invirtió en obras de infraestructura como carreteras y aeropuertos y, a través de Alianzas Público Privadas, impulsó proyectos como los biocombustibles, la apertura de mercados para la soya y la carne, y la consolidación de Puerto Busch que, al margen de un acceso soberano al Atlántico, mejora las condiciones para el comercio exterior. Pese a los avances, señalados, el aparato productivo nacional presenta hoy las mismas características que tenía antes de la bonanza. No se generaron las condiciones para dinamizar a los sectores productivos, se restó competitividad a la industria nacional y, al no haberse consolidado el uso de biotecnología, se limitó la expansión de importantes sectores agroindustriales.

Al disminuir los ingresos por el gas, la inversión pública ha pasado a financiarse con deuda externa e interna. El saldo de nuestra deuda externa ha pasado de $us 6.000 millones en 2014 a $us 10.200 en 2018 y la tendencia es creciente.  Pero también tenemos dificultades en nuestra balanza comercial. En 2015, se registró un déficit de $us 843 millones; en 2016, alcanzó  $us 1.305 millones; en 2017 bajó a $us 970 millones, y en 2018 llegó a $us 926 millones.  A junio de 2019, sobrepasa  $us 750 millones, lo que ya es extremadamente preocupante. Recientemente el FMI publicó un estudio sobre Bolivia y la sostenibilidad del crecimiento a base de inversión pública y financiamiento externo. El escenario base del estudio toma en cuenta la tendencia decreciente en la renta del gas, y concluye que un nivel de inversión pública alto es insostenible y llevaría a un endeudamiento de 100% del PIB en cinco  años, lo que no es económicamente recomendable. El escenario alternativo es un nivel de inversión pública cercano al 9% del PIB, que debería complementarse con mayor producción de gas u otra materia prima, capaz de generar ingreso fiscal. Con ese 9% de inversión pública, el país evitaría una crisis de deuda, pero tendría que asumir un crecimiento cercano al 3%, que no garantiza un crecimiento sostenido.

Con las rentas del gas disminuidas y con límites al endeudamiento público, el único camino viable para consolidar los avances y asegurar el crecimiento  es impulsar la inversión privada para diversificar la economía y robustecer las alianzas público-privadas como mecanismo para innovar y generar empleo y bienestar.

La inversión privada nacional representa hoy alrededor del 5% del PIB, y para enfrentar el desafío del crecimiento sostenido, debieran crearse las condiciones, cuando menos para duplicarla. 

Eso pasa por revisar la política tributaria; impulsar la formalización de la economía; modificar las políticas salariales para que tengan relación con la productividad; disminuir los costos laborales y la sobrerregulación del sector público sobre el privado; apoyar e incentivar el acceso a nuevos mercados internacionales y enfrentar con decisión el contrabando y la corrupción. 

Por lo anotado, es imprescindible que los partidos que disputan la preferencia electoral  comprendan que, sin una inversión privada dinámica, la economía no crecerá en la medida necesaria para sostener los logros alcanzados  ni podremos construir un país con desarrollo y bienestar.