Opinión

El aumento de tarifas y la diversificación de puertos marítimos

domingo, 22 de septiembre de 2019 · 00:00

Luis Fernando Barbery Paz

En julio pasado, la Terminal Puerto Arica SA (TPA) decidió aplicar su Manual de Servicios, que entre otras cosas, establece nuevos costos para la carga de importación boliviana. Esta decisión calificada como “unilateral” por la Cancillería boliviana, ha motivado la justa preocupación de sectores empresariales privados nacionales, ya que en los hechos implica un aumento excesivo a las tarifas que se cobran a la mercadería que tienen como destino nuestro país.

La preocupación no es menor ya que, además de los efectos nocivos que se  empezaron a sentir, la medida puede generar un cuestionamiento sobre la eficiencia de la ASPB, e incluso conducir a una nueva tensión diplomática con Chile, si se invoca el Tratado de 1904. La TPA  invitó a las autoridades  a negociar descuentos sobre la tarifa ajustada, y es evidente que, por las variables consideradas, es posible lograr descuentos  que, sumados a esquemas de ajuste gradual, podrían atenuar parcialmente los efectos que resultarían de la aplicación de las tarifas uniformes.

Esta nueva crisis, cuya génesis la encontramos en nuestra dependencia portuaria respecto a Chile, pone nuevamente en la agenda de discusión la necesidad de retomar el debate sobre la urgencia de abrir más alternativas al comercio boliviano, y encontrar soluciones estructurales a una situación que es cada vez más insostenible porque está fuera del control nacional y con pocos márgenes de acción.

Como sector empresarial, hemos planteado hace un tiempo, el modelo de alianzas público privadas, como mecanismo de desarrollo de infraestructura, para salir con soberanía al Río Paraguay de ahí a puertos sobre el  Atlántico.  El proyecto de Puerto Busch requiere de un marco normativo adecuado para  planificar la inversión privada, lo que pasa por la generación de incentivos puntuales que hagan la inversión posible. Se requiere seguridad jurídica, complementariedad de parte de la inversión pública en materia de infraestructura de acceso y predisposición para generar carga importante para que sea posible amortizar financieramente dicha inversión. En el puerto de Ilo ya se tienen avances con flujos de carga que se incrementan cada trimestre, previéndose llegar a 80 o 100 mil toneladas este año. Es necesario dinamizar ese proceso de ampliación de flujo y no solo las empresas privadas deben aportar a ello, sino las empresas públicas que, por los volúmenes que manejan, pueden marcar una gran diferencia en la consolidación de servicios, atraco de naves en capacidad de carga y frecuencia.

En suma, las soluciones duraderas a la problemática de Arica pasan por que cada uno de los actores asuman sus responsabilidades con eficiencia. Las entidades públicas deben proporcionar servicios valorables con calidad, evitando demoras y sobre costos que afectan a los usuarios consumidores, industrias que importan insumos y proveedores de servicios como el transporte. El Estado debe generar las condiciones para desarrollar alternativas portuarias y por nuestra parte, como privados, tenemos el compromiso de invertir, en la medida que se generen condiciones mínimas que son indispensables en todo  proyecto de esa magnitud en cualquier parte del mundo.

No vamos a renunciar al comercio internacional a través de Arica, porque es inevitable, y por los derechos históricos que nos asisten, sin embargo, es necesario que se definan con claridad las reglas de juego, no solo en lo relativo a las tarifas, sino a la eliminación de las trabas que hemos soportado en estos años como los paros, bloqueos, burocracia y las demoras.  No es posible ya seguir sometidos a cambios en las políticas y las normas que nos impone una relación de inequidad que, a estas alturas, ya no es admisible entre Estados soberanos que deben respeto recíproco a sus pueblos, sus instituciones y su sector privado.
 

 

 

 

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