Proliferan tiendas de vehículos que evaden impuestos y engañan al cliente

Las alcaldías señalan que la fiscalización no es su competencia sino de Impuestos Nacionales. Un experto señala que la evasión es una debilidad estatal y sugiere pronta reforma tributaria.
domingo, 16 de febrero de 2020 · 00:04

Inversión  / El Alto

El Alto es una ciudad de  sorpresas, donde el comercio informal domina gran parte de la actividad económica. La muestra está en los alrededores de la Ceja, en las avenidas Juan Pablo II y 6 de Marzo, donde pequeñas importadoras o tiendas comercializadoras de motocicletas y vehículos de fabricación china ofrecen motorizados con facturas por la mitad del precio total. Si uno insiste en una  rebaja mayor,  no dudan en bajar el precio pero también baja el monto que irá en la factura.

Inversión de Página Siete estuvo en ambas vías y evidenció que la oferta de las tiendas comercializadoras de vehículos  y motocicletas allí instaladas es la misma. 

“El (trufi para siete pasajeros) Keyton Ex80 cuesta 14.500 dólares”, dice un vendedor de vehículos nuevos y usados con hasta 50 kilómetros  de recorrido. Ante la consulta si es con factura, responde: “Claro, le damos factura por la mitad (7.259 dólares) del costo total”. Vuelve la consulta. ¿Y del saldo cómo se descarga? “Hay dos posibilidades, una que usted (cliente) paga el 16% (de los 7.259 dólares) del impuesto y la otra es que usted gana porque al tener un carro facturado por la mitad de su  costo, pagará menos impuestos por su carro a la Alcaldía”.

Al parecer los clientes aceptan la segunda opción para no pagar el 16% de los restantes 7.250 dólares; lo que supondría  1.160 dólares.

Papeles y seguros

En las tiendas o pequeñas importadoras de motocicletas, siempre de motorizados de origen chino, la oferta es similar aunque los precios están en bolivianos. Motos de marcas como Kengo R30, Pegasus, Yatami, Zongshem, entre otras, cuestan 7.600 bolivianos. Algunas son  más caras porque llevan  detalles adicionales como full equipo de sonido o luces laterales. 

“Llévese ésta hasta en 7.200 bolivianos”, dice una vendedora. A la consulta de si ella o su familia importan las motos que ofrece, responde que no. Explica que los dueños de la comercializadora están en Cochabamba, de donde les llegan las facturas  en las que colocarán sólo la mitad del precio total. 

Otra  vendedora asegura que la tienda, donde  expone  unas cinco motocicletas, es sólo un escaparate de la gran oferta de su casa matriz. “Nos pagan una comisión por la venta de cada moto”, cuenta.

Los vendedores de autos y motocicletas tienen el mismo discurso cuando se les pide garantía: prometen cobertura hasta los 5.000  kilómetros de recorrido y otros durante un año. Callan cuando se les dice dónde  repararán algún desperfecto técnico. “Tráiganlo aquí, nosotros nos encargamos si presentara alguna falla, pero le damos garantía técnica”, asegura un varón de voz fuerte.

También coinciden los dependientes  de una veintena de tiendas visitadas cuando se les pregunta si los vehículos ya tienen placas de circulación: “Si nos paga por adelantado 1.000 bolivianos le entregamos  con placas, SOAT, registro en la Alcaldía y Tránsito con el nombre del dueño”. 

Prometen la entrega en cuatro días, si no es antes: “Somos rápidos”. Y no ahorran argumentos para ganar clientes: “Si lo haces por tu lado, te va acostar igual o más. Vas a tener que ir con tus papeles de un lado a otro. Nosotros te lo hacemos todo, sólo tienes que dejar 1.000 bolivianos”, insiste una de las vendedoras.

Las grandes importadoras de motorizados -de vehículos japoneses, europeos y estadounidenses- demoran  en promedio una semana  para  entregar un  auto adquirido. Generalmente, el costo del motorizado incluye los trámites de ley  y está listo para salir a la calle y estrenarse. Algunas importadoras formales incluyen en el costo total además el seguro de protección del vehículo. 

En El Alto, otra comercializadora de  trufis Keyton Ex80 va más allá y ofrece dos precios para el mismo vehículo: 13.800 dólares si la misma tienda hace los trámites para conseguir crédito bancario y 12.950 dólares si se paga al contado. 

En   la tienda de autos vecina, el dependiente dice que tiene para la venta  minibuses y trufis de las marcas  King Long, Kama, Keyton, T-King, Foton, todos de origen chino. El lugar es un callejón en una vivienda particular, donde hay sólo tres vehículos de muestra. “Si no le gusta el color de estos Keyton, se lo traemos otro de Patacamaya, el color que elija”, añade al mostrar un catálogo. 

El experto en tributación Jaime Rodrigo Machicao explica que el control de la emisión de facturas es una labor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y si en El Alto o en otro lugar del país se vende con el monto distinto del precio final un producto, es una “debilidad del Estado”. Sugiere que la Ley 843 sea reformada,  no ahora en época de elecciones, sino con el nuevo Gobierno y después de un proceso de toma de conciencia y análisis de la realidad para evitar evasión impositiva. 

“No es competencia edil”

El director de Recaudaciones de la Alcaldía de El Alto, Víctor Nava, afirmó a Página Siete que no es competencia municipal la fiscalización de la comercialización de motorizados que supuestamente evaden impuestos en su jurisdicción territorial. “Si se anoticia de la Ley 154 se dará cuenta que la pregunta corresponde al nivel nacional; no corresponde, no es competencia nuestra”, dijo escueto.

Por su parte, el director de la Administración Tributaria Municipal de la  Alcaldía de La Paz, Ramón Servia Oviedo, confirmó que el control  sobre el pago de impuestos por la venta de motorizados no corresponde a la comuna sino al nivel nacional, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Desmintió que una factura por la mitad del precio  de un vehículo faculte a la Alcaldía de La Paz o de otro municipio, al cobro de menos impuestos anuales al propietario.

“Hay que ver dos instancias de control diferentes. Desde el municipio eso (facturas de carros con montos de la mitad del costo total) no afecta porque (los dueños de vehículos) no pagan impuestos en función de su factura sino en función a valor tablas. Un vehículo tiene procedencia, tiene una cilindrada y tiene un valor establecido independientemente por cuanto se haga una factura; usted va a pagar en función a valor tablas”, dijo la autoridad municipal.

Servia precisó que las empresas jurídicas (o importadoras o comercializadoras) declaran sus impuestos en función a valor de libros, que presentan a Impuestos Nacionales. Si facturan al 50% del total de un bien, “a quien están evadiendo impuestos es a Impuestos Nacionales, al que controla el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando emite una factura”,  dijo

El  edil insistió en que la comuna paceña no toma en cuenta la factura para cobrar impuestos a los propietarios de vehículos, luego de  que el carro es registrado en la Alcaldía. “Se le va a liquidar (fijar impuesto anual) de acuerdo a valor tablas” que establece procedencia del vehículo (China, Europa, Japón, EEUU) y cilindrada o potencia de motor”. Además, precisó, la Administración Tributaria Municipal utiliza información de la Aduana Nacional para registrar un vehículo en la jurisdicción paceña para el cobro impositivo.

“Los vehículos chutos no pueden obtener placas porque no tienen póliza de importación y jamás serán registrados en la Alcaldía”, dijo. Recalcó que el control de facturas corresponde al SIN.

El SIN habla de reforma tributaria

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava Morales, anunció en días pasados que la Ley 843, de Reforma Tributaria, está “desactualizada” y “descontextualizada”, por lo que “no se adecúa a la realidad económica que tiene el empresariado en Bolivia”. 

Añadió que en el caso de la Ley 2492, Código Tributario, contiene en su parte procesal “imprecisiones normativas que van en detrimento del sujeto pasivo, del contribuyente, del administrado”. Consideró que ambas leyes deberían ser actualizadas para que sean compatibles con la nueva Constitución. 

La autoridad garantizó al empresariado nacional que la administración tributaria dejará de ser una entidad de “persecución política” como en el pasado. 

Una de las  tiendas que comercializa carros nuevos.

Punto de vista
Jaime Rodrigo,  experto en tributación
El Estado brilla por su ausencia en esos niveles

Es una muestra de la debilidad del Estado boliviano para ejercer las competencias que tiene el control y la fiscalización de las actividades económicas que hay en el país y que se desarrollan en el comercio formal, informal y semiinformal si bien cumplen con ciertas  normas, no cumplen a cabalidad con todo y ahí el Estado brilla por su ausencia en esos niveles.

En cambio a los grandes contribuyentes y a los contribuyentes normales se les da  con todo y en estos niveles (semiinformales) hay ausencia de Estado muy evidente. 

¿Qué hacer? Una revisión de la Ley 843, una reingeniería de la norma, no con parches sino después de un tiempo de análisis y con estudio exhaustivo y no en etapa electoral. No es el mejor escenario para ese tipo de acciones, no es correcto.

Es un tema complejo, hay que definir las competencias tanto de la Aduana Nacional, en el Servicio de Impuestos Nacionales  y en las alcaldías. Es un tema que se complica, los procedimientos no están uniformes. Entonces cada instancia trata de cumplir su parte y se desentiende  del resto y ahí están los resultados (evasión). Pasa lo mismo entre Derechos Reales y las alcaldías, entre ellas no hay trabajo coordinado. La gente siempre va a buscar sacar ventajas y ahí el Estado tiene que cerrar esos vacíos. No hay acciones coordinadas para evitar evasión.

La falta a la fiscalización tributaria no es nueva, es un problema que distintos gobiernos arrastran hace muchos años. No hemos podido resolver las falencias en tema impositivo y se hicieron parches e improvisación como ocurrió con el último Gobierno que cada año cambiaba alguna norma. El tema tributario es un tema sensible. La Ley 843 regula los impuestos nacionales y los municipales. Regula los derechos y obligaciones del contribuyente. Esta ley tiene 13 normas: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) e  Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE), entre otras.

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