Economía

Salvar el sistema de pensiones

Propone modificar la Ley de Pensiones, mantener el esquema de las AFP y restituir la jubilación vitalicia.
domingo, 9 de febrero de 2020 · 10:54

Javier A. Terrazas Brañez

La Ley de Pensiones del año 2010  establece tres medidas sustanciales para el funcionamiento del Sistema de Pensiones. Crea la Gestora Pública como ente directriz del sistema, implementa el régimen de inversiones aplicable al ahorro de los trabajadores y establece los requisitos de acceso para otorgar pensiones de jubilación por vejez. 

Lamentablemente, ninguno de estos elementos funcionó como se esperaba;  es más, su endeble andamiaje mantiene al sistema de pensiones en un virtual estado de coma. Urge tomar medidas inmediatas y evitar que esta situación se convierta en un problema mayor para los aportantes, empleadores y para el Gobierno, pues la situación permite avizorar la conformación de una nueva generación sándwich. Respecto a la Gestora, a casi 10 años de su creación, aún no se ha consolidado su funcionamiento, generando dudas en la opinión pública respecto a su capacidad para el manejo del registro y ahorro de los trabajadores. 

Existe el peligro del uso discrecional de los recursos ahorrados, con el riesgo de que decisiones financieras puedan tomarse prevaleciendo criterios políticos antes que técnicos. Sobre las inversiones, se ha observado el descenso de las tasas de rendimiento reales, desde un 16% conseguido en 2002, hasta el 0,66% obtenido en 2018,  debido a que la norma es restrictiva en cuanto a opciones para invertir, principalmente para operaciones en el extranjero;  asimismo, porque las tasas de rendimiento a las cuales se colocan los ahorros de los trabajadores  son establecidas por el mercado de instrumentos financieros y son independientes de la norma local o de los buenos deseos del administrador. 

Lo expuesto nos lleva al tercer y más serio problema. En los últimos 12 años, los rendimientos de las inversiones han estado por debajo de lo necesario para conformar las pensiones de jubilación;  peor aún, los años 2007,  2008, 2011 y 2013  se han obtenido rendimientos negativos, generando un daño irreparable a los ahorros de los aportantes, por lo que van a tener que esperar más tiempo para jubilarse y cuando lo hagan se jubilarán con pensiones de montos considerablemente bajos.

A continuación, se sugieren tres medidas que deberían adoptarse de inmediato. Primero, es necesario que los registros, aportes y el ahorro de los trabajadores sean manejados por personal profesional, experimentado y respaldado por infraestructura y tecnología apropiadas. Esto implica eliminar la Gestora Pública y mantener la administración bajo el esquema de las AFP, aunque no necesariamente las mismas que trabajan hoy en el país. Adicionalmente, se puede considerar la conformación de una AFP estatal que compita con las privadas. 

Como segunda medida, se debe modificar la norma referida a inversiones, haciéndola flexible, principalmente respecto a operaciones en el exterior, de forma que se revierta el efecto de las políticas restrictivas, aunque esto demore varios años. Un escenario que se debe analizar necesariamente es la implementación de un sistema multifondos en el cual se consideren al menos tres fondos entre los cuales pueda escoger el asegurado, en los cuales las inversiones se realicen en instrumentos de riesgo alto, medio y bajo, es decir que generen mayor o menor rendimiento, en función a la decisión personal y/o edad del asegurado. Esta medida ha dado excelentes resultados en términos de rentabilidad en los países en los que se ha implementado.

Por último, es necesario puntualizar que durante su vida laboral, la mayoría de los trabajadores dependientes del país, a través de su empleador, han cumplido puntualmente con el pago de las cotizaciones mensuales al sistema, con la esperanza de conformar un capital que les permita tener una vejez digna;  sin embargo, el sistema les ha fallado y no ha podido obtener los rendimiento esperados de las inversiones realizadas que permitan conformar tales pensiones de vejez. A pesar de esto, el sistema no puede ni debe condenar a pasar una vejez precaria a quienes cumplieron cabalmente la norma.

Por lo señalado precedentemente, es necesario incorporar en la norma  la posibilidad de que a la edad de jubilación, el sistema devuelva al aportante el 95% de lo ahorrado, para que pueda adquirir de forma regulada un bien inmueble y esto le signifique mejores ingresos que una pensión de jubilación si alquila el bien, además de constituir un respaldo patrimonial. El 5% restante  se derivará a financiar los servicios de salud de forma vitalicia. Este mecanismo ya se ha implementado en otros países con éxito. 

Asimismo, se debe restituir la modalidad de jubilación del Seguro  Vitalicio a cargo de entidades aseguradoras, que fue eliminada por la Ley 065;  bajo esta modalidad, el monto ahorrado por el asegurado  se entrega a una entidad aseguradora como una prima única a objeto de que esta entidad le brinde pensiones vitalicias de vejez. Según lo señalado, el asegurado podría tener un abanico de posibilidades más amplio para tomar decisiones sobre su futura vejez. 

Javier A. Terrazas Brañez es subgerente Suscripción Seguros Personales, de La Boliviana Ciacruz.

 

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