El derecho a botarlo

domingo, 1 de marzo de 2020 · 00:02

Flavio Machicado

El derecho al voto es un derecho humano, consagrado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Pero es también un derecho inalienable el ser gobernado por representantes que sean libre y limpiamente elegidos.

 A su vez, un ciudadano no puede perder el derecho a participar en una contienda electoral, pero si puede quedar inhabilitado por diversos motivos estipulados por la ley.

En las elecciones del 2020 se inhabilitó a Evo Morales como candidato a senador “por no cumplir con el requisito de la residencia permanente”. 

Si bien pareciera un aspecto meramente formal, también existen motivos morales. Además de atentar contra la integridad física de los bolivianos, entre otros actos de sedición, Evo tuvo la desfachatez de pretender candidatear a un curul parlamentario del departamento donde se encuentra el epicentro del narcotráfico en Bolivia. Faltaba que se proclame candidato a alcalde de Sacaba.

Al margen de la actual impunidad por la corrupción y malversación en el gobierno de Morales, su inhabilitación le devolvió a los ciudadanos una sensación de paz y de seguridad colectiva, que eran los motivos que movilizaron a los bolivianos y a las fuerzas del orden durante la “guerra de las pititas”, que estuvo a un paso de llegar al enfrentamiento fratricida. 

Lamentablemente, esta aspiración colectiva no ha sido comprendida a cabalidad por los políticos de turno que siguen en su juego personal. En este sentido, las encuestas no miden el verdadero trasfondo de lo que está en juego, ni los posibles escenarios que podrían poner en peligro el retorno a la democracia.

Los desaciertos y despilfarro de Evo Morales tal vez no sean motivo para su inhabilitación. Pero deberían ser motivo de reflexión. En ese sentido, los delitos políticos y económicos cometidos por el gobierno de Morales tendrán graves consecuencias. Lamentablemente, parece ser que las mismas no serán electorales. El Movimiento Al Socialismo  (MAS) parece encaminado a ganar nuevamente las elecciones. No obstante el éxito electoral, el accionar del anterior gobierno deberá ser investigado, procesado y penalizados si los mismos demuestran ser delitos en una corte de ley. 

En la corte de la opinión pública, sin embargo, se barajará el famoso modelo productivo, que a pesar de que queda ampliamente comprobado que fue un modelo despilfarrador de los recursos provenientes de los buenos precios internacionales, seguirá ganando adeptos, sea porque el partido sigue ofreciendo réditos económicos, por ceguera ideológica o por simple ignorancia de lo que ha sucedido aquí. 

En un marco carente de estructuras institucionales y con un Estado plagado de parásitos, que votarán por el candidato del MAS pensando que mantendrán sus prebendas, por lo menos queda el consuelo que ha regresado en parte el imperio de la ley. Si bien el voto es sagrado, también es sagrado el respeto al proceso electoral. 

Queda estrictamente prohibido coaccionar el voto, obstaculizarlo, falsificar documentos, manipular los resultados, cometer fraude y ser candidato de una circunscripción en la cual uno no reside. Evo Morales es culpable de  más de un delito o falta electoral. El pueblo ha ejercido su derecho a botarlo.

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