Romper con el extractivismo, “sí o sí”

domingo, 15 de marzo de 2020 · 00:00

La ciudadanía boliviana, nuevamente, tiene al frente siete  planes de gobierno (PG) que ofrecen propuestas sobre un descomunal abanico de temas. Los medios de comunicación se han encargado de “mediatizar” lo que cada tienda política dice o no dice al respecto;  por ejemplo, a los bonos asistenciales, el derecho al aborto, o a la nacionalización de los hidrocarburos.

 No les preocupa que las propuestas no cambiarían la realidad de pobreza, de desigualdad o nuestro creciente rezago estructural respecto a la región, porque saben que “nadie vota por los planes” que, además, no se cumplen.  

La falta de criterios de relevancia y de prioridad con la que se “debaten” mediáticamente los planes de gobierno  ocultan la sideral distancia entre la realidad que se discute en los medios, y la que los hogares buscan cambiar para eliminar los problemas que los agobian. Valorar PG presenta el desafío de comparar las ventajas relativas de “gallinas, manzanas, carretillas y submarinos”.

Cada PG tiene objetivos diferentes y plantea acciones puntuales buscando atraer la mayor cantidad de votos sin antagonizar a nadie; pero nuestra historia en democracia muestra que no responden a las necesidades de la gente. 

Por ejemplo, los cinco temas que más preocupan a las personas en este siglo son la corrupción, precariedad del empleo (el ingreso disponible), inseguridad ciudadana (incluyendo violencia contra la mujer e intrafamiliar), la (in)justicia  y la salud. Lejos de haber enfrentado estos temas de fondo, los gobiernos en los últimos veinte años han acentuado sus negativos efectos.

Es evidente que la corrupción y la debilidad de la justicia están íntimamente vinculadas; que la precariedad del empleo y la insuficiencia de los ingresos están asociadas a la inseguridad y a la violencia; y que la pobreza a la que condena la insuficiencia de ingresos laborales (por la baja productividad) limita, en general, el acceso a servicios (de salud, educación, medioambiente, etc.), y reduce la capacidad del Estado para asumir los costos de servicios de calidad: atender la salud y la seguridad ciudadana  junto a otros temas como la educación, infraestructura, medioambiente, saneamiento básico, pagar  bonos, etc., depende de tener recursos (físicos, económicos y humanos).

Pero, en última instancia, la pobreza es también un factor determinante para la corrupción y el debilitamiento de la justicia; a su vez, la justicia y la corrupción definen la capacidad de la sociedad para diversificar su aparato productivo; determinan si el crecimiento acentuará la desigualdad y la pobreza  o permitirá que la economía genere los empleos dignos que los hogares requieren, y los ingresos que el Estado necesita para ofrecer los bienes y servicios públicos que aseguren el bienestar a las personas, la competitividad de la sociedad y la productividad de las empresas. Está demás decir que el “modelo” extractivo-rentista, que profundizó el MAS, no es compatible con el crecimiento productivo que necesitamos.

Pero el modelo no cambiará si la sociedad no impone a los políticos dejar el discurso fácil y explicar cómo construirán una sociedad: 1) institucionalizada, a base de una democracia participativa e inclusiva; 2) con gestión pública transparente y eficiente; 3) que adopte la diversificación productiva, con el empleo digno y la creatividad humana como fuente de creación de valor e ingresos (para hogares y Estado);  y, 4) que desarrolle sobre estas bases la capacidad innovadora que sostenga el crecimiento económico inclusivo a largo plazo, con responsabilidad social y ambiental.

El próximo gobierno debe romper con el extractivismo “sí o sí”. Exigirlo debería también ser el nuevo compromiso con el que nadie se canse ni nadie se rinda.