La mentalidad colectiva y el auge del populismo

Las ideologías populistas manipulan exitosamente el imaginario colectivo al pretender la abolición de la distancia entre gobernantes y gobernados.
domingo, 15 de agosto de 2021 · 05:00

H. C. F.  Mansilla
Filósofo y escritor

En los últimos meses varios autores han debatido en Página Siete y en otros medios de comunicación en torno a la mentalidad colectiva del país. Bolivia constituye hoy una sociedad altamente compleja, que no puede ser comprendida adecuadamente según esquemas simplistas tradicionales.

Por ello se puede afirmar que la tesis de un “ser boliviano” único y permanente a través del tiempo, está equivocada. Pero considerando los estudios acerca de la mentalidad colectiva en Bolivia, basados en encuestas públicas de alta representatividad, se puede aseverar que en este país prevalecen todavía algunas pautas de comportamiento que tienen una vigencia temporal.

Es decir, no constituyen una esencia indeleble y perenne del alma boliviana, sino valores y costumbres que en algún momento desaparecerán o serán modificadas profundamente. Cuando están vigentes, sin embargo, estas normas constituyen la cultura política de una sociedad. La principal característica de la misma es un autoritarismo muy resistente al cambio y el rechazo de un espíritu crítico y cuestionador de sus propios fundamentos.

En este campo los estudios más conocidos son los realizados por la institución cochabambina Ciudadanía, que en los últimos veinte años ha publicado varias auditorías de la democracia, y las encuestas organizadas por la antigua Corte Nacional Electoral, que fueron resumidas brillantemente en el libro de Jorge Lazarte: Entre dos mundos (Plural 2000).

La cultura política de una sociedad contiene los prejuicios colectivos de la misma y los elementos irracionales que dificultan la construcción de un orden democrático, tolerante y pluralista. En Bolivia esos valores culturales han sido fomentados por el enaltecimiento de lo nacional-popular. La efectividad, pero también la peligrosidad de los prejuicios colectivos se basa en que estos contienen siempre un trozo del pasado visto como valioso, es decir: como auténticamente propio y también como paradigmático para la edificación del futuro.

Analizar los prejuicios colectivos significa poner en duda esa verdad aceptada a priori por amplios sectores sociales, como ocurre en el área andina cuando alguien examina críticamente el pasado prehispánico. Los defensores del populismo han construido sus ideologías sobre un astuto rejuvenecimiento de los prejuicios colectivos.

En el caso boliviano, por ejemplo, una parte de la población encuentra aceptable que el aparato estatal del régimen populista se transforme en una coordinadora de intereses corporativos particulares.

La combinación de una base autoritaria y rutinaria con impulsos de la tradición socialista latinoamericana –lamentablemente antidemocrática y antipluralista– ha engendrado una “recuperación” de las tradiciones políticas autóctonas, colectivistas y antipluralistas, que ahora se expanden nuevamente por la región andina y otras áreas de América Latina. Todo esto ha generado un crecimiento notable del potencial electoral de los partidos populistas.

El populismo ha significado un claro retroceso en el debate público, en la configuración de las estructuras internas de los propios partidos de izquierda y en la construcción de gobiernos razonables, pues ha revigorizado una amplia gama de procedimientos paternalistas, clientelistas y patrimonialistas, dotándoles de un simulacro muy efectivo de participación democrática. El funcionamiento interno de los partidos gubernamentales en Bolivia, Nicaragua y Venezuela no se distingue, justamente, por ser un dechado de virtudes democráticas.

El populismo es fundamentalmente una estrategia política para alcanzar el poder. En torno al caso boliviano Jorge Lazarte afirmó que el poder es el “núcleo ordenador”, el “código profundo” de la retórica y la praxis del Movimiento al Socialismo (MAS) y que, por lo tanto, la violencia, como “virtualidad inherente” a todo ejercicio de acción política, no es algo considerado como negativo o reprobable por los miembros del partido y por los votantes del mismo.

Los partidarios del populismo son habitualmente gente poco interesada en cuestiones público-políticas, pero se dejan entusiasmar por consignas altisonantes que dicen fomentar su identidad grupal profunda. Por otra parte las consigas y estrategias populistas dejan al descubierto las carencias, los silencios y los errores de la democracia neoliberal.

No hay duda de que todos los regímenes populistas intentan debilitar o hacer superfluas las estructuras de intermediación político-institucionales. Las jefaturas populistas sostienen, por lo general, que estas estructuras confiscan o, por lo menos, debilitan el poder soberano del pueblo en beneficio de las élites tradicionales. Las ideologías populistas manipulan exitosamente el imaginario colectivo al pretender la abolición de la distancia entre gobernantes y gobernados.

Los populistas han sabido instrumentalizar muy eficazmente amplias redes sociales, a través de las cuales las jefaturas hacen circular bienes materiales y simbólicos en favor de los más pobres y vulnerables, con lo que consiguen establecer vínculos estables y fuertes de lealtad y obediencia hacia las cúpulas benefactoras.

Hay que señalar que la pobreza de amplios sectores sociales les proporciona un sustrato carnal a los partidos populistas. Los líderes populistas pueden violar impunemente la Constitución y las leyes y coartar la libertad de prensa, pues todo se les perdona, ya que actúan en nombre de los pobres. Los pobres conforman una especie de renta política garantizada. 

Todos los modelos populistas propugnan el uniformamiento político-partidario como meta y el organicismo antirracionalista como factor estructurante. Es indudable que esta constelación favorece aspectos tradicional-autoritarios de la mentalidad popular. El poder de las imágenes decretadas desde arriba, la fuerza hipnótica y carismática del líder, la facilidad de manipular a masas culturalmente mal formadas y el sentimiento de gratitud de estas mismas a un gobierno que les ha brindado algunas ventajas, produce una amalgama poderosa, ante la cual la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pluralismo ideológico emergen como fenómenos de segundo rango, como factores prescindibles de un orden ya caduco, como antiguallas liberal-racionalistas de una época pretérita y superada ampliamente por la historia contemporánea.

Los gobernantes, que “mandan obedeciendo” (la fórmula ritual boliviana), no necesitan de instancias independientes que supervisen sus actos. La separación de poderes, la imparcialidad de los tribunales y la libertad de expresión adoptan entonces la característica de un fenómeno proveniente de un modelo civilizatorio diferente y ajeno.

Lo problemático reside en el hecho de que el caudillo, el iluminado, el señalado por la historia, no conoce limitaciones a su actuación y perpetúa el legado rutinario de arbitrariedad e imprevisibilidad en la esfera pública. Aunque la retórica puede adquirir aspectos progresistas y un tinte socialista de acuerdo a las corrientes de la época, en la realidad cotidiana los regímenes populistas retornan a lo más habitual de la tradición latinoamericana, como lo demuestran los regímenes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

La historia reciente de Cuba no ha sido diferente. Los caudillos desatienden el Estado de derecho, dificultan el control racional y público de las actuaciones gubernamentales y entorpecen el debate abierto y pluralista de opciones políticas, y por ello patrocinan el surgimiento de una élite gobernante convencional y poco razonable: el reino de los más fuertes y más astutos.

La ideología de lo social-colectivo funciona como una pantalla –notablemente eficaz– que encubre la utilización egoísta-individualista de los recursos públicos. A largo plazo la ideología y la praxis populistas dan lugar a niveles débiles de institucionalidad, a un estatismo ineficiente y derrochador, a la incapacidad del Estado de hacer respetar sus normas legales y, en general, a un sistema social muy convencional que vive de la exportación de recursos naturales y que se caracteriza por la lucha continua en torno a la repartición de las rentas fiscales.

El extractivismo rutinario se complementa con la visión tradicional y casi religiosa del maná: un medio ideal de subsistencia que cae del cielo sin esfuerzo propio y de manera igualitaria sobre todos, como la gente sencilla se imagina, por ejemplo, las secuelas de la renta petrolera o de cualquier otro recurso natural muy valioso.

Lo rutinario que bordea lo infantil consiste en atribuir toda la culpa a la acción de agentes externos (el “imperialismo”) y descartar fácil y arrogantemente toda crítica, incluida la presente, como anticuada, neoliberal y cosas peores. El desempeño de los regímenes populistas en el campo económico, en la protección del medio ambiente y en la utilización del poder judicial es lamentable. Sobre estos temas los defensores del populismo extienden el cómodo manto del silencio y el olvido.

Los ideólogos del populismo y de la descolonización no han analizado algunos elementos negativos que provienen de la época colonial y que también caracterizan al populismo latinoamericano: la cultura política del autoritarismo, la formación de élites muy privilegiadas que pasan a constituir las nuevas clases altas, la desinstitucionalización de la vida público-política, con su secuela inevitable, la corrupción en gran escala, la manipulación del poder judicial por el poder ejecutivo, la burocratización de la administración pública y el mediocre funcionamiento del sistema universitario. Cuando se mencionan estos aspectos los ideólogos del populismo y los descolonizadores profesionales contestan como siempre lo han hecho los regímenes autoritarios: a las carencias de su praxis histórica responden con las bondades y bellezas de la propia doctrina y propaganda.

Cuando se criticaba las acciones de la Inquisición, la iglesia Católica se refugiaba en el Sermón de la Montaña y en la doctrina del amor al prójimo. Cuando alguien reprochaba la represión política y cultural de los gobiernos socialistas, los propagandistas de estos últimos se acogían a los textos de Karl Marx y a los lados sublimes de los programas partidarios.

Un auténtico legado colonial es precisamente el creer que cambiando constituciones, banderas y símbolos, o alterando el nombre de acontecimientos y naciones, o derribando estatuas, se pueden modificar sustancialmente el curso de la historia y la comprensión colectiva de la misma. Estas compensaciones simbólicas nunca son suficientes y satisfactorias, y lo único que realmente generan es hambre de mayores compensaciones y reivindicaciones en el futuro. Por todo ello es que no se puede confiar en la autoridad intelectual y moral de los populistas y descolonizadores.

El desarrollo de los últimos años en América Latina contiene tres elementos negativos que a la postre caracterizan el populismo latinoamericano: la consolidación de la cultura política del autoritarismo; la formación de élites muy privilegiadas que pasan a constituir las nuevas clases altas y la desinstitucionalización de la vida público-política, con su secuela inevitable, la corrupción en gran escala.

En la prosaica realidad cotidiana los modelos populistas se han distinguido por la creación de élites sociales muy reducidas, privilegiadas y excluyentes. Las nuevas élites reproducen las características negativas de las antiguas oligarquías: la arrogancia infundada, el desprecio por la cultura y la ciencia, la incapacidad de generar visiones de largo plazo y la explotación sin escrúpulos de los estratos subalternos del país. Desde un comienzo las posiciones de dirigencia fueron ocupadas principalmente por personas hábiles en cuestiones de corto plazo y sin muchas consideraciones éticas. Aquí se nota, otra vez, el rasgo básicamente conservador de los experimentos populistas.

En función gubernamental los movimientos populistas han dedicado una parte de sus energías a debilitar el Estado de derecho, a tolerar la existencia de códigos paralelos en la esfera pública y a fomentar prácticas corruptas muy dilatadas. La instrumentalización del aparato judicial en favor de planes y decisiones políticas del poder ejecutivo es uno de los rasgos más conocidos de los actuales gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Los agentes del orden público – los tribunales, los jueces y fiscales, las fuerzas armadas y la policía– experimentan un menoscabo de su autonomía y una declinación de su formación profesional. Otro elemento concomitante es un significativo aumento de la inseguridad jurídica. La utilización astuta de los códigos paralelos constituye una de las claves explicativas de la fortaleza de los movimientos populistas.

Esta desinstitucionalización afianza el poder y el uso discrecional del aparato estatal por parte de la jefatura populista. Este acrecentamiento del poder de los arriba (con su correlato inexorable: la irresponsabilidad) sólo ha sido históricamente posible a causa de la ignorancia, la credulidad y la ingenuidad de los de abajo.

 

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