Cultivo de coca y tráfico de droga de R. Laserna

La tesis del autor es que la “economía de la coca-cocaína” podría abordarse con políticas estatales que la acepten abiertamente y ayuden a frenar su volatilidad.
domingo, 26 de septiembre de 2021 · 05:00

Primero, un breve resumen

Cultivo de coca, tráfico de droga y desarrollo regional en Cochabamba, Bolivia es una investigación socioeconómica sobre el impacto que el boom de la cocaína (1980) y la hiperinflación (1985) tuvieron en la vida campesina en el trópico de Cochabamba. En los capítulos 1 a 5, el libro subraya el peso del negocio de la cocaína en la economía boliviana y dice cómo es que surgió uno de sus motores, el campesino cochabambino. En los capítulos 6 a 9, discute los riesgos y oportunidades que el boom trajo consigo, así como los daños que provocaron las políticas antidroga de los gobiernos de Bolivia y EEUU.

Roberto Laserna llama a este episodio histórico “el boom en la crisis” y dice que combinar datos estadísticos con testimonios individuales es crucial para estudiarlo. Solo así, cree, se puede averiguar “qué posibilidades tuvo el pequeño productor indígena de coca para acumular riqueza” durante el boom y a pesar de la crisis.

Laserna nació en Cochabamba, estudió economía en la UMSS e hizo posgrados en la FLACSO de Quito y la University of California en Berkeley. En 1976 ganó el premio literario Franz Tamayo con un cuento La Sombra que habita, y en formato corto publica también en periódicos y en un blog que mantiene desde 2007 hasta ahora. Fue profesor de economía y sociología en la UMSS y enseñó por temporadas en la Universidad del Pacífico y como profesor invitado en Princeton. Es investigador desde 1981 en el Ceres y fue director de la Fundación Milenio entre 2003-11. Trabajando para estos think-tanks ha publicado bastantes libros, unos 10 en solitario y más de 12 en colaboraciones. El que reseñamos aquí es su tesis doctoral, que fue presentada en 1995 y hasta la fecha es aún inédita.

El libro en cuestión

La tesis de Laserna es que la “economía de la coca-cocaína” podría mejor abordarse con políticas estatales que la acepten abiertamente y ayuden a frenar su alta volatilidad. Con esto no aconseja adoptar una estrategia estatista ni tampoco dar luz verde al consumo de cocaína. Apunta a las cifras, que arrojaron discrepancias pero también algún consenso, y dice que donde hay oportunidades de negocio un gobierno debe promover la industria privada, no penalizarla.

Dice que si en los 80 este principio básico no se siguió, fue por presión del gobierno de EEUU y en una situación en general muy difícil. El gobierno boliviano tenía déficit y para financiarlo recurrió a la “emisión inorgánica” de dinero. Como resultado, el índice de precios se disparó desde 1976 y para 1985 la tasa de inflación anual era de 11.740%. Comparando con otras hiperinflaciones, la de Venezuela en 2019 llegó a 340.000%; la de Alemania en 1923, a 150.000.000%.

Laserna dice que varios programas de colonización intentaron ocupar las tierras bajas bolivianas. Esto se remonta al siglo XIX, pero tuvo tres hitos importantes con el gobierno nacionalista (1952), un préstamo del BID para ocupar Chimoré (1963) y la carretera Cochabamba-Villa Tunari (1972). El crecimiento en principio fomentado velozmente se hizo una tendencia natural. La región del Chapare pasó de 20.000 habitantes en 1967 a 150.000 en 1991, con el pico más alto en la tasa de crecimiento (29,25%) en 1981, justo un año después del alza en el precio de la coca.

Lo insólito de esta ola migratoria es que provocó que la contracción económica no se vea reflejada en la tasa de desempleo, lo que según Laserna solo podría significar la existencia de actividades “no registradas” y “capaces de absorber el impacto de la recesión”.

Estas actividades, dice, crecieron desde los 70 y habían “penetrado” la política nacional en 1980. El peor momento de la crisis (1983-85) afianzó su importancia. El sector representaba al menos 53,4% del PIB en 1986 y 12,9%  en 1990. Pero aunque esto era de conocimiento común, suponía un problema diplomático.

En los 80, EEUU tenía un problema de adicción a la cocaína y presionó para que se redujera el cultivo de coca en Bolivia. Esto y otros acuerdos internacionales de control de drogas hicieron que las autoridades bolivianas, aunque atraídas por el flujo de moneda extranjera generado por la cocaína, promulguen varias leyes antidroga en un intento de mostrar su “compromiso”. La ley 1008 (1988) fue la última y peor de todas, y en realidad vino del primer gobierno algo firme, y no militar, que tuvo el país luego de “10 cambios presidenciales entre 1978 y 1982”. El problema es que dañó casi exclusivamente a las capas más bajas del boom de la coca.

Gente que de otro modo habría sido muy afectada por la recesión encontró trabajo alrededor del boom. Ya sea como productores de coca, químicos o traficantes, eran personas con baja escolaridad, mayormente entre los 20 a 40 años de edad y con familias que alimentar. Pero acababan en la cárcel con demasiada frecuencia y fueron por eso empujadas a abandonar un negocio que en principio era rentable.

Laserna dice que la inversión de los réditos fue generalmente “orientada a sacar a la familia de la agricultura” porque los precios de la coca eran altos pero inestables y la mejor clientela era traicionera, cuando no peligrosa. El cultivo de coca en especial dio un flujo de efectivo constante, pero estaba plagado de incertidumbres. De ahí el hecho, que según Laserna se ignora, de que los productores de coca nunca hayan producido coca solamente. Su “criterio central” siempre fue, dice, diversificar para “minimizar el riesgo”.

Nuestro comentario

Lo que Laserna llama el “criterio del productor diversificado, que no decide sino en función al mercado”, es notable. Significa que otros cultivos eran el signo de un asentamiento logrado, con la coca como “eje económico”. Esto es algo crítico en la política boliviana. Hace solo una semana el presidente Biden dijo que Venezuela y Bolivia no “cumplieron sus obligaciones con acuerdos antinarcóticos” en los últimos 12 meses, y como respuesta Bolivia no tardó en hacer sonar el discurso de la “soberanía”.

Pero soberanía política no es garantía de soberanía económica, por muy soez que sea el discurso. Los productores diversificados necesitan políticas estatales claras, no la útil “ambigüedad” con que la Ley 1008 distinguió entre producción de coca y de cocaína, entre agricultura legal e ilegal. Y tal como vimos en nuestra reseña de Spedding, la Ley 906, de 2017, aún no ha arreglado esto.

Lo intrigante es que si bien muchos celebrarían el repudio de Laserna a la Ley 1008, es incierto cuántos aceptarían la solución que propone: “apertura de mercados”, “despenalización” y “desarrollo sostenible”. Sería razonable decir, por ejemplo, que Bolivia no tiene por qué honrar un acuerdo a costa de los productores de coca y su modelo de negocio. Es fácil estar de acuerdo en eso, pero de ahí a abrir y despenalizar mercados sería demasiado, sobre todo si decimos que cuando Laserna hace su propuesta, incluso menciona favorablemente a Gonzalo Sánchez de Lozada y Milton Friedman. Ningún partidario del MAS, en su sano juicio, aceptaría eso. Su franco socialismo les prohíbe todo cuanto no sea repudio a las políticas liberales. Y eso es lo que este libro nos ha enseñado: el discurso socialista de hoy no es antiliberal, pero cree religiosamente que sí.

 

Joaquín Tapia Guerra / Crítico literario

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