Una matanza que no cesa en Colombia tras acuerdos de paz

Las víctimas son en su mayoría representantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, campesinos, afrodescencientes, entre otros.
sábado, 4 de julio de 2020 · 00:04

EFE / Bogotá, Colombia

Juana Ruiz vio con sus propios ojos la matanza campesina con la que los paramilitares colombianos arrasaron, hace 20 años, el futuro de la región de los Montes de María. Pero ese recuerdo, y las amenazas que hoy recibe, no la han callado todavía.

En la mitad de los departamentos de Colombia han asesinado en lo que va de 2020 a por lo menos un líder social, una tragedia que en el primer trimestre de este año se cobró la vida de 47 de ellos por defender sus derechos y los de sus comunidades, pero Juana, líder de la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján, no se amedrenta aunque sabe que, como ellos, se juega la vida.

Desde su pueblo, en el caserío del departamento caribeño de Bolívar, denuncia que últimamente ha vuelto a recibir amenazas por su labor social y demanda que el Gobierno le garantice, como a otros cientos de sus compañeros de lucha, una “seguridad colectiva”. “Para nosotros una seguridad no es un carro blindado o un escolta para uno u otro líder, al contrario eso nos pone más en riesgo, sino (lo que pedimos son) unas medidas más generales para toda la comunidad”, explica.

Fotos:EFE


 
Los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia son hoy las principales víctimas del feroz enfrentamiento entre los grupos armados que operan tierra adentro, en un conflicto que mutó tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en noviembre de 2016.

Desde la desmovilización de esa guerrilla, 432 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según los informes anuales del programa no gubernamental Somos Defensores, quien catalogó 2019 como el año más violento para los líderes: 844 agresiones en su contra, desde homicidios y amenazas hasta atentados y desaparición forzada.

La última amenaza que recibió Juana fue el pasado 4 de junio. Recibió una llamada de un hombre que se identificó como jefe del Clan del Golfo Úsuga, uno de los grupos armados con más influencia en aquellas zonas veredales que una vez ocupó las FARC. ”Me dijo: Soy John Jairo, jefe paramilitar del Clan del Golfo Úsuga, señora, con usted me tengo que sentar a hablar clarito”. Él no alcanzó a decirme: “te voy a matar (...) porque le dije: yo con usted no tengo nada qué hablar, y le colgué”, relata.

El confinamiento convirtió a los líderes sociales en blancos más fáciles para los grupos armados que se adaptaron a las condiciones de la emergencia sanitaria e identifican sus viviendas y movimientos con agilidad.

Las víctimas son en su mayoría representantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, campesinos, líderes comunales, sindicales y afrodescendientes, principalmente en regiones donde los grupos armados se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras actividades criminales como la minería ilegal.

La seguridad que proporciona la Unidad Nacional de Protección (UNP) a casi 5.000 líderes es insuficiente y, aunque los 124 asesinatos documentados en 2019 representaron una disminución respecto a los 155 de 2018, la cifra sigue siendo superior a los 106 registrados en 2017.

Los datos varían dependiendo de los criterios que tengan en cuenta las distintas organizaciones que documentan los crímenes. Por ejemplo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asegura que 140 líderes sociales han sido asesinados este año, 54 de ellos desde que comenzó la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el pasado 25 de marzo.

Los defensores son vistos como una piedra en el zapato por las bandas organizadas que buscan apropiarse de sus tierras, silenciar sus denuncias, debilitar a las comunidades y entorpecer el desarrollo de procesos colectivos como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Es el caso de Efrén Ospina, líder comunal de la región del Catatumbo asesinado a tiros el pasado 8 de febrero. La víctima era integrante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado por el acuerdo de paz y al que se encuentran vinculadas unas 99.000 familias. El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en el acaparamiento de tierras, una disputa causante del desplazamiento y el despojo de millones de colombianos forzados a abandonar sus territorios.

 Entre 2005 y 2014 unos 2,99 millones de personas, en su mayoría pequeños campesinos, sufrieron este delito en el país.

 

 

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