Apuntan al exministro por casos Chaparina y Caranavi

Abogados acusan a Gobierno de proteger a Sacha Llorenti

Dato Un jurista afirma que las víctimas de Caranavi no presentan demanda ante la CIDH porque la Fiscalía se niega a darles declaraciones de Sacha.
lunes, 30 de septiembre de 2013 · 22:40
Beatriz Layme / La Paz 
Los abogados de los casos Chaparina y Caranavi Waldo Albarracín  y Jorge Quiroz acusaron al gobierno de Evo Morales de proteger al actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, principal sospechoso de ordenar la represión a indígenas del TIPNIS y el desbloqueo en Caranavi, donde fallecieron dos jóvenes.
Albarracín, abogado de los indígenas reprimidos en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, aseveró que Llorenti "es el protegido del gobierno de Morales”, porque a pesar de existir "pruebas y declaraciones en su contra” fue excluido en la lista de acusados o sospechosos.
"La instrucción del Gobierno a la Fiscalía no sólo es sacar a Sacha del caso sino también de dilatar la investigación. Se puede decir que hay una simulación de la investigación”, aseveró el jurista a Página Siete al indicar que la estrategia de las autoridades gubernamentales es ganar el proceso "por cansancio”.
Recordó que la primera instrucción que cumplió la comisión de fiscales conformada  entonces por José Ponce, ahora fiscal departamental, y Patricia Santos fue excluir del caso al exministro Sacha Llorenti, lo que evitó que formalmente sea imputado y que se apliquen medidas cautelares.
"Nada de eso sucedió porque la instrucción era proteger a Sacha de cualquier situación y la Fiscalía está cumpliendo a cabalidad esa orden”, manifestó Albarracín al indicar que hasta la fecha la fiscal Rosario Venegas debe resolver si se incluye o no  a Llorenti en el caso Chaparina. "Ni siquiera leyó el expediente”, destacó.
Similar opinión expresó Quiroz, que defiende a los familiares de David Callisaya y Fidel Hernani,  los jóvenes que fallecieron en la intervención  al bloqueo en Caranavi de mayo de 2010.
 
"La desidia de los fiscales y del juez comprueba que existen  instrucciones de autoridades del Gobierno de proteger al exministro Llorenti. Las declaraciones de Boris Villegas claramente indican que del Ministerio de Gobierno ordenaban a los fiscales y jueces qué hacer y ahora ocurre lo  mismo”, aseveró.
Aplicar la estrategia dilatoria -según Quiroz- es la fórmula del Gobierno para "enterrar” los diferentes casos en los que se ve implicado Llorenti, "ya son tres años y siete meses del caso Caranavi y todos se olvidaron”.
De acuerdo con el jurista "la orden del Gobierno” evitó que las víctimas de Caranavi presenten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado por violación de derechos Humanos. 
"Son dos años que pedimos a la fiscal (Patricia) Santos las declaraciones de Llorenti para completar la demanda ante la CIDH pero se niega”, manifestó.
El senador  Eduardo Maldonado,  del MAS, exigió a  la comisión de fiscales convoque a las exautoridades gubernamentales para complementar sus declaraciones y debe comenzar por Llorenti, ahora embajador en la ONU.

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