Un senador del MAS reitera que no hay persecución política

Afirman que el Gobierno tiene más de 8 denuncias en la CIDH

Entre las quejas que se ventilan en el organismo internacional están las relacionadas con Chaparina, masacre de Porvenir, Rózsa, persecución a Roger Pinto y otros.
jueves, 31 de octubre de 2013 · 00:26
Nancy Vacaflor / La Paz
  En los últimos  años se presentaron  más de  ocho denuncias por vulneración de derechos contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó ayer la senadora de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek.
"Deben haber más de ocho denuncias presentadas y hay otras en proceso. Se van acumulando las denuncias contra el Estado y el Gobierno de Evo Morales”, declaró la parlamentaria.
Según Rek, hay una "frustración” de la ciudadanía en relación a la aplicación de la justicia y el esclarecimiento de muchos casos vinculados a la violación de derechos humanos.
La declaración fue realizada después  de que la CIDH recibió en audiencia a la Fundación Nueva Democracia y al Estado, representado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la independencia de la justicia.
Este año, en el mes de marzo el ministro Romero ya tuvo que comparecer en una audiencia del organismo internacional frente a  los líderes indígenas Fernando Vargas y Adolfo Chávez, quienes denunciaron la vulneración de los derechos indígenas con la construcción de una carretera por  el corazón del TIPNIS.
Además de este caso, la Unión de Organizaciones Democráticas de América recurrió a la CIDH por el caso Porvenir y Ronald Castedo, uno de los acusados del caso terrorismo, también acudió al ente internacional.
La senadora Rek también enumeró las denuncias como  la presunta persecución al senador Roger Pinto, ahora con asilo temporal en Brasil y la queja de gobernadores opositores que fueron depuestos de sus cargos.
  Ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también hay una denuncia por la represión a indígenas en Chaparina y hay otra queja ante la Unicef  por la violencia de la Policía contra niños y niñas marchistas.
Estas denuncias "dejan mal parado al Gobierno en el ámbito internacional”, según el diputado opositor de Alianza Social (AS) Willman Cardozo.
Tanto Rek como Cardozo coincidieron en que las autoridades gubernamentales deben reflexionar sobre la persecución a los opositores porque desde 2006, primer año de Gobierno de Evo Morales, hay una "guerra sin tregua” contra sus  adversarios.
Cardozo pidió a las autoridades no descalificar a la CIDH o buscar retirarse de esa instancia ante la cantidad de demandas.
Sin embargo, los oficialistas argumentan que todas las medidas responden a  una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y el desfalco de recursos cometidos por otros gobiernos.
   El senador Eduardo Maldonado (MAS) afirmó que estas denuncias, al margen de la cantidad, tienen un "fuerte contenido político”  de personas que aducen persecución política, pero que en los hechos no existe.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por el CIDH, hasta el año pasado se registraron   77 peticiones de audiencia desde el Estado boliviano que continúan pendientes de estudio, mientras 20 ya fueron admitidas.
   
Otros  apuntes
Mecanismo Los peticionarios deben recurrir a las vías internas para la solución de sus casos, antes de acudir a los organismos internacionales.
Críticas El Gobierno del presidente Evo Morales tiene  observaciones a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque considera que hubo resoluciones políticas favorables a anteriores gobiernos, pese a la vulneración de derechos.
  Amenaza El presidente Evo Morales advirtió  que Bolivia puede retirarse de la CIDH si no hay cambios.
 Denuncias Sectores de oposición o grupos vulnerables no creen en las instituciones jurisdiccionales del Estado, por lo que recurren a  mecanismos internacionales.




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