El Estado presentará un recurso de excepción

Procuraduría desconoce la jurisdicción del CIADI

Cuestiona a la petrolera PAE por observar Ley de Hidrocarburos.
martes, 26 de noviembre de 2013 · 22:23
Página Siete  / La Paz
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció ayer que presentará un recurso de excepción de competencia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia en la que Pan American Energy (PAE) interpuso una demanda de arbitraje en contra de Bolivia por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.
La entidad cuestiona también que  la PAE, en su argumento, haya observado la Ley de Hidrocarburos (2005), que estipula el pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
"Lamentablemente este tema (caso PAE) está manejado por el CIADI, cuyo convenio nosotros hemos denunciado en 2007, pero también sin reconocer su jurisdicción estamos argumentando en ese escenario que no tiene competencia. Vamos a interponer una excepción, un incidente de falta de jurisdicción del propio CIADI, está en ese estado y en tanto el proceso seguirá su trámite”, indicó ayer el procurador Hugo Montero, luego de la puesta de la piedra fundamental para construir el edificio de la Procuraduría.
En octubre de este año la PAE  ratificó un arbitraje contra el país, en el que reclama 1.493 millones de dólares de indemnización, incluidos daños y perjuicios por la nacionalización de su paquete accionario en la empresa petrolera Chaco en enero de 2009.
Montero mencionó que hay muchas instancias en la que PAN podría haber presentado su demanda como la Corte de París, de Londres o las cámaras de comercio en Latinoamérica, Europa, que son centros arbitrales y tienen su propia norma.
En 2007, Bolivia denunció el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, con lo cual dejó de formar parte del CIADI. "La instancia responde a intereses del Banco Mundial y a las transnacionales”, añadió.

Montero también denunció al CIADI, dependiente del Banco Mundial, por entorpecer una solución con la compañía británica Guaracachi América Inc. Rurelec. Esa compañía británica demandó al Estado boliviano, ante ese tribunal arbitral, el pago de una indemnización de 142,3 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). Recordó que en 2007 Bolivia denunció el convenio  y decidió retirarse.

Construcción de la Procuraduría
 El procurador general del Estado, Hugo Montero, colocó ayer la piedra fundamental para la construcción de las nuevas oficinas de esa repartición gubernamental en El Alto, tarea que demandará la inversión de tres millones de dólares, financiados por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. "Hoy es un día importante para la urbe alteña porque ha visto nuestra consolidación como entidad pilar de la defensa jurídica”, añadió.


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